Efraín Tzuc Salinas*
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Martes 6 de septiembre, 2016

Nos hemos autoconvencido de que los bajos índices relacionados a la seguridad pública, como secuestros y homicidios violentos automáticamente mejoran nuestro bienestar. Así, nos hemos acostumbrado a las pésimas condiciones de habitabilidad. Sin embargo, cada tanto ocurren sucesos de gran impacto en la sociedad, producto de omisiones pequeñas y grandes. Si no los entendemos así, podemos interpretarlos como accidentes.

La semana pasada, en el fraccionamiento Boulevares de Chuburná, un hecho ocasionó un amplio debate público sobre quién tenía la responsabilidad del mismo, resumible en dos preguntas: ¿fue la inconsciente conductora que iba a exceso de velocidad? ¿Fue el imprudente ciclista que se voló el alto en sentido contrario? Corremos el riesgo de interpretar el suceso como una anécdota trágica y azarosa más.

Desde la perspectiva del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, este hecho y otros similares son resultado de omisiones y acciones concretas de las autoridades, que han permeado en lo que llamamos cultura vial, es decir, en cómo convivimos personas con condiciones diversas (sexo, edad, condiciones físicas, etc.) en las calles desde distintos modos de transporte. El principal responsable de las lesiones y muertes de tránsito es el gestor de la vía, es decir, los gobiernos estatal y municipal a través de las dependencias correspondientes.

En la actualidad no existe política pública alguna para reducir las lesiones y muertes de tránsito. Algunas acciones aisladas se han implementado, como los alcoholímetros o modificaciones a zonas específicas en donde ha ocurrido un hecho de tránsito con un alto impacto social, como fue el caso del atropellamiento de un ciclista en Las Américas, viralizado en video hace más de un año. Estas acciones no son políticas públicas, ya que éstas tienen un objetivo claro, como reducir las lesiones y muertes de tránsito a través de acciones específicas articuladas entre sí, medibles a partir de indicadores claros (muertes y lesiones de tránsito, gasto público invertido, reducción anual de tasas de motorización, por mencionar algunos). Las políticas públicas se ejecutan de forma interinstitucional, participando distintos niveles de gobierno y distintas dependencias de cada nivel. Un ejemplo sería que la Secretaría de Educación de Yucatán incluyera módulos sobre movilidad en los contenidos de educación básica o programas piloto para que los niños lleguen a la escuela en bicicleta o caminando. Esto implicaría una responsabilidad compartida con la Secretaría de Seguridad Pública, para realizar las modificaciones viales necesarias que garanticen la seguridad en el traslado a la escuela.

Las políticas públicas integrales de tránsito no son nada nuevo. Varios países han apostado por la Visión Cero, que es tanto una estrategia como una ética basada en la eliminación de las muertes por hechos viales. A partir de ese compromiso se despliega una serie de herramientas y acciones para que las calles sean espacios seguros para todos, considerando aspectos de diseño vial, modificando las leyes existentes para definir con claridad las instancias responsables y los instrumentos normativos necesarios, creando programas de promoción de la movilidad sustentable y generando las condiciones físicas que permitan la movilidad segura.

La Visión Cero requiere una gran labor institucional y voluntad política. Es necesario que el gobierno del estado priorice las problemáticas existentes con estrategias tan vistosas y robustas en inversión como lo ha sido Escudo Yucatán. Hablamos de la vida de quienes habitamos y quienes visitan este territorio, así como nuestro derecho a movernos de forma segura, cómoda y eficiente.

De igual forma, el Ayuntamiento de Mérida debe ceñirse a su propio Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable, que incluye el criterio de seguridad, y evitar sacarse de la manga proyectos de infraestructura vial que favorecen principalmente al automóvil y generan riesgos para los demás usuarios de la vía.

Asimismo, se requiere un compromiso grande por parte de los habitantes de la ciudad, pues algunos tendríamos que renunciar a ciertos privilegios, concedidos a partir de utilizar un vehículo motirizado, a cambio de comodidad, seguridad y eficacia en la movilidad para todos.

¿Estaríamos dispuestos a dejar el auto en casa para mejorar la seguridad vial de todos? ¿Apoyaríamos la implementación de zonas con restricción de velocidades con máximos de 30km/h para generar entornos seguros para caminar y andar en bicicleta? ¿Podríamos asumir el compromiso de realizar las cambios de conducta necesarios con el fin último de que nadie muera por un hecho de tránsito? Estos compromisos tendrían que venir acompañados, necesariamente, de una constante exigencia a las autoridades para contar con alternativas dignas, seguras, cómodas y eficientes de movilidad.

* Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida
@efra_tzuc


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