Alianza Federalista bajo presión

Fernando Calzada Falcón 

México es una república federal, así lo define la Constitución. Los gobernadores, electos democráticamente, están al frente de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Consecuentemente, estos mandatarios en un régimen republicano son dignos de respeto. No hay ni debería haber en la conformación de la república federal, entidades más importantes que otras; 10 gobernadores de otros tantos estados hoy conforman la Alianza Federalista, un agrupamiento no partidista que, sin embargo, ha optado por caminar solo y, por lo pronto, no hacer caso de los planteamientos del resto de sus homólogos demandando ser la parte interlocutora. Y en este primer plano, cabe señalar si podría haber acuerdos de alguno de los poderes de la Unión con ellos que eventualmente tuvieran consecuencias indeseadas en los demás.

Con el pronunciamiento aliancista más reciente hay dos afirmaciones hechas con antelación que, al menos, han sido matizadas, pues ahora dicen que no son el tema en estos momentos, por lo que, al parecer, quedan en suspenso. Por un lado, ya no insisten en salir del “pacto fiscal” (ya dijeron qué entienden por este: el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal), y por otro, están en desacuerdo con la actual fórmula de reparto del Fondo General de Participaciones, pues afirman que desde su modificación en 2007 y su entrada en vigor en 2008 ha arrojado entidades perdedoras (aproximadamente la mitad) que han visto descender el porcentaje de lo absorbido, algunas ostensiblemente, en estos 12 últimos años.

Menores montos de participación para 2021

El planteamiento sobre el “pacto fiscal” lo sustituyeron por una demanda que versaba alrededor del presupuesto para 2021 y que expresaban diciendo que ningún estado debía recibir menos recursos que en 2020. El asunto es que, refiriéndose a las participaciones (recursos no etiquetados para estados y municipios), se trata de la aplicación de una fórmula. Si la recaudación federal participable el próximo año será menor tal y como lo ha proyectado el gobierno federal, menores serán los montos de participaciones. Y esto ya está dicho tanto en la Ley de Ingresos como en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobados por el Congreso de la Unión. 

En otras palabras, al haberse resuelto el tema presupuestal, cabe preguntarse si la Alianza Federalista volverá a plantearse ir en contra de la Ley de Coordinación Fiscal vigente y pugnar por una modificación de la misma. No es esto algo que pueda resolverse en un plazo corto. De hecho, cuando más estable fue la fórmula de distribución fue entre 1992 y 2007, dieciséis años en los que si bien cada entidad tenía argumentos para señalar que debía recibir más, también es cierto que por la dinámica de la fórmula y las reservas de contingencia y compensatoria, ningún estado resultaría todos los años perdedor, a como sí ha acontecido con la reforma en vigor desde 2008. La mecánica anterior permitía a las entidades hacer proyecciones financieras estables, es decir, planeación. 

Y aquí surge una falta de sintonía federalista entre los integrantes de la Alianza y el resto de las entidades. Primero, porque a pesar de que la Alianza agrupa a gobernadores de diferente filiación partidista, lo cierto es que no representa a la totalidad. Y segundo, porque sería positivo que, más allá del clamor por un cambio, fueran un poco precisos en cuanto a alguna propuesta específica en torno, digamos, a una nueva fórmula. El necesario punto de partida tendría que ser que ninguna entidad recibiera menos ni, desde luego, alguno de los tres órdenes de gobierno. Si no hay un planteamiento tangible a este respecto, el fuego aliancista, bajo presión, independientemente de simpatías o animadversiones, poco a poco se extinguirá.

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Edición: Laura Espejo