Ley diseñada para fallar

Efraín Tzuc Salinas*
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 8 de julio, 2016

El pasado 25 de julio se cumplieron tres años de la publicación de la Ley de Fomento al Uso de la Bicicleta del estado de Yucatán. Esta Ley, como sus homólogas en los Estados de Querétaro y Colima, no ha sido completamente cumplida por los mismos Ejecutivos que las decretaron.

En el caso de la nuestra, su falta de vinculación con el resto del marco jurídico de forma directa, impide que haya claridad en su aplicación, debido a tres razones:

La primera es que no establece cambios específicos en la administración pública, como una subsecretaría, dirección o departamento de promoción del uso de la bicicleta, por lo que la responsabilidad de promover el ciclismo urbano sigue diluyéndose entre la densa estructura de gobierno.

La segunda razón es que no obliga a la modificación de leyes y reglamentos que guardan relación directa con la movilidad como la Ley de Tránsito y Vialidad, la Ley de Desarrollos Inmobiliarios o los Reglamentos Municipales de Construcción, por mencionar algunos.

Finalmente, la falta de garantías para la participación social también contribuye a la casi nula aplicación de la Ley Bici. La propuesta inicial elaborada por algunos compañeros ciclistas contemplaba, como la Ley homóloga de Querétaro, la creación de una Comisión conformada por Secretarios y Secretarias de Gobierno y representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esta propuesta fue desechada en la versión final de la Ley.

Lo único que sí está garantizado por la Ley Bici es la creación de un Programa de Promoción y Fomento del Uso de la Bicicleta. Este es un documento que podría tener impactos medibles interesantes, a favor del ciclismo urbano en Yucatán. Sin embargo, el mismo Gobierno del estado ha retrasado por más de dos años su publicación, incumpliendo la misma Ley.

Al indagar sobre el Programa a través de una Solicitud de Acceso a la Información Pública con Folio 13931, en marzo de 2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (Seduma) me indicó que el documento entraba en “proceso de integración”, después de más de un año. La institución, ante una nueva solicitud, con folio 00302316, me informó que el Programa “aún se encuentra en proceso de integración y no ha sido concluido”. Estas respuestas sólo pueden indicar una falta de voluntad para cumplir con una disposición que está en la misma Ley o una grave incapacidad de la Seduma para elaborar el Programa.

A diferencia de Yucatán, Querétaro y Colima, otras entidades como Jalisco y la Ciudad de México, han logrado generar marcos jurídicos que promueven la movilidad sustentable, garantizando condiciones favorables para la movilidad ciclista, pero también para la movilidad peatonal, el transporte público y la intermodalidad. Los resultados de la Leyes de Movilidad parecen ser más efectivos que solamente contar con Leyes Bici, pues establecen la creación de una estructura de gobierno definida y especializada que concentra las responsabilidades y obligaciones al respecto. Cuentan con sus propios programas y recursos para atender las problemáticas y permiten una vinculación más eficiente con otras secretarías.

En nuestro estado, es clara la necesidad de una Ley de Movilidad, más aún en el contexto actual de intereses compartidos por el tema a una escala municipal, metropolitana y estatal, con planes importantes como el Movilidad Urbana Sustentable del Ayuntamiento de Mérida, el Plan Vía de la Coordinación Metropolitana de Yucatán y el Programa SITUR de la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado.

Esperamos que los diputados y diputadas puedan trascender la forzada coyuntura de las plataformas de transporte digitales, y puedan ver en la Ley de Movilidad una oportunidad de legislar a favor de la sustentabilidad en nuestro estado.

*Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida

[b]Mérida, Yucatán[/b]
[b]@efra_tzuc[/b]