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Carlos Meade
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La Jornada Maya

Viernes 25 de noviembre, 2016

A unos días de que se celebre la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) en Cancún (la COP 13), el gobierno mexicano hace esfuerzos desesperados por poder plantar cara recurriendo a un maquillaje barato, corriendo el riesgo de que se le escurra antes de que termine el primer acto. Y es que la intención de llegar a la reunión con una nueva Ley General de Biodiversidad es una apuesta temeraria. Primero, porque la Ley fue hecha al vapor y ha recibido muchas críticas de los especialistas; segundo, porque la muy cuestionada Ley no pasó por el necesario proceso de consulta ciudadana y tercero, porque quien la promueve es la fracción parlamentaria del Partido Verde, organismo político de nula solvencia moral, dudosos principios ambientales y amplio currículo de oportunismo y simulación. De esta manera, si los participantes a la Conferencia se tragan el sapo será un pésimo mensaje pues haría evidente la irrelevancia del Convenio y su laxitud en la forma de calificar las acciones de los gobiernos que son parte del mismo.

La manera en que se ha ventilado en la prensa esta estratagema de los funcionarios mexicanos indica que sería una torpeza imperdonable que los delegados internacionales cayeran en el engaño porque, además, no sería extraño que hubiera manifestaciones de repudio a la nueva ley durante la cumbre. Por todo ello, si el gobierno sigue adelante con su plan, es lícito calcular que su acto de simulación podría ser desenmascarado, con el agravante de que reflectores internacionales estarán iluminando la escena.

En una carta enviada al Secretario de la Semarnat y a las comisiones parlamentarias correspondientes, el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (Ceiba) ha propuesto algo que tendría más sentido: que nuestro gobierno anunciara no una ley viciada de origen sino el inicio del proceso de actualización de las leyes ambientales, con el fin de alinearlas a los principios establecidos por el CDB.

La presentación de un nuevo marco legal lleno de incongruencias y ambigüedades es una burda maniobra que, por si fuera poco, se da en el contexto de políticas que impulsa el gobierno mexicano, que contradicen los principios rectores del CDB: la promoción de los cultivos transgénicos, las concesiones de minería a tajo abierto, el fomento de las plantaciones de palma africana, los permisos para nuevos megaproyectos turísticos en zonas de alta fragilidad y recortes presupuestales en las áreas relacionadas con la conservación y uso de la biodiversidad.

Son muchas las voces que se han alzado para detener esta iniciativa y muchas las razones que se han esgrimido en esa ruta. A continuación, revisamos algunas de las observaciones que nos han parecido más relevantes.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) denuncia que no ha habido una consulta con los pueblos indígenas, aunque es ampliamente reconocido el papel de éstos en la conservación, conocimiento y manejo de la biodiversidad.

El CEMDA argumenta también que la iniciativa no protege los territorios ancestrales ni los procesos por los cuales los pueblos indígenas y comunidades equiparables manejan y recrean su patrimonio biocultural.

En cuanto a los mecanismos de participación, la Ley propone la creación de un Consejo Consultivo Nacional que estaría integrado discrecionalmente por invitación de Conabio y no por mecanismos que garantice la participación equitativa y democrática de todos los sectores involucrados.

Por su parte, la Red Temática del Patrimonio Biocultural, formada por investigadores del Conacyt, señala que la Ley adolece de definición de conceptos y que cae en graves confusiones. La Iniciativa, se afirma, es omisa respecto a quién es propietario de la biodiversidad.

Coinciden con el análisis del CEMDA en cuanto a la ausencia de un reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como ocupantes de sus territorios.

Carlos H. Ávila Bello, integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, plantea que en la propuesta de ley “… el término biodiversidad deja de tener una dimensión de país para pasar a un ámbito internacional y político. Esto es grave, pues como para el petróleo, la energía en general y el agua, se pierde la autonomía local y la soberanía en la gestión y usufructo de estos cruciales recursos para México.”

A través de un pronunciamiento público, los investigadores de la Red Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Renanp) sostienen que “La Ley tiene errores conceptuales y estructurales que ponen en riesgo las áreas naturales protegidas, por lo que su aprobación debe postergarse.”

¿Insistirá el gobierno mexicano en aprobar esta ley y presumirla durante la COP 13?

Tulum, Quintana Roo

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