Estado de derecho

Carlos Luis Escoffié Duarte
Foto: Ap
La Jornada Maya

Jueves 23 de junio, 2016

Anhelamos con desesperación vivir en un Estado de derecho con democracia, pero estamos tan acostumbrados a todo lo contrario que –consciente o inconscientemente– nos oponemos a alcanzar nuestra propia meta. Las reacciones de algunos sectores e individuos frente a lo ocurrido el domingo en Nochixtlán lo demuestran. Ni las imágenes, ni el saldo de muertos y heridos, ni las incongruencias y justificaciones desmentidas que en tan pocos días han salido parecieran ser suficientes. “Contra los [i]chairos[/i] no puede haber garantías, contra las autoridades no puede haber limitaciones de legalidad”. Si esa es nuestra lógica, nunca vamos a reconstruirnos.

Sorprende que haya que insistir en esta aclaración ociosa: el reproche hacia lo ocurrido el domingo no depende de poseer o no una simpatía a la CNTE, sino de una fuerte convicción en el valor de la vida y la dignidad humana, así como una intolerancia frente a todo lo que sea contrario a un estado de derecho. No falta quienes –junto a personajes como Gabriel Quadri, Pablo Hiriart, Jorge Fernández Menéndez y Pascal Beltrán del Río- se opongan a la indignación argumentando que los manifestantes son “revoltosos”, “vividores”, que tienen nexos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y que, incluso, algunos miembros de esa guerrilla habrían estado presentes al momento de los hechos. El punto, al menos de estas líneas, no es la CNTE, sino qué debería hacer en esas circunstancias un Estado que se dice de derecho y democrático.

El modus operandi de esta administración ya es conocido: primero, dar una versión maquillada que omita todo aquello que pueda poner en duda la actuación de cualquier agente estatal; y después, dependiendo del [i]rating[/i] de la indignación y la atención mediática, ir reconociendo algunas cosas inevitables –sólo algunas- conforme vayan destapándose. Por último, manifestar su preocupación y tristeza, homogenizando lo más posible el discurso con el de las víctimas y la sociedad, y, al mismo tiempo, desprestigiar con argumentos –como los de Quadri y compañía- que no cuestionan la actuación del gobierno y a la brutalidad. Es decir: “el Estado debe aplicar la ley con firmeza, pero no a sus miembros”.

Estas reacciones no son nuevas. Cuando comenzaron a iluminarse los hechos de Tlatelolco, se minimizaban porque las víctimas eran estudiantes de izquierda que iban a marchas. En Acteal, porque las víctimas eran simpatizantes del EZLN. Atenco, Tlatlaya, Ayotzinapa y muchos otros casos confirman esa lógica enfermiza desde el punto de vista democrático: justificar la violencia hacia el otro cuando es ideológicamente diferente. Las vidas son sagradas, vengan de donde vengan. Y las actuaciones del Estado que atente contra ellas y la dignidad humana deben ser condenadas por igual, sean los afectados de izquierda o de derecha, hayan “hecho algo” o no, compartamos políticamente con ellos o no.

Si los hechos hubiesen ocurrido en Venezuela, personajes como Felipe Calderón hubieran derramado miles de tweets indignados, tal y como acostumbran –con justa razón- cuando la represión del gobierno tiene lugar en ese país. Pero como ocurrió en México, en una marcha de izquierda, contra miembros de la CNTE, mejor dejar a los [i]chairos[/i] preocuparse y no tocar el tema. O bien, tocar el tema para criticar a las víctimas, pero no para cuestionar al gobierno. Aun cuando hayan dicho al principio que no murió nadie y luego que sí; que la policía no tenía armas y luego que sí; que la policía no disparó y luego que sí.

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Mérida, Yucatán