¿Existe una política cultural en Yucatán?

La política cultural ha sido considerada un conjunto de acciones por parte del Estado, aunque también de la sociedad y/o instituciones civiles y privadas, que tienen el propósito de orientar el desarrollo de las diversas culturas de las distintas comunidades de una nación, así como satisfacer las necesidades culturales de la sociedad y lograr el consenso para la transformación social. Cabe destacar que este esfuerzo debe tener como meta la socialización de los bienes culturales y la democratización de los mismos para que la sociedad, independientemente de su credo religioso, su posición socioeconómica, su postura política, su diversidad cultural, tenga acceso al patrimonio cultural y artístico creado por la sociedad misma.

Esta definición conlleva un nuevo sentido del quehacer cultural, el cual debe relacionarse con el sello distintivo de un país, lo caracteriza y lo diferencia de las demás naciones. Sobre estas bases, podrán ser definidos los criterios que deben guiar las decisiones del Estado en la cultura. Además, en la política cultural que sea diseñada, deberán prevalecer la autonomía de la sociedad y el papel facilitador del Estado, así como la libertad de creación, la valoración de la diversidad, la proyección de la identidad, la educación de la sensibilidad, la conservación y difusión del patrimonio cultural, la igualdad de acceso al arte y la descentralización de los servicios culturales.

En cuanto a los objetivos de la política cultural, éstos deberán considerar la ampliación de los espacios libres de creación artística y de las manifestaciones culturales, la recuperación de los espacios públicos como sitios de recreación, así como de información e intercambio; la expansión de las actividades artísticas, la mejora de la gestión, producción y comercialización de las industrias culturales; la ampliación del patrimonio cultural más allá de los bienes históricos y estéticos; el mejoramiento de la educación en museos, bibliotecas, archivos y otros espacios; el impulso del pluralismo y la tolerancia, el estímulo a la creación y difusión de las culturas de los pueblos originarios, el mejoramiento de la gestión institucional, y el incremento del intercambio cultural entre naciones.  

Vale señalar que en la historia reciente, en particular durante el siglo XX, diversos países latinoamericanos impulsaron proyectos de este tipo. Por ejemplo, al término de la Revolución Mexicana, el gobierno federal cambió la idea del arte que prevalecía en el país. Desde la Secretaría de Educación Pública fue impulsado un proyecto para modificar la apreciación de la cultura al considerar el pasado indígena, así como su historia y su patrimonio. A partir de esta modificación, los valores culturales y los productos artísticos tuvieron cambios, los cuales fueron plasmados primero en el muralismo y después en la literatura y el cine.  

Otros casos ejemplares están en el proyecto de la Revolución Cubana, en el que fueron considerados los valores culturales basados en los ideales socialistas, lo que permitió que el arte fuera proyectado como el logro de un movimiento social en ascenso. Dicha proyección logró rebasar las fronteras de la isla para integrar a toda Latinoamérica a través del programa llamado Casa de las Américas. El otro caso lo representa el proyecto de Argentina en su retorno a la democracia en 1983, el cual tuvo la finalidad de democratizar los bienes artísticos del país. Para ello fue diseñado un plan nacional para federalizar el arte y promoverlo por todo el país.  

Lo que todo proyecto de política cultural debe tomar en cuenta, más allá de los componentes ya señalados, es plantear la política cultural como una necesidad equivalente a los programas de seguridad social y educación pública. Sin embargo, tal parece que los proyectos culturales, tanto los nacionales como los estatales, adolecen de varios componentes. No es suficiente con aparentar el impulso de la cultura y el arte, a secas. Habrá que añadir los ingredientes libertarios y democráticos que toda política cultural debe tomar en cuenta. Y el Estado, en lugar de ser depositario de los reclamos de su comunidad al exigir sus derechos universales a la cultura, sea un promotor ideal y material de la gestión cultural.  

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Edición: Ana Ordaz