Empresarios depredadores

Carlos Meade
Foto: Gerardo Jaso
La Jornada Maya

Jueves 18 de agosto, 2016

Los programas de ordenamiento ecológico local y regional (POELs y POETs), así como los programas de desarrollo urbano (PDUs) son, de acuerdo a su objetivo manifiesto, herramientas de planeación democrática. En la práctica, son instrumentos de difícil consenso y de complicada aplicación que, hasta el momento, al menos en Quintana Roo, no logran, ni lejanamente, regular y ordenar el crecimiento, cuya aceleración continua, a pesar de ellos, para seguir estableciendo el caos y la depredación.

La composición de los comités de estos programas intenta una participación plural, donde los diferentes sectores sociales y las diversas dependencias gubernamentales propongan y acuerden reglas para el uso del territorio, partiendo de diagnósticos y prospecciones sobre la problemática del desarrollo, abordada desde los subsistemas ambiental, económico y social.

Con la experiencia de haber participado en algunos de estos comités desde hace más de 20 años, puedo decir que la principal confrontación está siempre entre el sector empresarial y el ambiental. El sector académico con mucha frecuencia también se confronta con los desarrolladores, apoyando los posicionamientos de las organizaciones de la sociedad civil. Al interior del gobierno también suele haber visiones encontradas, principalmente entre las dependencias estatales y las federales.

Para conducir el proceso de un ordenamiento, hacer los estudios, plantear los escenarios futuros y darle forma al modelo que se construye de manera participativa, el gobierno del estado debe contratar un consultor. Este sistema tiene el inconveniente de que, en este país, se sobreentiende que quien paga manda, por lo que las consultorías suelen tener sesgos que favorecen la visión del gobierno del estado y, muchas veces, también la de los desarrolladores. Se ha llegado incluso al extremo de que éstos financien directamente a un consultor para que construya un modelo adecuado a sus intereses. Esto sucedió con el PDU de Tulum. Así se logró, tramposamente, que el Parque Nacional Tulum fuera incorporado al polígono urbano, asignándole densidades para su desarrollo turístico. Afortunadamente la sociedad civil no permitió este atropello. El gobierno entonces contrató a su consultor consentido, Gerardo Nieto, que se apega siempre a lo que el patrón manda. Así se intentó, de nuevo, pasar por encima del decreto del Parque, cuyo enredo merece otra reflexión. Por lo pronto digamos que una forma de evitar prácticas amañadas sería que los contratos de consultoría se hicieran bajo licitaciones abiertas y que los integrantes de los comités respectivos fueran quienes seleccionen al consultor.

Como ejemplo de la forma en que proceden los desarrolladores en los comités de ordenamiento, está la postura de Roberto Palazuelos, actor de Televisa, empresario depredador que se dice ecologista y actual presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum. Mientras los representantes de la organizaciones civiles expusimos argumentos sensatos y sustentados, para que el modelo del POEL de Tulum disminuyera las densidades y el número de cuartos de hotel posibles, el Sr. Palazuelos amenazó con retrasar indefinidamente la firma del acuerdo del POEL si no se incrementaban las densidades y el número de cuartos. El único argumento aportado por el representante de los empresarios fue el muy engañoso del empleo. Según Palazuelos, los desarrolladores ayudan a abatir el desempleo que sufre la clase trabajadora de Quintana Roo. Pero la ecuación es al revés. Los proyectos de desarrollo generan el proceso migratorio de quienes vienen a buscar empleo al no encontrarlo en sus estados de origen. En realidad Quintana Roo es uno de los pocos estados del país que constantemente abre oportunidades de empleo. El desempleo que existe es producto de que los empleos están sujetos a los vaivenes de la ocupación hotelera y al modelo imperante de contratación mensual, que permite a los empresarios no reconocer antigüedad de los trabajadores, no permitirles que se organicen y no sacrificar ni un peso de utilidades durante las temporadas bajas. Una ventaja adicional de este modelo gandalla es que los empresarios cuentan con un ejército de trabajadores de reserva, lo que facilita que paguen salarios muy bajos e impongan condiciones de contratación abusivas.

En tanto no se decrete el POEL no habrá un instrumento jurídico para ordenar el crecimiento en el municipio. Hace ya 4 años que se inició el proceso del POEL y aún no se logra concluir, debido a las deficiencias detectadas en los estudios y en el modelo propuesto y, también, a la dificultad de conciliar las visiones encontradas de los sectores participantes.

Quintana Roo
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