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Pablo A. Cicero Alonzo
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Viernes 12 de agosto, 2016

"Dichoso no lo es nadie que viva bajo una ley tal que pueda ser asesinado proporcionando la mayor de las glorias a su asesino”. Lo anterior lo advirtió Marco Tulio Cicerón en su segunda filípica, un molotov de oratoria y cojones contra las ambiciones dictatoriales de Marco Antonio. Hoy día, los enemigos de la libertad revisten otras formas; como hidra, es el sistema y no un individuo al que hay que combatir con elocuencia y valentía.

Aunque parchada, la ley anticorrupción ya se aprobó. El siguiente paso es aterrizarla en los estados. Uno de los posibles escenarios en este siguiente paso es la eliminación del fuero, algo impensable hace algunos años, que, sin embargo, es posible. Así lo demostró el congreso de Jalisco, que se adelantó a las demás entidades y erradicó esta anacrónica figura, que vestía con un aura de impunidad a los funcionarios públicos.

El fuero se implementó en los años de plomo, cuando sobre los opositores realmente se blandía la amenaza de la violencia. Por medio de esta coraza legal, se intentó impedir que por sus ideas políticas las pocas voces disidentes terminaran en calabozos o a la vera de caminos intransitados. Sin embargo, con el paso de los años y con la llegada de la modernidad, esta figura se convirtió en una aberración, en una licencia para robar. Candado trasnochado para políticos trasnochados, al igual que la prohibición de la reelección. Uno de los pilares de la impunidad mexicana está ahora a punto de caer.

La primera llama de esa revolución silenciosa se registró en Jalisco. Ahí, un grupo de diputados, entre los que destaca Pedro Kumamoto, ese matagigantes, lograron lo que parecía imposible. A pesar de que todavía faltan varios capítulos por escribir, es ya casi un hecho que ahí se retire ese manto opaco a los servidores públicos.

El paquete de leyes anticorrupción aprobado por el Congreso federal entrará en vigor en un año. A partir de entonces, los estados tendrán otro año para promulgar, cada uno, sus normas. Es en esas leyes estatales en donde se puede erradicar esta figura, e incluir otras de vanguardia. Por ejemplo, ya se contempla que los fiscales anticorrupción provengan de una terna de la sociedad, y no seleccionados por el Ejecutivo. No más virgilios andrades.

Todos los días somos testigos de actos de corrupción protagonizados por nuestras autoridades. En el ámbito nacional, acapara los titulares el departamento en Miami, por medio del cual un constructor buscó ganarse los favores del presidente Enrique Peña Nieto. En el estatal, un aluvión de denuncias de moches ha sepultado a los diputados, especialmente a los panistas. Las denuncias han sido como una gran parvada de estorninos que caga al unísono sobre alguien. Ese alguien, acertaste, son los legisladores, cubiertos de mierda de pies a cabeza.

La indignación de los ciudadanos puede tomar dos vías: la de la inacción y la de la acción. Podemos rumiar nuestras desventuras y descalificar a nuestros gobernantes, o podemos hacer que las cosas cambien. Empujar, por ejemplo, para que el fuero se elimine es una acción que repercutirá de manera positiva a la sociedad. Durante décadas, los ciudadanos nos hemos comportado como eunucos, como seres castrados, acostumbrados únicamente a ronronear. Poco a poco, a golpe de injusticias, esa docilidad ha ido desapareciendo. Los partidos políticos, cada vez más alejados de los ciudadanos, no se han percatado que nuevas fuerzas se alzan como opciones de participación. Un ejemplo reciente es el ultimátum que lanzaron empresarios ante la inmovilidad de las autoridades por las protestas de maestros disidentes.

Sin restarles el derecho de manifestar su oposición, los actos realizados por estos supuestos maestros no perjudican al gobierno, sino a la sociedad. Ante esa situación, asfixiante, se plantearon alternativas radicales, como, por ejemplo, no pagar impuestos. Muchos, indignados, acusaron a quienes la sugirieron. “Apologistas de delitos”, apuntaron; “traidores”, sentenciaron. En este leonino contrato social, los ciudadanos están obligados a, por ejemplo, dar un porcentaje de sus ganancias para que el Estado les brinde servicios y seguridad. ¿Por qué seguir pagando por algo que no recibes? No rompe el contrato social el que no paga, sino el que deja de hacer lo que está obligado a hacer. Es precisamente el Estado en su tibieza el que rompe.

Estamos ahora en posibilidades de exponer a esos reyezuelos que se placean desnudos, sin que nadie se atreva a decirles las miserias de sus mentiras. Ahora podemos desabotonarles, arrebatarles, incluso, esa capa de impunidad en la que se ha convertido el fuero. Después de abrirle la puerta a la reelección —eficaz herramienta para premiar o castigar a nuestros gobernantes—, la erradicación del fuero es el paso más importante que puede dar nuestra mancillada democracia. Y está en nuestras manos hacerlo.

[b]Mérida, Yucatán[/b]
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