Educar a la gente sobre órganos de justicia

Óscar Ríos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Jueves 6 de septiembre, 2016

Demasiados obstáculos se presentaron para la implementación de la reforma penal, desde la capacitación de jueces, fiscales, abogados, peritos y todo aquel que tenga que desempeñar algún papel en ese nuevo sistema de justicia, que no ha sido del todo aprobado por la población.

Al parecer no se le ha dado la debida importancia a la aceptación y la confianza de la ciudadanía; sin embargo, se trata de algo fundamental, que debería ser tomado en cuenta; pues de no procurarse, se convertiría en un enorme obstáculo para su buena articulación.

Los comentarios de la gente en las redes sociales sobre sucesos como accidentes de tránsito, robos, violaciones, secuestros u homicidios, resultan espeluznantes. Transitan por el odio y el resentimiento, de suyo irracionales; escriben frases como “este maldito sistema protege a criminales”, “de seguro ya compraron al juez”, “hay que lincharlos y hacer justicia por nuestra propia mano”, por mencionar algunos.

Tal desaprobación podría conducir a reformas de involución jurídica, cuando apenas estamos dando los primeros pasos en la operación de un esfuerzo de más de ocho años. Es nuestro deber, como operadores jurídicos, trabajar junto con medios de comunicación y ciudadanía para conseguir la aceptación y eliminar la satanización del nuevo sistema de justicia penal.

Es indispensable que los medios vigilen sus notas, pues, a veces la mala información es semilla del descontento furibundo. Urge explicarle a la sociedad que si una persona no fue vinculada a proceso no quiere decir que se le deje de investigar y que no pueda ser procesada más adelante. La prisión preventiva ya no es la regla general y esto no significa impunidad, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales contiene medidas cautelares distintas, que conceden al presunto culpable se le investigue en libertad, como le corresponde, ya que aún no se dicta sentencia, ni se han presentado pruebas que acrediten su responsabilidad penal. Debemos recordar que uno de los objetivos principales de la reforma, es eliminar la sobrepoblación carcelaria.

Gran parte del correcto funcionamiento de este sistema está en manos de policías y del Ministerio Público. La liberación por fallas al debido proceso, que es un derecho humano, no es capricho del juzgador, pues son reglas formales que tienen como objeto protegernos, y si no se cumplen, debe liberarse a la persona detenida. El debido proceso nos protege, aún más en este país, donde las autoridades persecutoras e investigadoras del delito se han distinguido por realizar falsas acusaciones y falsas evidencias, en contra de los justiciables.

El poder judicial debe ajustar el alcance del debido proceso. La sociedad se ha sentido agraviada por la liberación de imputados cuando no se cumple. Hay casos en los que se ha ofrecido evidencia de la responsabilidad penal de ciertos secuestradores o asesinos que se han liberado, ya que esa evidencia fue obtenida de manera ilegal. La molestia social es la liberación de esas personas a pesar de la evidencia. Los jueces no entran a estudiar el fondo del caso, porque ya identificaron una violación de carácter procedimental, sin llegar a hacer excepciones y valorar dichas pruebas, aunque se hayan obtenido de manera ilícita. Urge que los titulares subjetivos de los órganos jurisdiccionales amplíen el concepto y el alcance del debido proceso en la materia, sobre todo si hay pruebas que podrían evidenciar responsabilidad penal.

Eliminar la satanización de nuestro sistema nos corresponde a todos, sobre todo a abogados, hay que enseñar nociones básicas del nuevo sistema a la ciudadanía. Hay quien opina que lo que se necesita es un jurado, como en Estados Unidos, donde se han tenido muchos errores judiciales; al grado de condenar a pena de muerte a inocentes. En México, tenemos que educarnos conjuntamente para que la gente apruebe y confíe en el nuevo sistema.

Mérida, Yucatán