El fallo de la jueza británica Vanessa Baraitser de rechazar la petición de extradición de Julian Assange hecha por el gobierno de Estados Unidos, emitido ayer en Londres, es motivo de alivio ante la angustiosa situación del informador australiano, preso en la cárcel de Belmarsh desde abril de 2019 y recluido los siete años previos en la embajada de Ecuador en la capital británica.
Tan relevante como esa decisión es el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que ofrecerá asilo a Assange en territorio mexicano y gestionará su excarcelación ante el gobierno del Reino Unido.
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Aunque en lo inmediato la determinación de la justicia británica aleja la amenaza de que el fundador de Wikileaks sea entregado a Estados Unidos, donde podría enfrentar una condena de 175 años de cárcel por intervenir los sistemas informáticos gubernamentales, resulta lamentable que la magistrada Baraitser haya apelado sólo a aspectos humanitarios –la mala salud de Assange y un estado mental que, según ella, podría orillarlo a suicidarse si llegara a estar en una cárcel estadunidense– y se haya manifestado en contra de las consideraciones básicas sobre la libertad de expresión que fueron enunciadas por la defensa del acusado, pues es evidente que éste enfrenta desde hace más de una década una persecución judicial no por haber cometido delitos del orden común, sino por haber revelado al mundo la deshonestidad y el carácter criminal de muchas de las acciones de Washington y de otros gobiernos en el mundo.
Debe considerarse, por otra parte, que el Departamento de Justicia de la superpotencia anunció de inmediato que impugnará el fallo referido, para lo cual cuenta con plazo de 14 días, en tanto que la defensoría de Assange interpondrá mañana un recurso para lograr que éste sea colocado en régimen de libertad provisional, o cuando menos en arresto domiciliario.
Si la jueza Baraitser es congruente con la razón humanitaria en la que basó su fallo, tendría que conceder tal petición, dado que la permanencia en prisión del acusado plantea graves riesgos para su quebrantada salud, e incluso para su vida.
El asunto de Assange agrega también un importante factor adicional de tensión e incertidumbre al final de la presidencia de Donald Trump, por cuanto éste ha recibido diversas peticiones de indulto para el informador australiano, entre ellas de Nils Melzer, relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.
En efecto, a menos de que emprenda una maniobra desesperada y extrema para evitarlo, el republicano debe abandonar la Casa Blanca el día 20, de modo que el plazo en el que Washington puede presentar la apelación a la negativa de extradición coincide con el último tramo de la administración trumpiana.
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Por lo que hace a México, es claro que el anuncio del presidente López Obrador introdujo un inesperado giro de optimismo en el ambiente en el que se lleva a cabo el juicio, representa un destello de esperanza para el propio Assange y constituye, en el escenario internacional, un paso firme de México en defensa de dos principios fundamentales: el derecho de asilo y la defensa de la libertad de expresión.
Para la clase política estadunidense el gesto del mandatario puede ser recibido como un mensaje hostil; sin embargo, al mismo tiempo, puede ser considerado como una solución a lo que es, al final de cuentas, un quebradero de cabeza para los gobernantes de Washington, sean demócratas o republicanos, pues nadie ignora que los cargos que le imputa el Departamento de Justicia son desproporcionados y vengativos y para la Casa Blanca representan un motivo de descrédito internacional tan severo como las revelaciones de Wikileaks.
Así pues, la salida ofrecida por López Obrador permitiría poner fin a la grave injusticia que se ha cometido durante más de una década contra Julian Assange y, al mismo tiempo, dar esperanza a la defensa de la libertad de expresión en el planeta.
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