Ejidatarios recurrirán al exterior

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Valentina Álvarez Borges
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 7 de noviembre, 2016

En las páginas de [i]La Jornada Maya[/i] y de Infolliteras.com dimos a conocer el año pasado el conflicto interejidal operado en el Ejido Valladolid; alimentado y apoyado, a favor de una de las partes, por funcionarios y ex funcionarios del gobierno en Yucatán y de instituciones federales agrarias. El conflicto prosigue, con visos de que la balanza se incline hacia quienes gozan del apoyo de autoridades, interesadas en que las tierras del área natural de Punta Laguna sean privatizadas y convertidas en un nuevo negocio inmobiliario y político-empresarial en la península, con riesgo de devastar con la justificación del “desarrollo”.

En efecto, los ejidatarios del ejido de Valladolid anunciaron que acudirán a instancias internacionales ante la gran “red de corrupción que opera en Yucatán y que involucra lo mismo a autoridades agrarias que a funcionarios estatales”.

El área natural protegida, ubicada en los municipios de Valladolid, en el Estado de Yucatán, y Solidaridad, en el Estado de Quintana Roo, tiene una superficie de 5 mil 367.4 hectáreas. Sin embargo, en la mira de los privatizadores y de quienes los asesoran, está prácticamente todo el ejido con aproximadamente 30 mil hectáreas, superficie muy ambicionada, no sólo por lo prístino de sus lagunas y bosques, sino por la cercanía a las zonas de turismo masivo de Quintana Roo, como Playa del Carmen y Tulum.

Los ejidatarios advirtieron que como última instancia acudirán ante la ONU y Amnistía Internacional, ya que “hemos visto que el gobierno ha tendido una gran red de complicidades a través de las instituciones gubernamentales como el RAN (Registro Agrario Nacional) y la Procuraduría Agraria, las que han retrasado la justicia que solicitamos”.

En declaraciones a medios de comunicación, antes de la enésima audiencia en el Tribunal Unitario Agrario Número 34, ubicado en Mérida, explicaron que tienen “las pruebas de que el delegado Cástulo Ramírez entregó documentos parcelarios a gente ajena al ejido, en tiempo récord”.

Estas parcelas fueron entregadas en menos de un mes; es decir. Ese tipo de documentación generalmente exige por lo menos un año para tramitarse y reiteraron la participación del ex procurador y abogado Rafael Acosta, quien es un conocido operador de grupos empresariales y políticos, en materia de despojos de tierras ejidales en la península.

Los ejidatarios han vuelto a señalar, con nombre y apellido, a los titulares del ejecutivo yucateco y de la secretaría general de gobierno, apuntando que lejos de ayudarlos, han tomado partido a favor del comisariado ejidal, cooptado por intereses ajenos al ejido.

El área natural de [i]Otoch Ma’ax Yetel Kooh[/i] es una región de selvas en la que subsiste una gran diversidad de especies animales y vegetales como el puma y los monos araña, por citar sólo un par, los que se han refugiado de la depredación y avance urbano en toda la península de Yucatán. Su nombre en maya significa precisamente “Casa del mono y del puma”.

Por esta misma riqueza natural se convierte en una zona altamente atractiva para el turismo de naturaleza, el que ha sido desarrollado por la asociación [i]Najil Tucha S.C.[/i] gracias a la iniciativa de 27 familias de la región que propusieron que Punta Laguna se convirtiera en zona protegida. A raíz de esa propuesta de habitantes mayas del área, el 5 de junio del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial que creaba el Área Natural Protegida denominada Área de Protección de Flora y Fauna [i]Otoch Ma’Ax Yetel Kooh. [/i]

Se trata de un patrimonio único en la península de Yucatán, reducto de la naturaleza que el gobierno mexicano, a través de acuerdos internacionales como el de París sobre el clima, dice proteger, en el papel y en foros internacionales para lucimiento de funcionarios con gastos pagados a todo lujo.

En la zona donde además hay numerosos restos arqueológicos, que no han sido estudiados ni investigados a fondo por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) y que hemos constatado a través de algunas visitas.

Por su ubicación geográfica, el Área de Protección de Flora y Fauna se sitúa dentro de los límites del estado de Quintana Roo pero administrativamente pertenece al Ejido de Valladolid, en el estado de Yucatán, lo que complica el litigio.

La cooperativa, integrada por artesanas y guías, ha sido objeto de numerosas agresiones del comisariado ejidal, asesorado por el abogado Rafael Acosta, quienes buscan despojarlos del usufructo de la cooperativa operando asambleas a modo y custodiadas por policías estatales, federales y municipales de Valladolid.