En un cateo con orden judicial efectuado el jueves de la semana pasada en dos domicilios de Iztapalapa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decomisó alrededor de 15 mil ejemplares de diversas especies animales silvestres que se encuentran catalogadas en la norma oficial mexicana (NOM) 059; es decir, con protección especial o en peligro de extinción.
Una persona fue vinculada a proceso por la probable comisión de los delitos contra la biodiversidad y colocada en régimen de prisión preventiva, y otra fue consignada por posesión de armas de fuego.
De acuerdo con información otorgada ayer por la Profepa, 11 mil de los ejemplares asegurados en el curso del operativo conjunto de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fueron trasladados al Centro para la Conservación e Investigación de la Vida de esa última dependencia. La captura y comercialización de especies protegidas es una actividad ilegal que se realiza en muchos países, incluido el nuestro, que no suele recibir el repudio social que rodea a otros delitos, a pesar de que tiene efectos negativos devastadores en la biodiversidad, al igual que la tala ilícita, la invasión de áreas naturales protegidas o la contaminación de entornos naturales con residuos tóxicos y el manejo no reglamentario de la basura.
Este acto ilícito abastece a diversos compradores, desde los que buscan traficar con órganos de los ejemplares capturados hasta los que los aprovechan en negocios gastronómicos, pasando por quienes poseen zoológicos privados, legales o no, e incluso quienes se empecinan en convertir en mascotas a animales que manifiestamente no deben pertenecer al ámbito doméstico.
El tráfico de especies –tanto el que se orienta al mercado nacional como el que se realiza con propósitos de exportación– es una actividad delictiva generada por la demanda, lo cual implica que hay un gran número de compradores que, por ignorancia, egoísmo, avaricia o mera ostentación, contribuyen a vulnerar la biodiversidad. Sin embargo, como se señaló, la compraventa de ejemplares de especies protegidas es vista con tolerancia en amplios sectores de la sociedad.
En estas circunstancias es claro que acciones de autoridad como la realizada el jueves pasado en Iztapalapa –o como los operativos que se llevan a cabo con cierta frecuencia en mercados de animales vivos– son sin duda indispensables, pero no suficientes.
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Se requiere, además, una intensa campaña educativa y promocional que haga ver a la población el grave daño que provoca el tráfico de especies protegidas y la necesidad de abstenerse de participar en él en cualquiera de sus fases. En suma, aunque el comercio de ejemplares de esas especies ya está tipificado como delito, es necesario, además, que resulte socialmente repudiable.
Edición: Ana Ordaz
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