¿Qué es la gobernanza?

Cristina Puga Espinosa

Cada vez más utilizado por gobiernos, instituciones nacionales e internacionales y análisis académicos, el término de gobernanza tiene múltiples significados e interpretaciones.  Sin embargo, en términos generales, los distintos usos se refieren a procesos en los que diversos actores intervienen para tomar decisiones. Se habla   de la gobernanza de las universidades, en manos de consejos técnicos o colegios de profesores, de la gobernanza de las grandes compañías, presididas por consejos de dirección o de la gobernanza mundial ejercida colectivamente por los países que pertenecen a la organización de las Naciones Unidas.

Para decirlo en muy pocas palabras, la gobernanza se refiere a la coordinación entre   actores sociales diversos para llevar a cabo acciones puntuales, diseñar o poner en práctica políticas públicas o tomar decisiones en beneficio de un grupo o de la sociedad misma.

 La participación coordinada tiene varias ventajas. A los gobiernos, les facilita la gobernabilidad, es decir, la capacidad de completar exitosamente sus propósitos. Esto sucede porque, al incorporar actores sociales y distribuir la responsabilidad, las acciones gubernamentales se vuelven mejor informadas, más eficaces y más legítimas. La participación no sólo garantiza más cabezas pensando en un problema y su solución: también colabora a que una vez diseñada la política sea más fácil de llevar a cabo y de ser aceptada por la sociedad. 

 Para la sociedad, la gobernanza, en cualquier forma que se dé -grupos de trabajo, comisiones, consejos ciudadanos – implica la posibilidad de colaborar con ideas y acciones para las cuales existe voluntad, entusiasmo y, muy frecuentemente conocimiento experto que puede ser aprovechado por las instancias del gobierno y por la sociedad misma. Por ello, en tiempos de crisis generalizada como esta pandemia, con la causa de muerte, dolor e incertidumbre que arrastra a su paso, la colaboración entre gobiernos y ciudadanía, más que una alternativa, se vuelve una necesidad.  

Pero no siempre se logran los resultados esperados. Reglas incompletas, indiferencia de actores sociales o gubernamentales, mala información o acontecimientos inesperados pueden afectar el buen funcionamiento de estos arreglos que implican de un lado voluntad política y del otro, un mínimo de organización y compromiso. 

Quienes han estudiado estos procesos recomiendan al menos cinco requisitos para que su funcionamiento sea más eficaz y enriquecedor para todos los participantes:   

1. Que sean inclusivos. Es decir que no dejen fuera a ningún interesado. La inclusión no siempre puede ser exhaustiva, pero debe haber acuerdo sobre los criterios de invitación o designación de participantes.

2. Que se prefiera la horizontalidad a la verticalidad en la relación entre los participantes. La imposición de ideas, el empeño en dirigir la decisión en un sentido previamente trazado o el ejercicio de la autoridad, actúan en detrimento del diálogo y de la legitimidad de la decisión final.

3. Que las acciones realizadas sean transparentes y estén sujetas al escrutinio público. Esto tiene que ver con reglas, procedimientos y resultados. 

4. Que las decisiones sean producto de la deliberación y del consenso. Esto implica tiempo, argumentos, convicción y frecuentemente, capacidad para ceder en favor de la opinión más generalizada. 

5. Que haya un verdadero respeto a la pluralidad de opiniones y filiaciones políticas e ideológicas. Este punto asegura deliberaciones más tersas y tiene que ver con tolerancia y respeto a derechos humanos.  

Estas cinco características no aseguran el completo éxito en el proceso, pero le darán mayor viabilidad, evitarán el conflicto y colaborarán a la creación de un ambiente democrático: inclusivo, tolerante y deliberativo. Un modelo de investigación con estas características es el que impulsamos a través del trabajo colaborativo en el Observatorio de Gobernanza y Coordinación Social ante el COVID-19. En otra oportunidad abundaré al respecto. Síganos por favor en http://orga.enesmerida.unam.mx/; https://www.facebook.com/ORGACovid19/;   https://www.instagram.com/orgacovid19

*Profesora investigadora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adscrita actualmente al Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la UNAM en Mérida

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Edición: Ana Ordaz