Manuel Triay Peniche
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Viernes 23 de septiembre, 2016

En el juicio oral con motivo del homicidio del doctor Felipe Triay Peniche, los jueces del Tribunal encargado del caso desecharon decenas de pruebas físicas, científicas y testimoniales, bien por fallas en la integración de la carpeta de investigación, que atribuye a la Fiscalía General del Estado, o bien por una lógica que a nuestro juicio no soporta el mínimo análisis.

Aceptamos, sin conceder, las citadas fallas técnicas de la Fiscalía y que en verdad se haya aplicado la ley, pero rechazamos rotundamente que los juzgadores hayan cumplido con su papel de impartir justicia.

Y juzgue usted: La Fiscalía realizó un cateo en el departamento donde se dio muerte al doctor Triay Peniche, del que obtuvo numerosas muestras hemáticas, una sierra con la que se cercenó el cuerpo, que incluía residuos físicos; la cinta que se utilizó para el embalaje de la caja en que fueron depositados los despojos, la mitad de un cinturón que se completaba con un trozo hallado junto con el cuerpo, una nota de compra que ampara todo lo requerido para la limpieza de aquella carnicería, huellas digitales tanto del condenado Pablo Santos García como del liberado Enrique Lara González.

Todas esas pruebas, avaladas por peritos de diferentes especialidades; cientos de fotografías tomadas en el lugar y durante los peritajes, testimonios de personas que hicieron la limpieza y dieron fe de todo cuanto presenciaron en el lugar y, aunque usted no lo crea, nada de esto fue tomado en cuenta por nuestros Solones del patio, encargados de impartir justicia en el estado.

¿Y sabe usted por qué? Porque la Fiscalía cometió el “error” de no contar con dos testigos a la hora que se efectuó el cateo. Así lo dijo el Tribunal, aunque el informe del cateo asienta que sí los hubo testigos, sí existieron y sí suscribieron el documento de referencia, pero permanecieron afuera del departamento, no detrás de cada uno de los representantes de la Fiscalía, ni de los peritos, ni de los fotógrafos.

Ya la Fiscalía se encargará de aclarar el aspecto legal de esa resolución, porque está obligada a hacerlo. Quizá también saldrá a la palestra Celia Rivas; debería hacerlo, para defender esa diligencia de la que fue responsable como fiscal del estado.

Acudiendo a la lógica que los jueces esgrimieron en varias ocasiones justificando su actuación, nos queda el sentimiento de que el Tribunal vulneró el espíritu del derecho porque prevaleció lo legal sobre lo justo: conocieron ese rosario de pruebas contundentes y no las tomaron en cuenta por un tecnicismo.

Así, una a una, desecharon las principales pruebas que señalan la coautoría de Enrique Lara y, en la explicación de sus porqués, que llenó una audiencia de cinco horas, fueron paso a paso restregándole a la Fiscalía su trabajo mal hecho, deficiente e infantil, con tal ímpetu que se antojaba un doble propósito: salvar de la cárcel a un asesino y enviar un mensaje a quien quiera o deba escucharlo: aquí mando yo.

Gracias a esa lógica, Enrique Lara González anda hoy en libertad, merced a una “duda razonable” del Tribunal, porque a los “Solones” del patio, les pareció más “lógico” el testimonio de su esposa, quien declaró bajo promesa de decir verdad que la noche del 15 de agosto de 2014, a las ocho de la noche, Enrique Lara estuvo en su casa cenando y de ahí no se movió sino hasta las 22:30 horas, que el de la secretaria encargada de asistirlo, quien ubicaba al siquiatra saliendo de su consultorio a esa misma hora.

Como ni Enrique, ni usted ni yo tenemos el don de la ubicuidad que nos permita estar en dos lugares a la vez, los “Solones” e hicieron el siguiente razonamiento: En cuestión de horario ni los relojes marcan la misma hora ni las personas son precisas en declarar, y como Enrique iba a salir de viaje esa noche, es lógico que antes de hacerlo acudiera a su casa a cenar, bañarse y prepararse; por tanto, tiene razón la esposa.

Si hemos de aplicar un modo de pensar sensato y de sentido común, lo lógico sería darle la razón a la secretaria, pues su función principal es llevar una agenda de citas por horas, que le permite saber con precisión a qué hora entra o sale el doctor de su consultorio, y en qué momento deja ella misma su oficina.

Las diferencias entre si Lara salió de su consultorio a las 8 de la noche o si a esa hora estaba cenado en casa, no tendrían mayor trascendencia si no fuera porque al admitir los jueces la versión de la esposa automáticamente se crea una coartada en favor del inculpado, pues aceptan que el multicitado siquiatra estuvo en su casa hasta las 22:30 horas y eso lo saca de la escena del crimen.

Y si Lara, como afirma y comprobó la Fiscalía, es copartícipe del crimen del doctor Triay Peniche ¿no es lógico que desde temprano saliera de su casa preparado para el homicidio y también para su pretendida coartada del viaje a Cozumel, a donde salió a las 11.59?

Si los jueces se hubieran tomado la molestia de leer las declaraciones del asesino Pablo Santos ante el Ministerio Público antes de rechazarla para evitar la autoincriminación, se hubieran enterado que quien durmió al doctor Triay con una fuerte dosis de clonazepam fue precisamente el tal Enrique, y entonces su “lógica” hubiera sido diferente.

En tanto, continúa en aumento el número de absoluciones en los juicios orales impartidos en el estado, que ya son más del 23 por ciento, y de los que aproximadamente un 30 por ciento son presuntos asesinos que andan sueltos, como Enrique Lara, tal vez por una duda o como consecuencia de un fuego amigo, mas no sé si razonable.


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