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Pablo A. Cicero Alonzo
Foto: René Burri
La Jornada Maya

Martes 28 de junio, 2016

Como en la gran mayoría de las decisiones gubernamentales, las que se toman al momento de contratar pautas en medios de comunicación obedecen a razones opacas y, la mayoría de las veces, poco eficaces. No se toman en cuenta audiencias, tirajes ni áreas de influencia y no tienen como objetivo informar.

Se requiere una ley que regule la hasta ahora arbitraria inversión pública en los medios. Es una urgencia que reclama el sector y la sociedad, que en esta vorágine de falta de transparencia queda huérfana de noticias veraces e imparciales.

Una normatividad que incluso contemple la creación de un comité de expertos que le arrebate a quienes hoy reparten el dinero público como si fuera propio, con parámetros nada profesionales, donde las vísceras reinan y el cerebro se mantiene enjaulado en los barrotes del amiguismo. Lo resuelto por este comité puede convertirse incluso en un faro para la iniciativa privada, que en sus recomendaciones al gobierno incluirían perfiles y alcances de cada medio. El fin es transmitir el mensaje de una manera clara y directa, con precisión de estilete, no de cuchillo de carnicero.

Los recursos públicos destinados a la información no pueden seguir ejerciéndose como hasta ahora, al vaivén de las filias y fobias de una sola persona. Hace falta profesionalizar las relaciones entre el gobierno y los medios, con el único objetivo de ejercer de una mejor manera el recurso público.

¿Y cuál sería la forma óptima de que el gobierno invierta en los medios de comunicación? Buscando y consiguiendo el único fin que se debe perseguir: informar. No el que hablen bien de una administración o de su titular. No el de denostar a un rival político. No el de silenciar a reporteros o editorialistas.

Todo el mundo acepta que un diario vivo y maltratado tal vez sea mejor que un diario muerto y respetado. Lo anterior lo afirma Thomas Piketty en el prólogo del ensayo [i]Salvar los medios de comunicación[/i], de Julia Cagé. El autor de [i]El capital en el siglo XXI[/i] habla también del importante papel de los medios en la democracia y cómo éste languidece ante los embates del mercado.

El primer derecho en el periodismo es el de existir, coincide Fabrizio León Diez, director de este periódico. «Tener la posibilidad de ejercerlo, con garantías y ser considerado como una empresa proveedora de información y opinión». Una coincidencia de voces que reclaman el fortalecimiento de los pilares que representan los medios, en medio de una rampante corrupción que carcome a la sociedad.

Gran parte de la pauta publicitaria de los medios de comunicación proviene del gobierno. El Estado, así, da a conocer a diversas audiencias los alcances y contenidos de sus programas, ya sea en páginas de periódicos, anuncios de radio y TV, banners de sitios web…

No es caridad ni ayuda a un sector: el gobierno está obligado a informar de sus actividades a los ciudadanos. Es vía los medios de comunicación por el que nos informamos, por ejemplo, de la próxima campaña de descacharrización; también, de la posible llegada de un huracán, entre otras muchas cosas de interés.

Entre los medios y el gobierno existe una extraña relación, muchas veces incómoda para ambos, ya que igual es labor del medio informar de lo que no se quiere que se sepa, si no, reduciría su papel al de relacionista público o propagandista. Esta última parte no se ha entendido. O no se ha querido entender. Los que se creen dueños del dinero, en este caso público, consideran que no sólo pagan por un espacio publicitario; también por la conciencia del periodista o del editor. El monto del cheque cubre la tarifa por la información y por el silencio.

La censura en México, bajo este esquema, tiene dos variantes: las balas y los billetes. La dificultad de ejercer el periodismo en algunos estados de nuestro país ha sido ya denunciada por organismos internacionales, como Article 19. Hay regiones de México en donde, incluso, la libertad de expresión está más amenazada que en los territorios gobernados por el talibán.

La otra cara del monstruo bicéfalo de la censura es la compra de pauta publicitaria. Nadie resiste un cañonazo de cincuenta mil pesos, aseguró Álvaro Obregón. Y tenía razón. Nadie. Los gobiernos utilizan esta herramienta para comprar no sólo espacios publicitarios, sino también las conciencias de los medios de comunicación.

Se viven tiempos convulsos en el sector. Cada día, el hábito de la lectura se abandona en el ayer y las nuevas generaciones optan por lo entretenido antes que por lo importante. Entre la espada y la pared, en la mayoría de las ocasiones los medios sucumben a las amenazas de los que se creen los amos del dinero para garantizar su sobrevivencia. En otros casos, los motivos para aceptar el pacto con el diablo es meramente mercantil.

El papel de los medios de comunicación se ha reducido, en muchas ocasiones, a altavoces de dependencias de gobierno, que destacan las actividades realizadas por el organismo público o por su titular. Todo se reduce entonces a la réplica de sosos boletines que incluso parecen ser redactados para que nadie los lea.

Coincido también con el periodista Jenaro Villamil, quien en su intervención en la mesa panel Retos de la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos, que organizó la Codhey, instó “a la creación de una ley de equidad de publicidad del sector público, que busque desconcentrar el uso de recursos públicos y hacer un uso racional de la publicidad, tanto para medios electrónicos como impresos y digitales, sin condicionar la línea editorial; una la ley con la que se profesionalice la relación entre prensa y gobierno”.

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[b]Mérida, Yucatán[/b]


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