Ayotzinapa, deuda de Estado

Durante su comparecencia virtual, con motivo del sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, explicó los avances de la instancia a su cargo en el esclarecimiento del caso, presentó un amplio panorama acerca de las tretas empleadas por la pasada administración federal para impedir que se conociera la verdad sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y detalló las responsabilidades de prominentes ex funcionarios públicos en el cúmulo de irregularidades perpetradas con el fin de denegar la justicia a las víctimas y sus familiares.

Gertz Manero remarcó: “ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad”.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de lamentable y dolorosa la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, reiteró el compromiso de su gobierno para acabar con el encubrimiento que ha sido el sello del tratamiento oficial del caso, y pidió disculpas en nombre del Estado, porque “estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano, el cual está obligado a reparar el daño, aclarar lo que sucedió y entregar buenas cuentas, y tiene que haber justicia”.

En respuesta al informe presentado por el mandatario, los familiares de los jóvenes desaparecidos se expresaron “satisfechos”; señalaron el contraste con el trato recibido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y reconocieron los avances. “Lento, pero ahí van”, calificó María Martínez, madre del normalista Miguel Ángel Hernández Martínez, pero exigió que se acelere el cumplimiento de las órdenes de aprehensión libradas contra 70 personajes involucrados en los hechos de Iguala y, ante todo, que se dé sin más dilaciones con el paradero de sus hijos.

No se puede sino coincidir con el clamor de los padres que buscan a sus hijos desde hace más de 2 mil días. La sociedad entera debe estremecerse y escandalizarse ante la perspectiva de que continúe impune una serie de violaciones tan graves y evidentes de los derechos humanos. La justicia y la reparación integral del daño son deudas ineludibles, en primer lugar, con las víctimas y sus seres queridos, pero también con México como un todo, pues un país no puede permitirse vivir con esta afrenta a cuestas.

Edición: Emilio Gómez