de

del

Rafael Robles de Benito
Foto: Raúl Angulo Hernández
La Jornada Maya

Jueves 15 de diciembre, 2016


Leo, entre consternado y estupefacto, las declaraciones de Rafael Acosta acerca de los sucesos acontecidos en Punta Laguna y Laguna Chabela, que han llegado incluso al secuestro y a la tortura alrededor de los derechos de acceso a un área que costó mucho trabajo establecer como protegida, y que hoy se encuentra en entredicho, sujeta a ambiciones obcecadas y mal informadas, a intereses oscuros, confusos y a un extraño silencio de parte de quienes debieran defender –en su calidad de autoridad responsable– la integridad del Área de Protección de Flora y Fauna Otoch Ma’ax Yetel Kooh.

Dice Rafael Acosta que “el grupo rival siembra droga, específicamente marihuana, en la reserva del mono araña –en donde se encuentran tanto Punta Laguna como Laguna Chabela– y se venden armas, además de que el anterior presidente municipal de Valladolid usó la casa ejidal para hacer turismo electoral, hay corrupción entre los funcionarios y biólogos del Consejo Nacional del Ambiente (Conam)”. No sé si existe evidencia alguna acerca de la siembra de mariguana o la venta de armas en el área protegida, y desconozco la manera de actuar del anterior alcalde de Valladolid, pero sí sé, a ciencia cierta, que no existe un organismo denominado Consejo Nacional del Ambiente.

Quizá el abogado se refiere a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). De ser así, decir que los biólogos que laboran en esa dependencia son corruptos y decirlo sin pruebas en la mano, además de resultar calumnioso, pone en duda la valía de uno de los equipos de trabajo más comprometidos y más prestigiosos que se hayan construido en el seno de una agencia del gobierno federal.

También manifestó que “el ejido toma la decisión de dividir sus tierras entre ellos, no entre empresarios”; pero si la memoria no me engaña, cuando se llevaron a cabo los trabajos del Procede, que determinaron la parcelación de los ejidos del país tras las reforma al Artículo XXVII constitucional, el Ejido de Valladolid decidió, en asamblea, dejar como tierras comunales la totalidad de la dotación de tierras que les corresponde, sin parcelarlas. Al tratarse además de tierras forestales, su parcelación es improcedente. Quizá los ejidatarios decidan, siempre en asamblea, destinar porciones de sus tierras a derechohabientes individuales. Esa decisión no tendría respaldo legal. A decir verdad, ignoro si hay o no empresarios interesados en meter mano en estos procesos.

Para agravar la confusión del asunto, se lanzan al aire –de manera más que irresponsable– unas cifras fantásticas de recursos supuestamente destinados al área protegida. Ya quisiera la CONANP contar con veintisiete millones de pesos para el manejo, no digamos ya de esta área, sino de todas las reservas, parques, y áreas de protección de flora y fauna de la península de Yucatán. Y encima, la desinformación procede de todos lados: el Grupo Indignación ubica el área en el municipio de Valladolid, colindante con Quintana Roo. Lo cierto es que las tierras del Ejido de Valladolid, por uno de esos curiosos caprichos del reparto agrario nacional, le fueron asignadas en el estado de Quintana Roo (la mayoría de los 700 ejidatarios de Valladolid ni trabaja esas tierras, ni tiene interés en hacerlo, dedicados como están a otros menesteres, no necesariamente agrarios).

Como he dicho antes, y tendré que volver a decir cuantas veces sea necesario, si bien no dudo de la honestidad y el compromiso de los funcionarios de la Conanp, encargados del manejo del área, lo que sí parece inexplicable es su silencio. La suya debería ser la voz más autorizada para dirimir las diferencias en el área, y el Consejo Asesor del Área de Protección de Flora y Fauna Otoch Ma’ax Yetel Kooh debería ser el espacio social donde encararlas y donde generar consensos con la participación libre, informada y equitativa de todos los actores interesados.

Chetumal, Quintana Roo

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