Un festival y una cultura

Pedro Bracamonte y Sosa
Foto: La Jornada / Archivo
La Jornada Maya

Viernes 7 de octubre, 2016

En pocos días comienza, en Mérida, Yucatán, el V Festival Internacional de la Cultura Maya (FICMaya). Es un buen momento para hacer un alto e interrogarnos: ¿por qué celebrar? Desplazamiento de la lengua originaria, pobreza económica y el padecer un racismo soterrado y abierto, es lo que acompaña a los portadores de esa cultura e identidad. Han sido despojados de sus tierras y no tienen acceso a los mercados laborales formales, recibiendo una escolaridad más que mediocre para la [i]castellanización[/i]. Y sin embargo, más de 800 mil hablantes de la lengua maya han sobrevivido al colonialismo español y mexicano, en un proyecto colectivo de vida y de esperanza de futuro, que casi no tiene paralelo en el mundo. Más allá del festival gubernamental, enfocado más bien a turistas, [i]clasemedieros[/i] y académicos, se impone una reflexión a casi cinco siglos de explotación continua. La hazaña de haber sobrevivido como pueblo es lo que merece el respeto y el festival. Y es algo que nos obliga a reiterar la necesidad de cambiar la relación del Estado mexicano, de su Constitución general, con los pueblos originarios.

Es momento de reformar el conjunto de relaciones entre las instituciones del Estado con cada uno de los grupos originarios considerados como pueblos, con independencia de la dispersión de sus asentamientos y de su población en municipios y entidades federativas. Hace algunos años propuse, y ahora reitero, la necesidad de generar 10 ejes de políticas públicas que puedan conformar metas alcanzables en el mediano y largo plazo para detener la pérdida lingüística y cultural y dar opciones válidas para la recuperación de los pueblos originarios como el maya yucateco. Mis propuestas son las siguientes:

1. Enseñar la historia específica de cada pueblo o nación. Una historia que refuerce la identidad étnica, el uso de la lengua original y tienda a modificar, revalorizando, el papel de los grupos etnolingüísticos en la construcción de México (en su pasado y su presente), pero insistiendo en la particularidad de la historia propia.

2. Eliminar del vocabulario del Estado nacional y de las entidades federativas la figura jurídica de “pueblos, comunidades y ciudadanos indígenas”. Para ser sustituida por los conceptos de pueblos, naciones, comunidades y ciudadanos originarios de México.

3. Desarrollar las capacidades de lectoescritura de la lengua original, como un primer nivel en la recuperación del uso cotidiano de las lenguas originarias.

5. Enfocar la educación intercultural bilingüe desde la visión de los pueblos y lenguas originarias. Capacitación en ciencias, innovación y desarrollo tecnológico en las lenguas maternas a la vez que en castellano.

6. Municipalizar los recursos fiscales y de políticas de reforzamiento lingüístico y cultural.

7. Conseguir el desarrollo de la interculturalidad en el sistema de atención a la salud y demás servicios asistenciales que brinda el Estado.

8. Reconfigurar, desde el Congreso, las leyes de derechos de los pueblos originarios para legislar sobre pueblos con independencia de las divisiones o límites municipales o estatales. Legislar para grupos o naciones.

9. Instaurar la figura de legisladores de los pueblos originarios, en los distritos electorales federales y estatales con mayoría de población étnica.

10. Otorgar pleno derecho a la justicia local, en el nivel de conciliación, con agentes y magistrados a los que las personas acudan en busca de resolver conflictos, reconociendo en los pueblos originarios la capacidad para la autogestión de la justicia mayor.

11. Reconocer, en la ley y en las políticas públicas, que la vida de los mexicanos originarios no se sustenta exclusivamente en las comunidades formadas en el periodo colonial o el prehispánico. El liberalismo económico y político, la democracia, la modernización y la globalización han reconfigurado el asentamiento de los pueblos originarios. Alrededor de la mitad habita en ciudades medias y en metrópolis. Muchos en el extranjero.

Estas propuestas de nuevos ejes de políticas públicas para normar la relación del Estado con los pueblos originarios se encaminan a revertir las tendencias históricas destructivas con los principios de la libertad, la equidad, la autonomía y la libre determinación en el marco de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que debe ser modificada de raíz para alcanzar esas metas.