El costo de la movilidad

Carlos Luis Escoffié Duarte
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 8 de julio, 2016

Quien lee seguramente habrá escuchado esta frase: “una ciudad (o país) avanzada no es aquella en la que los pobres tienen coche, sino en la que los ricos utilizan el transporte público”. No es nada original –más bien es sumamente predecible– que un texto como éste la utilice de apertura. Quizá es repetida hasta al cansancio por representar un consenso sobre el papel que debiera tener el transporte en una ciudad. Ante las últimas declaraciones del titular de la Dirección de Transporte Público del Estado Yucatán (DTEY), quizá es necesario recordarlo.

Humberto Hevia Jiménez, quien encabeza la DTEY, señaló que al menos el 20 por ciento de las rutas de transporte público en Mérida dejaron de ser “rentables y operantes”. También indicó que se harían distintas adecuaciones a las mismas para mejorar el servicio y lograr que sean “más rentables” para quienes poseen las concesiones. Aún no hay información acerca de qué rutas serían las que desaparecerían o serían fusionadas a otras. No obstante, debido a la larga historia de problemas en el rubro, es inevitable hacer algunas observaciones previas a conocer con detalle las modificaciones.

El sistema de transporte público va más allá de moverse físicamente de un lugar a otro. Un buen diseño puede ayudar a combatir la desigualdad, la marginación, la pobreza y la inseguridad. Pero sobre todo, puede ser un espacio común que ayude a generar un verdadero sentido de comunidad o de “cultura ciudadana”. Las empresas privadas pueden aportar muchas ventajas para alcanzar esas metas. Por eso se les ha permitido operar unidades de transporte a través de concesiones. Sin embargo, las rutas no giran alrededor de ellas. La verdadera relación prioritaria es la de los usuarios frente al gobierno, que se sirve de los impuestos para otorgar esos servicios. Les pagamos para organizar el transporte, pues.

Sí, el transporte público cuesta; pero eso no es excusa, ni causa inminente para dejar el de Mérida en el estado en el que se encuentra. Sí, su costo puede verse afectado por factores externos como el precio de la gasolina pero la situación en el municipio no es producto –al menos no única, ni principalmente- de esos factores, que están presentes en muchas otras ciudades de México, América Latina y el mundo, que poseen mejores sistemas de transporte.

Que las rutas sean rentables para las empresas debe ser consecuencia de que éstas sean utilizadas por corresponder a las necesidades de movilidad y sean accesibles. Ignorar esa lógica podría llevar, por ejemplo, a unir dos o más rutas en una para maximizar ganancias pero dando un resultado contraproducente para los usuarios que tendrían que usarla a regañadientes. Porque no les quedaría de otra, porque el transporte público no es un capricho sino una necesidad.

Ojalá la DTEY reconociera que hay otros temas pendientes que ayudarían a que el transporte público en Mérida sea más usado. Si bien en los tres primeros informes de gobierno de esta administración se habla de procedimientos administrativos y operativos especiales de inspección a unidades, creo que no es exagerado que con una simple vuelta en autobús pongamos en duda la eficacia de los controles y la fiscalización. Ni el incumplimiento de requisitos mínimos (y de sentido común) pareciera causar mayores consecuencias a quienes han obtenido la concesión. Ese sería un gran primer paso para cambiar de raíz el sistema de transporte: entenderlo como un servicio y espacio comunitario, en lugar de un simple negocio privado.

@kalycho