Ofreció una misa

Luis Hernández Navarro
Foto: Moysés Zúñiga Santiago
La Jornada Maya

Martes 21 de junio, 2016

Pablo Andrés García Cruz es párroco de la iglesia Martes Santo, en Juchitán, Oaxaca. El pasado miércoles 5 de junio ofició una misa en la carretera Panamericana, a la altura del entronque Canal 33. Allí se encontraban maestros y padres de familia que establecieron un retén carretero.

En su homilía –narró Ixtel Welt–, el sacerdote García Cruz explicó que los profesores bloquean las vialidades no por gusto o por capricho sino para defender una causa noble y su propio trabajo, que es sagrado. Los maestros –dijo– ya quisieran estar en la escuela dando clases, en lugar de padecer incomodidades.

El presbítero hizo un llamado al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a ver las cosas serenamente, no con intereses y dobleces, y a sentarse a dialogar verdaderamente con los profesores, no con mentiras ni falsas promesas. Demandó no enviar a las fuerzas federales a reprimir a los docentes. Y le preguntó: ¿cómo no se le conmueven las entrañas? ¿Qué entrañas tiene?

La policía –advirtió el presbítero– debe considerar que no está enfrentando a una bola de gente que no sabe lo que hace, sino a gente preparada, estudiada, que ha estado en una universidad pedagógica. “Es –dijo– gente que piensa”.

Los asistentes al rito oraron en zapoteco y español, se tomaron las manos y rezaron pidiendo por el diálogo y la paz. Presentes en el acto, los familiares de los profesores Francisco Villalobos y de Heriberto Magariño, dirigentes de la sección 22 detenidos por el gobierno, pidieron por su liberación.

El padre García Cruz no es el único cura que defiende los retenes populares en las vialidades. Mientras caminaba por la barricada de la comunidad de Santa María Huamelula, en la costa oaxaqueña, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, manifestó su total respaldo a los maestros. Existe ­–ex­plicó– mucha molestia por los bloqueos y cierres carreteros que encabezan los profesores, pero "si no se hace así, este gobierno seguirá haciendo de las suyas". Finalmente urgió a las autoridades federales y estatales a privilegiar el diálogo y evitar la represión (http://goo.gl/IO7rpP).

La solidaridad de los religiosos hacia las protestas docentes es un indicador de hasta dónde la lucha magisterial en Oaxaca ha dejado de ser un movimiento exclusivamente gremial contra la reforma educativa y se ha transformado en una enorme movilización social. La gota que derramó el vaso fue la arbitraria detención de los dirigentes de la sección 22, Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Los ánimos del pueblo oaxaqueño están encendidos. Y como parte de su enojo, desde la noche del domingo 12 de junio han hecho los bloqueos carreteros y las barricadas que han brotado como hongos.

Esos bloqueos surgieron espontáneamente. No fueron un acuerdo de la asamblea estatal de la sección 22, máximo órgano de dirección del movimiento. Fueron convocados en puntos clave de la geografía regional por el tañido de las campanas de las iglesias y la estallido de los cohetes. Cercaron el estado y dificultaron enormemente el traslado y abastecimiento de las fuerzas policiales responsables de la represión.

Los funcionarios oaxaqueños fueron, durante casi una semana, una especie de fantasmas que hacían declaraciones desde lugares desconocidos y los difundían mediante las redes sociales. Su presencia fue virtual. Nadie los vio en las calles. La administración pública se paralizó. Simultáneamente, desobedeciendo al gobernador, centenares de municipios y autoridades ejidales y comunales expresaron públicamente su apoyo a los profesores y exigieron al gobierno federal sentarse a dialogar.

Pero en lugar de atender los llamados al diálogo hechos por los sacerdotes católicos y autoridades municipales, el gobierno federal intensificó la represión. En los hechos, impuso un estado de sitio. El sábado 18 de junio policías se concentraron para tratar de desalojar los bloqueos en el Istmo de Tehuantepec. No tuvieron mucho éxito. En ciudades como Salina Cruz se dio una verdadera batalla campal de más de cuatro horas de duración. Tan pronto como las policías lograban desbaratar una barricada los pobladores volvían a instalarla.

Un día después, la violencia gubernamental aumentó. A las 8.30 de la mañana del domingo, día de plaza, la Policía Federal lanzó una salvaje ofensiva en Nochixtlán. Allí estaban concentrados más de 2 mil pobladores mixtecos de San Andrés Sinaxtla, Yanhuitlán, Suchixtlahuaca y Tilantongo, que habían bajado a comprar y vender. Cuando las fuerzas federales atacaron a los maestros y a los padres, la multitud cercó a los policías. Éstos respondieron lanzando más gases y disparando armas de alto poder contra hombres, mujeres y niños, ancianos y jóvenes. La orden que recibieron –según cuentan Genaro Bautista y Franco Gabriel– fue: "tiren a matar". La cumplieron cabalmente. Fueron asesinados ocho maestros, estudiantes y campesinos indígenas. Heridos más de 50.

Dar la instrucción de desalojar violentamente un acto de protesta en un mercado indígena es una absoluta irresponsabilidad. Los pequeños comerciantes y marchantes respondieron solidarizándose con los agredidos. Los mixtecos son un pueblo guerrero. Lo han sido por siglos. Agredirlos y suponer que no van a responder es un acto de ingenuidad. En Nochixtlán la Policía Federal actuó con ignorancia y torpeza. Su respuesta a la ira popular fue criminal.

Otros desalojos igual de violentos se produjeron en Hacienda Blanca y en Viguera. Al igual que en Nochixtlán, el helicóptero lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes y la policía disparó y atacó al personal médico que atendía heridos. En Hacienda Blanca, grupos de francotiradores agredieron a los pobladores. Un menor fue asesinado.

No hace falta ser adivino para vislumbrar que la política de Aurelio Nuño hacia los maestros oaxaqueños iba a precipitar una crisis como la que se vive. Basta conocer mínimamente la historia del movimiento magisterial en la entidad para saber que algo así iba a suceder. La arrogancia, ineptitud política y compromisos que el secretario de Educación tiene con las cúpulas empresariales transformaron un asunto meramente pedagógico en un grave problema político nacional.