Por Rafael Robles de Benito

Rafael Robles de Benito
Foto: Conanp
La Jornada Maya

Jueves 4 de agosto, 2016

El 21 de julio apareció una nota en este mismo diario, en la que se anunciaba la próxima creación de una gran área natural protegida en el Caribe Mexicano. Con un presupuesto estimado en 120 millones de pesos, esta Reserva de la Biósfera del Caribe tendría una superficie de más de cinco millones de hectáreas. A primera vista, pareciera un esfuerzo plausible por parte del gobierno federal. Pero, ¿hace sentido?

La región Península de Yucatán y Mar Caribe –de acuerdo con la distribución territorial que ha hecho la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para organizar su atención a las diversas zonas sujetas a algún régimen de protección en el país– incluye a la fecha alrededor de una veintena de áreas protegidas, entre Reservas de la Biósfera, Parques Nacionales, y Zonas Sujetas a Protección Ecológica. Ninguna de ellas se encuentra libre de problemas.

La reserva de la Biosfera Ría Lagartos carece de director, y no ha podido publicarse la nueva versión de su programa de manejo; el Parque Nacional Arrecife Alacranes también carece de director, y es imposible lograr una presencia permanente y consistente en el sitio, ya que el área no cuenta ni con personal, ni con embarcaciones, combustibles o recursos financieros para garantizarla; el Área de Protección de Flora y Fauna Otoch Ma’ax Yetel Kooh se debate entre conflictos de tenencia de la tierra y acceso a los recursos que generan las actividades turísticas y los programas de subsidio, también sin dirección y sin personal; el Parque Nacional Dzibilchaltún no tiene personal, ni presupuesto asignado, con que encarar los conflictos de tenencia de la tierra, los intentos de invasión, o la controversia con el INAH; y la Reserva de la Biosfera Ría Celestún enfrenta periódicas confrontaciones con los prestadores locales de servicios turísticos, siempre ávidos de lograr mayores subsidios, en un perversa relación clientelar.

Esto es solamente en lo que atañe a las áreas federales en el estado de Yucatán. Además, en Quintana Roo, el Parque Nacional Tulum, otrora bandera de los éxitos jurídicos de la CONANP frente a las presiones del desarrollo turístico voraz, se debate sin dirección en una lucha permanente por sobrevivir al embate de invasores y especuladores. Yumbalam, en el norte del estado, enfrenta una constante lucha por la tenencia de la tierra y el desarrollo turístico irregular. Y la retahíla de problemas puede continuar, con las invasiones y desmontes en Balam Ka’ax, los pleitos por uso del suelo para infraestructura turística en Puerto Morelos, o los excesos en la demanda de permisos para visitar los sitios donde se encuentran los tiburones ballena.

Campeche no está exento de problemas: Petenes sufre periódicos encontronazos con pescadores empeñados en hacerse de los recursos del sitio, especialmente pulpo y pepino de mar, mientras que Calakmul, una de las joyas de la corona de la conservación peninsular, se debate con escaso personal, recursos y equipos, en esfuerzos por lograr la conservación de más de setecientas mil hectáreas de selvas medianas.

Frente a este panorama, ¿cuenta la CONANP con 120 millones de pesos adicionales para emprender el manejo de un área enorme del Caribe, que incluye mares biológicamente muy poco productivos (oligotróficos), y en la que no queda claro cuáles son los objetos de conservación? Y si cuenta con esos recursos, ¿no estarían mejor empleados en la consolidación de áreas de probada importancia, que a veces parecen caer en el olvido y el abandono?

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[b]Mérida, Yucatán[/b]