Renacimiento Mexicano

César Daniel González Madruga
Pintura de Elizabeth Himes Sicilia
La Jornada Maya

Jueves 29 de diciembre, 2016


En el 2011, cuando fui diputado federal, conocí por primera ocasión a José Antonio González Anaya. En ese entonces, fungía como subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y hoy es director general de Pemex. Era el enlace encargado de negociar el paquete financiero del gobierno de Felipe Calderón en la cámara baja, con aires de prepotencia y cero sentido del bien común. Por más que se le planteaban propuestas viables en beneficio de la sociedad y sin afectar las finanzas del gobierno, él creaba un cerco que impedía que el propio presidente escuchara las propuestas, pues en la cabeza de González Anaya sólo existía una razón: la de sus propios intereses.

Hoy, este mismo personaje tiene al gobierno de Enrique Peña Nieto en una crisis de gobernabilidad ante la indignación ciudadana por el incumplimiento de su palabra, tras la reforma energética donde afirmaba que ya no habría más incrementos al precio de la gasolina. Ahora, no sólo nos enteramos que subirán los precios, sino que por primera ocasión en la historia moderna del país, la gente llega a las gasolineras y no encuentran el combustible. Lo que González Anaya hizo con Calderón para aprovecharse de su confianza, hoy lo hace con Peña Nieto.

En el 2011 cuando lo evidencié ante otros diputados reaccionó agresivamente y me acusó de ser oponente del gobierno moviendo todas sus influencias para ello; pues, para él quien difiere de sus opiniones es su contrincante. Este personaje, que jamás ha sido electo por el voto popular, es el responsable del incremento del costo de la gasolina y es el tipo de personalidad al que se le estará encarando en las manifestaciones que se avecinan los primeros días del año 2017.

Su argumento, que lo han dado por valido al interior de los pinos, es que se deben incrementar los costos para estandarizar los precios de las gasolinas con los del resto del mundo, cuando en realidad refinerías como la de Salamanca están al borde del colapso por la mala administración. Aunado a ello lo que tanto han insistido algunos académicos es que el robo de combustible significa ya la principal fuente de ingresos del crimen organizado, todo frente a los ojos del gobierno. Tal como sucede en las comunidades de Cañada, Ocampo, Progreso y Pedregal, todas dentro del municipio de Atotonilco Hidalgo, donde el fuerte olor a gasolina ya ha sido denunciado y los corrales en lugar de vacas hay pipas. La ordeña sigue siendo la actividad principal pero no de vacunos sino de ductos, negocio mucho más productivo que las medidas de mitigación.

En 2015, el presidente de la república recibió en manos del secretario de gobernación Miguel Angel Osorio Chong y el entonces gobernador Francisco Olvera un banderín blanco que simboliza la blancura del Estado de Hidalgo en materia de tomas clandestinas de robo de combustible propiedad de PEMEX y todos los mexicanos. Pero todo sigue igual, un gobierno impotente y castrado ante los intereses del crimen organizado, si acaso fungiendo como mediador indecoroso. Tan sólo de estas comunidades se estiman 300 millones de pesos mensuales en la ordeña de combustible de forma ilegal, frenar la ordeña debiera ser el centro de Atención de PEMEX, esa es una propuesta viable en beneficio de la sociedad y sin afectar la finanzas del gobierno que hoy González Anaya se niega a escuchar.

Cuanta falta hace renacer para refundar al Gobierno y un buen ejercicio del poder.

[i]Ciudad de México[/i]
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