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Carlos Fernández Vega
Foto: Ap
La Jornada Maya

Martes 21 de junio, 2016

En Oaxaca el gobierno peñanietista reafirma, por si hubiera duda, su enorme incapacidad política para resolver, por la vía del diálogo y la negociación, las demandas sociales. Con bala y garrote pretende "arreglar" la gravísima problemática (hambre, miseria, desigualdad) que registra el estado desde siempre. No fueran exigencias de un grupo empresarial, porque de inmediato habría actuado. Pero no: se trata de los reclamos de los mexicanos de a pie, y para ellos represión.

Año tras año, informe tras informe, Oaxaca aparece entre los más pobres y desiguales en un país inundado de pobreza y desigualdad. Pieza central en la geografía de la miseria nacional, la tierra de Benito Juárez destaca, sí, pero por la creciente marginación y el histórico rezago. ¿Puede un estado, un país, vivir en "paz social y tranquilidad" con esa realidad social? En Los Pinos aseguran que sí, con todo y que la desnutrición infantil constituya la tercera causa de muerte en niños oaxaqueños. Y el rezago social lo combate a punta de bala.

El resultado de tal "política social" es más que obvio: en 2000 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) denunció que Oaxaca tenía los municipios con menor ingreso en el país; en 2004 advirtió que cuatro municipios de oaxaqueños encabezaban el inventario de pobres en el país; en 2014 el propio organismo subrayó que el municipio con menor desempeño en la entidad, San Miguel Santa Flor, reportaba un índice de desarrollo humano similar al de Liberia, África, y que la brecha entre éste y el municipio de mayor desarrollo en el estado era de 60 por ciento.

Para 2015, el PNUD de plano hizo un comparativo brutal: Oaxaca registró un índice de desarrollo humano similar al de Botsuana, África, y para que el estado alcanzara un nivel de desarrollo humano equiparable al que ese mismo año registró el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, deberían transcurrir casi seis décadas para que en 2073 los oaxaqueños vivieran como los chilangos, y eso sin considerar que tampoco los nativos de la "ciudad con ángel" llevan todas las de ganar.

La experiencia de 2006, como todas las anteriores, le importó un cacahuate al gobierno estatal y al federal. En lugar de desarrollo a los oaxaqueños los llenaron de represión. Por ejemplo, en 2008 Oaxaca ocupó el escalón número 30, de 32 posibles, en lo referente al índice de desarrollo humano. Para 2012 no se había movido de allí. Lo mismo sucedió con los índices de salud, educación e ingreso. Con la bandera oficial de "paz y tranquilidad", la miseria sigue cabalgando en la entidad.

Miles y miles de oaxaqueños se diseminan por el territorio nacional, y miles más cruzaron, cruzan, la frontera norte en busca de oportunidades. De acuerdo con el censo 2000 del Inegi, 3 millones 438 mil 765 oaxaqueños poblaban el estado; 15 años después (Encuesta Intercensal 2015 del propio organismo) el número apenas se incrementó a razón anual promedio de poco más de uno por ciento (contra 1.8-1.9 por ciento nacional) para llegar a 3 millones 967 mil 889. El resto, aquí y allá deambulando en busca de la vida. Y los que se quedaron en su tierra natal están condenados a vivir en la miserable "paz y tranquilidad" que les garantiza el gobierno.

Las cifras oficiales indican que, en promedio, 67 por ciento de los oaxaqueños –en el estado– son pobres y 28 por ciento sobrevive en pobreza extrema. Segundo lugar nacional, sólo después de Chiapas, con otro "gobernador" al estilo Gabino Cué. Sin embargo, el Coneval ha detallado que en la entidad, con 570 municipios, se registran casos como el San Juan Tepeuxila, con 97.4 por ciento de su población en pobreza; Santiago Textitlán, 96.6; San Simón Zahuatlán, 96.4; Santos Reyes Yucuná, 96; San Vicente Coatlán, 94.4; Tataltepec de Valdés, 93.1 y Totontepec Villa de Morelos, 93.

Gravísima la realidad social de Oaxaca, aunque en otras partes nada bien les va, pues en el inventario de la pobreza nacional, con base en los informes del Coneval, de 2 mil 456 municipios, 93.4 por ciento (2 mil 294) tenía más de 50 por ciento de su población en tal condición.

Para el caso oaxaqueño un elemento adicional lo aporta el Banco Mundial: las tasas de mortalidad infantil por enfermedades infeccionas son 2.5 veces mayores que el promedio nacional, los indicadores de salud son de los más bajos del país y se encuentran, junto con Chiapas y Guerrero, en el extremo inferior en la lista de los estados ordenados según esperanza de vida en el momento de nacer y esperanza de vida libre de discapacidad en el momento de nacer.

Entonces, si el gobierno (estatal y federal) hubiera hecho su chamba y hubiera invertido los recursos para el desarrollo del estado en lugar de movilizar a miles de elementos de las fuerzas represivas, gastar una millonada en armamento y en la adquisición de todo tipo de tecnología punitiva, tal vez la realidad social de Oaxaca sería distinta y la "paz" verdadera.

Pero no. En el gobierno gritan a coro que "¡los culpables son los maestros!"

[b]Las rebanadas del pastel[/b]

¿Qué ha pasado con los llamados Panama Papers? El Servicio de Administración Tributaria, el temido SAT, actualizó la información, la cual dice así: La autoridad fiscal ha identificado a 311 sujetos, de los que 280 son personas físicas y 31 empresas mexicanas, a los cuales se les relaciona en forma directa o indirecta, o bien las refieren como prospectos de clientes del despacho Mossack Fonseca. Se identificaron doscientos noventa, de los cuales doscientos setenta y uno son personas físicas y diecinueve son empresas. Observó que de los sujetos relacionados de manera directa en una o más operaciones reveladas, en 267 casos no se logra identificar el año en que se realizó la operación y sólo en 23 casos se cuenta con información del año de realización. Se detectó información asociada a once empresas y a tres personas físicas que fueron referidos como socios, partes corporativas, asociados o familiares con los sujetos, sin que exista referencia directa a la realización de alguna operación. Sesenta y siete han sido sujetos de auditorías fiscales realizadas por el SAT con una recuperación a favor del fisco y aún se encuentran liquidaciones en proceso de cobro por 187 millones de pesos. A la fecha, las cifras recaudadas por estas acciones ascienden a 300.9 millones de pesos, adicionalmente un sujeto solicitó pago en parcialidades por la cantidad de 104.7 millones de pesos, quien deberá pagar recargos por prórroga del orden de 18 por ciento anual.


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