Disputa por un botín

Eduardo Lliteras Santíes
Foto: Google Earth
La Jornada Maya

Miércoles 23 de noviembre, 2016

El 4 de septiembre, a las 9: 40 horas, elementos de la Policía Federal, adscritos a la Delegación Yucatán de la PGR, se llevaron detenido al joven empresario yucateco Víctor Abraham Jorge Esquivel, cuando éste se disponía a pagar el cambio de destino de 161.5 hectáreas del ejido de Ucú en una asamblea organizada por el comisariado ejidal para tal efecto, a la cual asistieron 339 ejidatarios que estaban a favor y 17 que decidieron no vender, que al final se redujeron a cuatro.

Sin identificarse previamente y pretendiendo confiscar ahí mismo los 6 millones 935 mil 700 pesos, los agentes se llevaron al empresario, quien accedió a acudir hasta la delegación de la PGR ubicada en el complejo de seguridad del periférico para aclarar el origen del dinero, el que según denuncia del abogado Juan Antonio Ongay Lara era de procedencia “ilegal”.

De hecho, en la denuncia realizada ante el Ministerio Público ese día por Ongay Lara, se acusaba a Víctor Abraham de “fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, asociación delictuosa y demás que resulten de las investigaciones”.

Ongay Lara se encargó también de circular entre medios de comunicación el bulo de que eran 17 millones de pesos, no casi 7 millones, los asegurados por la PGR ese día y filtró documentos de la denuncia afirmando que se trataba de un despojo de tierras, cuando la asamblea ejidal había aprobado el cambio de destino.

Tras pasar las 48 horas reglamentarias en detención, Víctor Abraham Jorge Esquivel salió libre y pudo también recuperar su dinero al acreditar el origen lícito del mismo, sin sombra de duda.

En el oficio con número de expediente FED/YUC/MER/0000422/2014 se ordena entregar el dinero asegurado por la PGR, así como otros bienes que le fueron confiscados al empresario el día de su detención.

Desde ese día, Víctor Abraham Jorge Esquivel padeció “una pesadilla”, según nos dijo, que se prolongó casi dos meses, tras realizar el cambio de destino de tierras acordado con la mayoría de los ejidatarios y solucionar con los cuatro opositores el desacuerdo existente.

Al final, los que se oponían al cambio de destino conservaron sus tierras, por lo que Jorge Esquivel pudo completar el convenio con los demás ejidatarios. De tal manera, el litigio parece solucionado al menos legalmente.

[b]¿Intento de extorsión?[/b]

En nota publicada en [i]La Jornada Maya[/i] se indicó que “la tierra es un botín, ambicionado por el sector hotelero, agrícola, de bienes raíces, donde están vinculados grupos políticos, abogados, personas que conocen el modus operandi y lo manipulan para adquirir la tierra”. En dicha red caen atrapados, hay que agregar, lo mismo ejidatarios –a los que se divide (divide et impera, decían los romanos) enfrenta y coopta, para obtener ganancias para terceros- que compradores de buena fe que buscan realizar negocio o invertir en el momento en Yucatán vive un boom especulativo e inmobiliario.

En el caso del empresario Víctor Abraham Jorge Esquivel hubo quien le apostó a despojarlo de los casi 7 millones de pesos, realizando una denuncia falsa tras enterarse, a través de un pariente, que el pago se realizaría. También pretendían apoderarse de las tierras en Ucú que originaron el conflicto legal, tras acusarlo (a él y su socio José Gabriel Medina Espinoza) de “fraude” por pretender comprar tierras del ejido al “simular un acto jurídico y nombrarlos avecindados y posteriormente ejidatarios” a ambos.

Como se sabe, las tierras de dicho municipio son ambicionadas por numerosos sectores empresariales y políticos que se dedican al negocio de compra de tierras en Yucatán.

En el caso de Ucú, el gobierno del estado durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco adquirió 2 mil 600 hectáreas, mientras el empresario yucateco Carlos Abraham ha comprado por lo menos 960. Estos convenios son públicos y legales, por lo que se sabe.

Estamos en una zona caliente por su cercanía al municipio de Hunucmá, donde se edifica la cervecería yucateca.

Víctor Abraham Jorge Esquivel, tras solicitar derecho de réplica y narrar su historia, dijo a [i]La Jornada Maya[/i] e [i]Infolliteras [/i]que pudo comprobar que el dinero fue retirado de un banco y era de procedencia lícita. Asimismo, explicó que se realizó un convenio con los 17 ejidatarios opositores, a quienes pudimos escuchar personalmente en el bufete de sus abogados, Alfonso Narváez Aguilar, Alfonso Narváez Márquez y Jorge Enrique Reyes Goff. Se llegó a un acuerdo con las cuatro personas, el que consiste en entregar los títulos apenas se termine el trámite en el Registro Agrario Nacional (RAN).

[i]Testimonio del empresario[/i]

“El ejido de Ucú está representado por 355 ejidatarios, de los cuales sólo 17 son los que estuvieron inconformes siempre.

“¿Cómo funciona la extorsión de Juan Antonio Ongay Lara? Él usa a esos 17 ejidatarios metiéndoles en la cabeza que no vendan o que siempre estén inconformes, para que él pueda entrar al tema y tener un motivo para extorsionar al inversionista interesado.

“En un cambio de destino ejidal, siempre se trata de tener a todos los involucrados de acuerdo, puesto que es tierra de muchos, pero es tierra de nadie. Igual, el objetivo máximo en un cambio de destino siempre es la titulación de la tierra, y mientras exista una controversia los títulos son frenados para terminar cualquier problema que pudiera haber.

“Por tal motivo es que siempre se trata de conciliar con los ejidatarios antes de entrar a un pleito.

“El día 29 de agosto pasado, el señor Juan Antonio Ongay Lara, basándose en un cambio de destino hecho hace más de tres años a favor del gobierno del estado, me llama y me pide que lo ayude a solucionar a favor de un pago que supuestamente no se le hizo a una ejidataria; él pidió 1.4 millones de pesos. Su razonamiento fue el siguiente: tú, empresario que vas a hacer un pago al ejido, quítale 4 mil pesos a cada ejidatario para que se le pague a la ejidataria, que supuestamente no había recibido su dinero.

“Yo le comenté que eso no estaba en mis manos, puesto que ese dinero y esa decisión era de cada uno de los 355 ejidatarios, y además yo no tenía interés alguno en la operación realizada en el pasado con el gobierno del estado. Asimismo, le dije que sin embargo se lo comentaría al comisario (Gener Ismael Pech León) para ver si él podía hacer algo.

“Obviamente se lo comenté al comisario y muy inteligentemente dijo que ese no era un asunto nuestro, que para eso existe un tribunal agrario y que era ahí donde se tienen que arreglar ese tipo de problemas.

“Por tal motivo yo simplemente le comuniqué al licenciado Ongay Lara lo que pasó, y él enfureció.

“Pero él sabía que eso era imposible de hacer, sólo quería un tema para poder entrar de lleno a un pleito y poder usar ese tema para sacar dinero.

“Una vez que se le comunica que no se podía hacer nada, se fue a la PGR a denunciar en su nombre y con un poder otorgado por 17 ejidatarios un fraude y pago de tierras con dinero ilícito. Cabe mencionar que para todo esto metió a tres personas para hacerlo, puesto que él no es abogado penalista. Metió a Augusto Narváez Aguilar, a Alfonso Narváez Márquez y a José Enríquez Reyes Goff.

“Esa denuncia, dicho por ellos mismos, no la querían aceptar en la PGR, por lo que Ongay Lara tuvo que pedir el favor a un colaborador del partido Morena para que le acepten la denuncia, según dijo.

“El día 4 de septiembre, día que se tenía que pagar al ejido, se pidió que el pago iniciara a las 10 am. Yo muy tranquilo procedí a hacer el pago sin tener sospecha de lo que ocurriría.

“El abogado Ongay se ha dedicado a vender ejidatarios a los empresarios, mediante extorsiones y atropellos de los intereses de ambas partes con el único objetivo de sacar un beneficio económico para su persona.

“Por último, los reporteros de [i]La Jornada Maya[/i] no se comunicaron para solicitar mi versión de los hechos. Tampoco mencionaron al abogado Ongay Lara, siendo que éste fue perseguido por los ejidatarios el día de mi detención, por ser una persona extraña y ajena al ejido.”

Mérida, Yucatán

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