El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que el empresario Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, que ha ocupado desde el primer día de la actual administración, pero se mantendrá como su principal enlace con el sector privado. De acuerdo con el mandatario, desde un inicio se encontraba acordado que Romo únicamente permanecería en el cargo durante dos años, pero que continuara apoyando al gobierno en el encargo de establecer puentes de diálogo con las personas de negocios.
La salida del gabinete de quien, a decir del propio López Obrador, fue el primer empresario en sumarse a su proyecto político para la transformación del país, podría avivar la impresión de que entre el Ejecutivo federal y el empresariado existe una insalvable animadversión, por más que haya fluido en diversos ámbitos y las cúpulas de la iniciativa privada acudan a los llamados presidenciales a actos en Palacio Nacional. Más allá de los desencuentros, la tensión natural entre ambas partes y la renuencia empresarial a los programas redistributivos de la Cuarta Transformación, la colaboración entre gobierno y patrones ha permitido avanzar en aspectos como la reforma al sistema de pensiones o la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores mediante incrementos reales y sin precedente al salario mínimo, así como el diálogo que se encuentra en curso en torno al abuso de la figura del outsourcing.
Lo anterior no pretende soslayar las discrepancias que se producen cuando un proyecto de recuperación de la capacidad fiscal y decisoria del Estado coexiste con un empresariado mayoritariamente habituado a recibir un trato de privilegio y a encontrar en el poder público una palanca para procurarse extraordinarias tasas de rentabilidad. Ejemplo de ello son la condonación de impuestos, las reformas laborales en detrimento de los trabajadores, las regulaciones laxas, la tolerancia o hasta promoción del sindicalismo blanco y, en general, la conformación de un marco jurídico-institucional diseñado para impulsar las ganancias de los más acaudalados a expensas del resto de la sociedad. Esa tensión se acentúa en el trato con aquellos segmentos de la iniciativa privada cuyo “modelo de negocio” consistía, de manera primordial o hasta exclusiva, en la explotación del tráfico de influencias y los contratos gubernamentales redactados en términos descaradamente lesivos para el Estado.
Por último, a partir de la salida de Romo justo cuando concluye el primer tercio del sexenio, puede pensarse que la segunda parte del periodo de López Obrador en Palacio Nacional puede implicar un renovado énfasis en la cuestión social. Con los inevitables ajustes y reacomodos, la relación entre el empresariado y el Ejecutivo habrá de seguir en este nuevo entorno, pues ni el mandatario ni su equipo se han planteado acabar con el sector privado, ni la porción mayoritaria y sustancial de éste ha exhibido una actitud de ruptura con el gobierno federal.
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