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Eduardo Lliteras Sentíes
La Jornada Maya

16 de noviembre, 2015

Europa se encuentra en un momento sumamente delicado. En realidad, el mundo globalizado está en un momento de reconfiguración. Hablo del llamado orden mundial, en el cual la guerra en Siria es un capítulo sangriento con su cauda de multitudes que huyen del caos y la violencia con el que las potencias, nuevas y viejas, se disputan recursos, redefinen fronteras y destruyen vidas. París ha sido víctima, como lo fue Beirut en estos días, del terrorismo financiado, en muchos casos, desde occidente. Son tiempos convulsos, del retorno de discursos fundamentalistas y xenófobos. Vaya la condena a la violencia, pero también a las mentiras de los gobiernos para imponer sus agendas beligerantes. Sus guerras.

[h2]Hospital de Ticul, el gobierno deberá pagar[/h2]

El titular de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Jorge Mendoza Mézquita, intentó confundir a la opinión pública, como lo ha venido haciendo respecto a la epidemia de chikungunya.

Documentos publicados por La Jornada Maya comprueban la existencia de un contrato de compra-venta entre un particular y el gobierno de la entonces mandataria estatal, Ivonne Ortega Pacheco. Hay que refrescarle la memoria a Mendoza Mézquita, ya que para la compra del lote de Ticul se erogaron 8 millones 500 mil pesos, según se dijo en el Congreso de Yucatán en 2012, fecha en que los legisladores del PRI –varios de ellos ahora funcionarios- aprobaron por mayoría el dictamen favorable a la iniciativa de decreto que envió el Ejecutivo estatal para la construcción de tres hospitales mediante la figura de Proyectos de Prestación de Servicios, en Mérida, Tizimín y Ticul.

Bastaría con ir a preguntarle a esos ex diputados qué fue lo que pasó, porque en sesión ordinaria, el PRI y el Verde Ecologista avalaron con 17 votos a favor, la solicitud del Ejecutivo para firmar un acuerdo que permitiría al sector privado construir dichos hospitales. En esa misma votación, las fracciones del PAN y PRD se opusieron a la medida afirmando que se planeaba un fraude con las obras.

“Estamos ante un fraude anunciado, porque ni siquiera podemos tener en este proyecto una cantidad aproximada de cuánto costarán los hospitales. Aprenden rápido ya que en el proyecto anterior de PPS, para el Museo del Mundo Maya, dieron como referencia la cantidad de 400 millones pero terminaron otorgándole el proyecto a un financiador profesional de campañas, en 800 millones”, dijo el entonces diputado panista Pedro Couoh Suaste.

El legislador inclusive aseguró que se trataba de “la crónica de un fraude anunciado, porque seguramente asignarán estos proyectos a otro o quizá al mismo financiador profesional de campañas, por cantidades estratosféricas que nos condenarán a pagar miles de millones de pesos por muchos años”.
De hecho, los diputados priistas aprobaron la construcción del hospital de Ticul totalmente a ciegas, sin saber su costo exacto. En un primer momento se aseguró que costaría 300 millones, pero después se fue a casi mil millones pagaderos a 25 años.

De allí que al llegar al poder el gobernador Rolando Zapata Bello, decidiera rescindir el contrato, ya que veía venir el golpe. El problema es que el conflicto, ahora de orden jurídico, sí tendrá un impacto en las finanzas estatales, pero no en la presente administración. El costo del litigio por la cancelación del contrato lo deberá pagar muy probablemente el próximo gobierno. Para entonces, Mendoza Mézquita, los diputados que votaron a favor del proyecto, y los funcionarios del actual gobierno, ya no estarán para exigirles cuentas.

¿Qué dirá a todo esto el secretario de Salud? Allí está la escritura pública número 177, fechada el 16 de marzo del 2011, que revela la transacción comercial con la que Yalily Salomón Isaac obtuvo un millón setecientos mil pesos por el predio donde se encuentra el hospital abandonado de Ticul. La cifra no cuadra, por cierto, con los 8 millones 500 mil pesos que en el Congreso, se dijo, costaría el terreno. ¿Dónde está el resto?

Como señala el reportero de La Jornada Maya, Oscar Rodríguez, el movimiento comercial fue certificado por el notario número 15 de Mérida, Alejandro José Monsreal Rodríguez, quien acreditó, el 20 de enero de 2012, la adquisición del tablaje catastral 1491, de manera plena, por parte del gobierno estatal representado por Ortega Pacheco y el entonces secretario de Gobierno, Víctor Manuel Sánchez Álvarez, quien ahora labora como delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de Quintana Roo.

[h2]El Patria, negociazo privado[/h2]

Los problemas económicos, aparentemente inexplicables, del Instituto Patria, se acumulan. Entre dudas sobre el futuro de una institución "educativa" asentada sobre terrenos que valen oro, con el crecimiento de la plusvalía, en una zona de Mérida en la que se han edificado plazas comerciales y fraccionamientos de lujo; deudas con bancos e instituciones de gobierno, embargos, atraso en el pago de impuestos y salarios, forman sólo una parte de los conflictos y problemas que los directivos de dicha institución afrontan ahora, peleados con el mismo arzobispo de Yucatán.

La directiva del Patria está encabezada por David Abraham Achach, esposo de la consejera del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP), Susana Aguilar Covarrubias, quien guarda silencio desde la institución supuestamente encargada de dar ejemplo de transparencia en el estado. A pesar de las llamadas de medios y reporteros, el INAIP se encuentra en silencio, como si lo que ocurre con el Patria no tuviera que ver con dicha institución autónoma y sus consejeros. La transparencia, hay que recordarles, no atañe únicamente a los entes públicos, sino también a los privados. Y por supuesto los consejeros deben estar comprometidos con la transparencia, no sólo parecer o fingir para los aplausos y eventos con funcionarios. El consejero presidente (Víctor May Vera) y demás integrantes del INAIP cobran un sueldo proveniente de recursos públicos. Están obligados a explicar y afrontar el escándalo del Patria.

Pero además de los problemas de índole económica y administrativa, están las reyertas internas entre los fundadores del Instituto Patria (Instituto Educativo de Yucatán, A.C. IEY, por sus siglas), padres de familia que fueron abandonando el patronato de dicha institución a lo largo de los años, en desacuerdo con lo que allí sucedía.

Por si fuera poco, ahora dicha institución se encuentra en un conflicto frontal, abierto y público, con el nuevo arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega. Esto ocurre luego de años de pugnas, tras bambalinas, entre el anterior arzobispo (Emilio Carlos Berlie Belaunzarán) y el patronato, por el control del instituto.

En este complejo escenario, el nuevo arzobispo decidió hacer del conocimiento de la grey católica la decisión de distanciarse y retirar el apoyo a quienes dirigen dicho colegio. La respuesta de la actual directiva sorprende también. Autodefinida como "una escuela católica”, que en sus orígenes solicitó la autorización del arzobispo Manuel Castro Ruiz, “tras exponerle la necesidad de más escuelas católicas en nuestra comunidad”, ahora los propietarios del instituto han decidido confrontarse con Rodríguez Vega y defender su negocio privado y realizar transacciones con una parte de los terrenos que, como hemos dicho, valen mucho dinero, y pueden valer más para quien quiera construir casas, negocios o plazas en dicha zona.

No cabe duda de que el Papa desaprobaría lo que está ocurriendo con el Patria. Francisco, ahora enzarzado en una dura batalla contra las fuerzas que se oponen precisamente a la transparencia con las cuentas del Vaticano, ha reiterado sus críticas a quienes pretenden utilizar la fe para medrar para beneficio personal y de grupo.

De hecho, se ha especulado sobre la posibilidad de que el pontífice venga a Yucatán. Si viene o no, no cabe duda de que Gustavo Rodríguez Vega buscará el momento para informarle de sus nuevas gestiones en el estado y de los problemas con una institución “católica”, a la que le ha retirado el apoyo.

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