Resguardan a empresarios o a delincuentes

Otto von Bertrab
La Jornada Maya

11 de noviembre, 2015

En todo México es común observar por las calles y avenidas, impresionantes despliegues de seguridad, en ocasiones conformados por más de una decena de vehículos blindados que cierran la vialidad para que una persona pueda transitar sin riesgo. Normalmente es fácil saber si se trata del presidente municipal o el gobernador, ya que al primero, aparte de la decena de camionetas blindadas, le abren camino algunas patrullas de la policía municipal y al segundo lógicamente de la estatal. En caso de ser un funcionario federal, es el ejército o la marina quienes abren paso al convoy. Estos despliegues, tan llamativos como incómodos para la población, son preocupantes, ya que en el mejor casos, dejan ver la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de cualquier ciudadano, incluyendo a los altos funcionarios.

Pero lo peor ocurre cuando resguardan a empresarios o, incluso, a delincuentes; en muchos casos es imposible diferenciar a unos de otros, pues el modo de operación es el mismo. Hasta las credenciales son similares. Sabemos muy bien que hay territorios en el país, y Quintana Roo no es la excepción, donde las policías protegen al crimen organizado. Lo hemos comprobado una y otra vez a lo largo de la historia y, en particular, durante la última década; por lo tanto, para un ciudadano común es imposible saber si aquel grupo de vehículos blindados que te obligan a cederles el paso protegen a un político, a un millonario o a un delincuente. Desgraciadamente para el ciudadano es lo mismo, ya que estos grupos de seguridad de igual manera rompen con todo orden social.

No respetan la señalización, ni semáforos, ni carriles, ni a peatones; ellos son absolutamente inmunes a leyes y reglamentos. Se estacionan en los lugares prohibidos, en doble o triple fila e, incluso, bloquean vialidades y accesos completamente; son el mejor ejemplo de la impunidad y de la falta absoluta de un Estado de derecho en nuestro país. Pareciera ser que en México los [i]guaruras[/i] son una excepción a la ley por el hecho de portar armas y estar dispuestos a usarlas, pueden hacer su voluntad absolutamente.

El problema es muy serio,va más allá de la incomodidad que provocan a todos cada vez que cruzan en nuestro camino; el problema es que hemos permitido y tolerado su existencia, les hemos permitido toda clase de atropellos y, a estas alturas, frente a ellos, hemos perdido nuestras garantías individuales como ciudadanos.

Por otro lado, la población a la que intimidan y amedrentan, está totalmente indefensa ante el criminal que acecha al peatón por las banquetas, impotente ante el ladrón que vigila la cuadra, la colonia o el barrio, esperando cualquier oportunidad para cobrar su cuota. A estas alturas sabemos muy bien que la mayor parte de los delincuentes están protegidos y que, a su vez, tienen en la nómina a algún segmento de la policía, esto ocurre desde Mérida hasta Tijuana, desde Matamoros hasta Tapachula. No estoy descubriendo el hilo negro, es un secreto a voces; es la realidad.

La opción que hemos encontrado es que algún herrero ponga barrotes a las puertas y ventanas de todo hogar; quienes tienen patio compran perros con apariencia de bravura, que al menos ladren para avisar. La clase media ha tenido que invertir en contratar empresas privadas de seguridad que vigilen sus colonias y la clase alta, no la élite, también ha tenido que adquirir sofisticados sistema de videovigilancia y alarmas.

La gente no confía en la autoridad, por la sencilla razón de que quienes detentan esta investidura permiten que otros, que así se presumen, rompan con las leyes, y pisen el derecho de los ciudadanos, no pueden llamarse de ese modo. Tampoco tiene autoridad aquel funcionario que permite que el presupuesto público se destine a mantener un pequeño ejército de mercenarios a su servicio personal. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si esas camionetas, con veinte o treinta [i]guaruras[/i] armados hasta los dientes, que protegen a cada funcionario, se dedicasen a proporcionar auténtica seguridad pública en barrios y colonias, en calles y banquetas? ¿Qué pasaría si en vez de cuidar de la gente “importante” les prohibimos este privilegio? Tal vez entonces se pondrían a pensar en políticas públicas que resuelvan el problema de fondo.

Queda claro que si los funcionarios públicos y empresarios fueran más discretos con sus despliegues de seguridad, sería fácil reconocer a los delincuentes cuando transitan por las calles y avenidas.

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