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Carlos Mena
Foto: Fabrizio León Diez
La Jornada Maya

Jueves 25 de agosto, 2016

El símbolo de crecimiento económico de Quintana Roo es el turismo. Sus playas han sido objetivo de inversión nacional y mundial con hoteles y atractivos únicos en el mundo, pero ese éxito ha sido acompañado por una feroz competencia por mega empresas que hoy ahoga a miles de Pymes con prácticas comerciales que hay que empezar a sancionar, por los desequilibrios comerciales que atentan contra el orden social.

Hablar de capitalismo y libertad es una cosa. Otra muy distinta es ocupar actividades y depredar a Pymes, como hacen las cadenas y mayoristas hoteleros, que aprovechándose de su influencia en el mercado crecen mediante estrategias no éticas, muchas veces ilegales a la luz de las leyes de competencia justa y que ya trastocan a la sociedad del estado. Entonces la Comisión Federal de Competencia está obligada a intervenir.

Sin embargo, los gobiernos estatales y municipales siempre se concentran en servicios sociales e infraestructura y olvidan que las Pymes generan el empleo, diversidad económica y movilidad social a que aspiran todas las personas y empresarios. Esto derechos son sancionados por la Comisión Federal Competencia, que no tiene delegaciones estatales y hace de los mercados pequeños un juego de futbol entre gigantes y pequeños sin árbitro que los proteja. Un país moderno y desarrollado no es el más recursos tiene sino aquel que protege con leyes efectivas a todos los tamaños de empresas y personas.

Algunos ejemplos son ventas condicionadas, arbitraje de rentas, siembra de intrigas y asociaciones forzadas.

El all inclusive fue invento del hotel Club Med para que los huéspedes no tuvieran que sacar su cartera en el hotel. Hoy este formato vende paquetes hasta con transporte y tours integrados desde sus países de origen. Los mayoristas compran cuartos de hotel al mayoreo y los hoteles los toman porque les asegura ingresos, pero cada día pagan menos y sus exigencias son más. Los mayoristas actuales fueron comprando a sus competencias, de ahí su poder en el mercado.

Aquí el Internet mejoró la vida de los hoteles, ya que las plataformas han desplazado un poco a los mayoristas, quienes sólo cobran comisiones. Esto ha obligado a los mayoristas a buscar nuevas formas de ingresos y ahora le venden más productos de origen al turista. Esto es un abuso comercial, no necesariamente ilegal.

Las prácticas nocivas son:

Expansión horizontal. Empiezan a tener tiendas de artesanías, parques y atracciones, servicios de transporte, ventas de origen de otros atractivos, como Xcaret y las ruinas de Tulum.

Arbitraje de rentas. Es cuando un hotel te da en renta un espacio a precio razonable; hecha la inversión, empiezan a renovarte la renta con aumentos hasta el triple de la inflación, quebrando el negocio, y vuelven a empezar el ciclo. Por cierto esto en Estados Unidos está prohibido. Legalmente pierden y la sanción es congelar las rentas. Sólo permiten aumentar fuerte por aumento de plusvalía, como cuando construyen un estadio o centro comercial frente a local.

Siembra de intrigas. Desde sus países de origen, le dicen a grupos o excursiones de turistas que los servicios locales no ofrecidos por ellos, no tienen seguros o no responden por la calidad o les sugieren no rentar autos porque la policía y autoridades mexicanas son corruptas.

Asociaciones forzadas. Si las agencias de viajes ven que un servicio o atractivo turístico es exitoso, intentan comprarlo o sugieren asociaciones con la amenaza de desviar a sus clientes, o crear otro atractivo similar.

Al gobierno no le va tan bién con los impuestos. Le afectan estas prácticas, ya que venden el hotel a 120 dólares la noche en el extranjero y le pagan 80 a la subsidiaria mexicana. Esto significa menos impuesto hotelero y la ganancia por impuesto sobre la renta disminuye. De hecho, los hoteles apenas pagan impuestos.

Aquí toca ser sensible y dejar que los empresarios tengan utilidades razonables, pero no para que se convierta en una depredación de empresas que sólo se da en países con legislaciones débiles o autoridades apáticas, donde el gobierno está limitado a cobrar impuestos y construir carreteras. Las relaciones entre empresas están reguladas en todo el mundo y sus comisiones de competencia acuden para vigilar los derechos económicos de las pequeñas, cuya importancia en México es el 95 por ciento del total. La inclusión empresarial también debe de ser política pública.

Es cierto que han bajado los precios a tal punto que disfrutar las playas del Caribe ya no es privilegio de ricos y se ha generado riqueza en proveeduría, empleo y servicios; pero esto no debe ser motivo para dar a los mayoristas carta abierta para abusar de los débiles económicos o expoliar a sus inquilinos o proveedores con prácticas nocivas que no realizan en sus países de origen y que deben de ser sancionadas por la autoridades de competencia mexicana, para garantizar la diversidad económica que disfrutan las sociedades de primer mundo.

Quintana Roo
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