Detrás de las devastaciones

Rafael Robles de Benito
Foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Martes 5 de julio, 2016

A veces, en el ánimo de convertir en causa nuestros intereses, incurrimos en excesos que generan confusión. Un ejemplo reciente es la comparación que se intenta hacer entre lo que sucedió con los manglares de Tajamar, en Cancún, y lo que podría acontecer en el Área de Protección Otoch Ma’ax Yetel Kooh, conocida todavía por mucho como Punta Laguna. Como casi siempre, una visión histórica – una mirada al retrovisor, por así decirlo – ayuda a esclarecer el panorama, y a proponer mejores vías hacia el futuro.

Empecemos para ello revisando el origen de la tenencia de la tierra de lo que hoy es área protegida: alguna autoridad agraria del último tercio del siglo XX tuvo la peregrina idea de dar respuesta a la demanda de tierras de un grupo de campesinos de Valladolid, Yucatán, otorgándoles unas 10 mil hectáreas de terrenos situados en el vecino estado de Quintana Roo, para establecer un ejido. La mayoría de los derechohabientes de ese ejido reside muy lejos de sus tierras, y se dedica a actividades muy distintas de la agricultura, o de la extracción de recursos forestales.

Pero el ejido no está vacío: dentro de los límites de su dotación, o en terrenos que colindan con ella, se encuentran varias comunidades como Punta Laguna, Campamento Hidalgo, Nuevo Durango, o Cinco Cenotes, para mencionar solamente unas cuantas. La primera, Punta Laguna, ha sido tradicionalmente la “puerta de entrada” del turismo que acude a conocer las bellezas naturales y a apreciar las tropas de monos araña que habitan la zona; y la segunda es sede de familias de artesanos que ofrecen desde hace años sus productos a los visitantes.

Cuando se iniciaron las gestiones para el establecimiento legal de un área protegida en la zona, ya existía entre los ejidatarios de Valladolid la percepción de que alguien se quería aprovechar de ellos, y de su condición de propietarios de la tierra, para favorecer a un grupo de residentes de Punta Laguna. Entonces, la autoridad ambiental sostuvo una serie de reuniones con la asamblea ejidal, donde se acordó la dimensión y la forma del área (cerca de la mitad de las tierras comunales del ejido) y la asamblea ejidal decidió cuál debía ser el nombre del área: Otoch Ma’ax Yetel Kooh: la casa del mono y el tigre.

Con ese nombre, y con esa superficie, fue decretada por el gobierno federal como área de protección de flora y fauna: a petición de la asamblea ejidal, con el nombre que ese organismo acordó, y en la superficie que determinaron como válida. Es su tierra, y la decisión de manejarla en calidad de área protegida es de ellos. Sus derechos sobre el destino del área son inobjetables.

Es cierto que hasta ahora los esfuerzos por dotarla de infraestructura, personal, y proyectos de desarrollo de turismo alternativo se han centrado más en Punta Laguna y Campamento Hidalgo. Ahí habitan quienes hacen uso del área. ¿Hay intereses oscuros de inversionistas turísticos para adquirir la tierra? No lo sé. Seguramente los miembros de la asamblea ejidal de Valladolid están más informados.

Pero lo cierto es que hoy no parece haber grandes inversionistas interesados en construir infraestructura turística en el sitio, ni hay grandes negocios de los que se esté excluyendo a los ejidatarios. Si acaso hay algo que nos deba preocupar, es el sepulcral silencio de la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas acerca de lo que sucede en un área sujeta a su responsabilidad.

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Mérida, Yucatán