Reporte 8 am

Pablo A. Cicero Alonzo
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 3 de agosto, 2016

Hace un mes comenzó a circular en las redes sociales un video en el que claramente se observa a cinco policías torturando a un hombre. Esos agentes, se averiguó después, pertenecen, cuatro, a la policía municipal de Tekax y uno, el único encapuchado, a la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán. El sujeto al que golpean, patean y simulan su ahogamiento es un sospechoso de abigeo, robo de ganado.

La aparición de ese material trajo varias consecuencias, entre ellas que los policías involucrados fueron dados de baja y ahora afrontan un proceso judicial. Su captura, hay que reconocerlo, se realizó en cuestión de horas después de que se viralizó la tortura. Sin embargo, en la sociedad reina una sensación de impunidad, de que las autoridades únicamente cumplieron con lo estrictamente indispensable. ¿Qué quieren? ¿Culpables? Ahí van unos.

En esta coyuntura, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán ha tenido un papel protagónico. A través de su presidente, ha solicitado que se analice la actual norma y que se legislen los candados necesarios para que los actos de Tekax no vuelvan a ocurrir. Esta petición ha caído mal a un sector. Por ejemplo, ayer leímos que Celia Rivas estaba en desacuerdo con el ómbudsman. No hay que generalizar, decía la ex fiscal. Ese mismo día, los regidores meridanos de su partido aseguraban que una paramunicipal “cobra el doble”, esgrimiendo dos casos; dos.

Los periodistas que revelaron el caso Watergate, que a la postre defenestraría a Richard Nixon, tuvieron una fuente que mantuvieron en el anonimato; para cuestiones prácticas, la bautizaron “garganta profunda”. En esta historia, “garganta profunda” fue Miguel Antonio Bacab Ku, el policía que filmó a sus compañeros torturando al presunto delincuente y que después hizo público. Días después de que el video saliera a la luz, el agente desapareció; incluso, su madre y esposa encabezaron marchas en Tekax denunciando este hecho. Apareció horas después, y denunció que sus compañeros se habían vengado; utilizando las mismas tácticas para arrancar confesiones, los policías se la cobraron. La nueva víctima ofreció diversas entrevistas, a varios medios de comunicación; incluso, recibió el apoyo de políticos, quienes vieron en este caso la oportunidad de sacarse una fotografía. Notas de día, tragicomedia por entregas. Un mes leyendo intrascendencias sobre este indignante caso, por el que se le apuesta al olvido, a la memoria de teflón de los yucatecos, ahora absortos en la trayectoria de Earl.

El alcalde Josué Couoh Tzec negó estar al tanto de los brutales métodos de su policía e, incluso, ha defendido al director y subdirector de la misma, Juan Alberto Golib Moreno y Gabriel Puc Maldonado. Estos funcionarios siguen en sus puestos, esperando detrás de sus escritorios a que amaine la tormenta. Tal vez la orden de torturar no salió de sus bocas, pero en una corporación de seguridad es igual de peligroso tener al mando a un sanguinario que a un timorato.

Si no es por acción, debería ser por omisión el motivo de remoción de Golib Moreno y Puc Maldonado. Ambos nos recuerdan al jefe Górgory, personaje de la caricatura Los Simpson; sobre todo en la escena en la que Homero va a poner una denuncia y el jefe de la corporación le toma dictado en su máquina de escribir invisible.

La reacción de las autoridades de Tekax al conocer las denuncias del policía fueron igual de caricaturescas. El director jurídico de la Comuna, Miguel Antonio Oropeza Cervantes, dijo que “no tiene sustento alguno de lo que dice” y que “lo que él tiene es una ligera gastritis”. Esto lo desmintió el propio Miguel, mostrando análisis clínicos, con fecha de 25 de julio de 2016, realizados por el doctor Manuel J. Pacheco y Aguilar. Ahí se demuestran los golpes que sufrió.

Ante un hecho tan vergonzoso, las autoridades se niegan a aceptar los hechos, desde el diagnóstico ácido —no por gástrico— del director jurídico tekaxeño a la cerrazón de la diputada Rivas de revisar el ordenamiento jurídico actual para evitar que situaciones de este tipo se repitan. Tekax se quiere silenciar, transformar en Tekashhhh, como editorializó con su genial humor Tony Peraza.

Otro silencio estridente es el de la Secretaría de Seguridad Pública y de su titular, el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda. Uno de los involucrados en este incidente portaba un uniforme de esa corporación. Además, Tekax es un municipio gobernado por el PRI, por lo que la coordinación entre las policías estatal y municipal es muy estrecha. Por varias vertientes, los caminos conducen a Saidén.

Este episodio, esperemos que inconcluso, igual nos demuestra que la Codhey, en muchas ocasiones, es un objeto de decoración; sirve de conciencia para las autoridades, que escuchan los informes y quejas como zumbidos de molestos moscardones. Nada más. La figura del ómbudsman está devaluada, ya que quienes han detentado este título no se la creen. Más que salvaguardar los derechos de los ciudadanos, ellos mismos se ven como empleados del gobernador. Así, con esa autoestima tan rastrera, está difícil que sus recomendaciones se cumplan. Es precisamente en esta coyuntura en la que el actual presidente de la Codhey puede hacer la diferencia y mostrar unos colmillos y garras que quienes ocuparon el puesto antes que él guardaron recatadamente, como las señoritas de Tabacón.

Mérida Yucatán
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