Inversión público-privada para el crecimiento

En su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y Jorge Nuño, de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, anunció un programa de inversiones por 259 mil 195 millones de pesos en 39 proyectos de comunicaciones, energía, turismo y agua. Se calcula que el paquete representará 1.3 por ciento del producto interno bruto y generará alrededor de 190 mil empleos.

Entre los asistentes al encuentro estaban Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios (CMN); Carlos Slim Domit, de Grupo Carso; Rogelio Zambrano, de Cemex; Luis Niño de Rivera, de la Asociación de Bancos de México; José Manuel López, de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio; Francisco Cervantes, de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, Daniel Becker, del Grupo Mifel, y otros representantes de prominentes corporaciones. Ante ellos, el titular de Hacienda afirmó que ya se iniciaron siete proyectos, consistentes en ampliaciones carreteras, con una inversión de 38 mil millones de pesos.

Salazar explicó que muchos de los proyectos “ya no tienen la rentabilidad que tenían el año pasado cuando fueron presentados y han debido replantearse, pero no quiere decir que vayan a quedar sin ejecución", en referencia al impacto que la pandemia de COVID-19 en diversos sectores.

Para la alicaída economía nacional el anuncio representa muy buena noticia; es indudable que se requieren acciones de reactivación urgentes y de gran calado ante el grave quebranto que el coronavirus ha provocado en casi toda la actividad productiva, fenómeno que con certeza no es exclusivo de nuestro país. En varias naciones europeas las previsiones de retroceso en el crecimiento son incluso más graves que las que se han pronosticado para México.

Más allá de la significación económica del plan anunciado ayer –sobre todo en lo que se refiere a la generación de empleos, rubro que sufrió afectaciones severas que se traducen inexorablemente en sufrimiento y malestar para los sectores más depauperados de la población–, hay una dimensión política que es ineludible señalar: una vez más se demuestra que la pretendida ruptura entre el gobierno que encabeza López Obrador y el sector empresarial es más un mito que una realidad.

Por más que algunos sectores de la oposición reclamen la representación del capital privado y formulen en su nombre denuestos contra la política económica en curso, lo real es que los grandes empresarios han acudido a las convocatorias presidenciales en numerosas ocasiones y han respondido con acciones concretas. 

Un caso reciente fue el convenio establecido en abril pasado entre los propietarios de las principales cadenas hospitalarias privadas y el sistema nacional de salud pública para colaborar en la atención de enfermos no COVID-19, adscritos a las diversas modalidades de seguro social y aligerar así la carga de los hospitales gubernamentales. Poco antes, los grandes empresarios del país habían comprado una importante cantidad de billetes para el sorteo conocido como “del avión presidencial”, con el fin de reunir recursos para hacer frente a la pandemia.

En suma, con el importante programa de inversiones anunciado ayer queda de manifiesto que la animadversión del sector privado hacia la Cuarta Transformación se reduce a unas cuantas siglas y a ciertos irreductibles que no se resignan a aceptar el nuevo paradigma, pese a que éste no está reñido con la participación de capitales particulares en la economía y reconoce la legitimidad de la obtención de ganancias, a condición de que sean lícitas y no se logren con quebrantos al erario.

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Edición: Ana Ordaz