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La Jornada Maya
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Lunes 13 de diciembre, 2016

[b]Yucatán[/b]

[b]Los huaches (auto)presidenciables[/b]

En una extraña estrategia de precampaña política para ser elegido por sus partidos como candidatos a la Presidencia de México en 2018, Rafael Moreno Valle y Graco Ramírez, gobernadores de Puebla y Morelos, respectivamente, han elegido a Yucatán como campo de batalla para ingresar al imaginario común, en especial de los meridanos.
Moreno Valle, del Partido Acción Nacional (PAN) y Ramírez, del de la Revolución Democrática (PRD), han colocado decenas de espectaculares en Mérida. Por el estadio Kukulcán-Álamo, el Super Akí de Prolongación Montejo, el puente hacia Xmatkuil, entre otras avenidas con gran afluencia de vehículos, son los escenarios de su campaña.
La pregunta es, entonces, si se conoce a Mérida como una ciudad que menosprecia a los del centro del país, además de que al meridano le pudiera importar poco o nada lo que ocurra en Puebla o Morelos, ¿por qué elegirla para hacer campaña?

Acaso el dinero destinado a comunicación es tanto que necesitan gastarlo en otros estados. O es un error del equipo de campaña. O, finalmente, una estrategia para que ilusos como nosotros hablemos en los medios de comunicación y los posicionemos en la agenda pública.

[b]Sin Santa Claus[/b]

En esta época del año, los niños escriben sus cartas para Santa Claus para pedir regalos. Sin embargo, en Yucatán hay unos que quedarán olvidados. Son los que viven en el Centro de Atención al Menor en Desamparo (Caimede).

Seguramente el DIF Yucatán acudirá con Santa Clauses y regalos para ellos, pero esa atención sólo ocurrirá durante las fiestas decembrinas. El resto del año permanecerán en desamparo, como indica el nombre de la institución.

Después de que en marzo de este año, los trabajadores protestaran por irregularidades de la directora Alicia Canto Alcocer, en mayo se reunieron autoridades con la sociedad civil y universidades para encontrar una solución.

Desde ese día caluroso no ha ocurrido nada más. No se ha presentado un plan. Todo se silenció; tampoco hay protestas.

También resulta extraño lo que ha sucedido en el Hospital Siquiátrico de Yucatán. Con la implementación del Modelo Hidalgo, y con una nueva dirección muy joven, los trabajadores se manifestaron hasta que pudieron. La directora de Salud Mental nacional, Virginia González Torres, llegó pregonando regalos y proyectos que se realizarían en coordinación con el gobierno de estado. Pero el gobernador Rolando Zapata Bello aún no anuncia las villas de atención siquiátrica del Modelo Hidalgo. Santa Claus no llegará para Virginia.

[b]Campeche[/b]

[b]Contradicciones del equipo[/b]

A pesar de los anuncios hechos por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas en cuanto a inversiones en materia de seguridad pública, hay gobiernos municipales reacios a estos objetivos, sobre todo en Carmen y Candelaria donde en fechas recientes se ha suscitado una serie de eventos del todo condenables en donde la huella de la delincuencia organizada es inequívoca.

Por ejemplo, los hechos que se suscitan a consecuencia del consumo de alcohol tienen todavía indicadores preocupantes y costos morales y económicos muy fuertes. Pese a ello, y la implementación de programas como el alcoholímetro, algunos funcionarios insisten en fomentar la apertura de antros disfrazados de bares familiares en puntos de la ciudad donde perturban la paz y la tranquilidad de decenas de familias.

Irremediablemente, las consecuencias del discurso y sus contradicciones se plasmarán en hechos próximamente si nadie acude al SOS de decenas de familias que con desesperación y desencantadas de sus autoridades ven cómo frente a sus viviendas se edifica una vil cantinucha disfrazada de restaurant familiar, que se asienta por una cesión de traspaso, debido a que donde se ubicaba- en la esquina de El Águila- ya no tenía cabida precisamente por todo lo que ocasionaba. Sin embargo, hoy se va supuestamente fuera de la ciudad, a la antigua salida a Mérida, donde también es zona residencial.

[b]Quintana Roo[/b]

[b]Se fue ¿voluntariamente a fuerza?[/b]

Unas tres semanas antes de que el fiscal general de Justicia, Carlos Arturo Álvarez Escalera, presentara su renuncia el viernes pasado ante el Congreso del estado, el rumor de su salida comenzó a tomar fuerza y más aún, “sorpresivamente”, al menos dos diputados del Partido Acción Nacional (PAN), comenzaron a exigirla.

Carlos Arturo Álvarez Escalera no tuvo oportunidad de demostrar su profesionalismo en el cargo para el que fue nombrado por un periodo de nueve años por la XIV Legislatura. Desde el inicio de la administración de Carlos Joaquín González tuvo que asumir la etiqueta de que su encargo era cubrir al ex gobernador Roberto Borge Angulo.

Cierto o no, Álvarez Escalera estuvo bajo el ojo vigía de panistas y perredistas desde el inicio de esta gestión, pero no sólo eso, sino de la ciudadanía en general.

Hasta hace unos días, cuestionado por [i]La Jornada Maya[/i] en relación a la solicitud de su renuncia, el aún fiscal dijo que no estaba “casado” con concluir su encargo hasta 2025, pero pedía que lo dejaran trabajar y entregar resultados.

“Por ahora tengo mucho trabajo que hacer”, sostuvo, y añadió que estaba atendiendo puntualmente la denuncia que presentó la Secretaría de la Gestión Pública “contra quien resulte responsable” por la venta de terrenos del Instituto del Patrimonio Inmobiliario estatal.

El diputado Mario Villanueva, presidente de la Comisión de Justicia de la XV Legislatura, salió en su defensa días antes, “nadie puede actuar si carece de herramientas para hacerlo”, comentó en una de las entrevistas.

El fiscal, cuyo encargo tomó desde 2015 –antes como procurador general-, parecía haber entablado una relación cordial con diputados ante quienes apenas la semana pasada compareció para hablar del tema presupuestario.
No quería renunciar, no era su intención y fue obligado, eso es un hecho.

Ahora, el Congreso deberá emitir la convocatoria respectiva para la elección del nuevo fiscal, que también estará nueve años en el cargo, porque la legislación no ha sido modificada.

La abogada Roxana Lili Campos Miranda, quien fungió como enlace con la Fiscalía General de Justicia del estado durante el proceso de entrega-recepción y ocupaba, hasta el viernes, la Consejería Jurídica del gobierno estatal, ha sido muy cercana al gobernador Carlos Joaquín González y parece tener el perfil profesional para ocupar el cargo.

Es licenciada en derecho con maestría en derecho penal y empresarial, además de tener un diplomado en criminalística y pruebas periciales; ha tenido experiencia como coordinadora regional de ministerios públicos, por lo que su paso por la Fiscalía será más allá de un puesto interino, y nuevamente veremos un nombramiento “a modo”.

* Chechen. Es una planta altamente venenosa propia de la Península de Yucatán. Genera un rocío que se mezcla con el polvo que se va asentando sobre el árbol y al rosarla o pasar bajo la planta, se adhiere a la piel y la quema, causa fuerte comezón, ampollas dolorosas, hinchazón del cuerpo y hasta calentura. El remedio inmediato para contrarrestar su insoportable ardor es hervir hojas del árbol llamado chacá y mojar la piel dañada con el agua; otros aseguran que volviendo a pasar bajo la sombra del árbol el efecto del veneno se neutraliza.

[b]Esta columna está redactada por los reporteros, colaboradores, espías y gargantas profundas, amigos de La Jornada Maya.[/b]

Mérida, Yucatán

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