Tabacón B. Linus

La Jornada Maya
Foto: Óscar Rodríguez

Lunes 20 de junio, 2016

Imaginemos que de pronto el gobierno federal obligase a las iglesias, por la política de equidad de género que exige la Constitución, a que la mitad de sus pastores o sacerdotes fueran mujeres.

Imaginemos que para no exponer a los menores de edad a imágenes de violencia, de pronto se ordenara a los templos retirar imágenes de Jesucristo y su suplicio en la cruz o –como es el caso de algunas iglesias– imágenes de santos y su martirio.

Las dos medidas de orden serían coherentes en el marco de las normas civiles; vamos, son medidas que cotidianamente se aplican a empresas (en la equidad de contratación laboral) y hasta en cines (por las imágenes que los menores pueden ver en las películas). Sin embargo, esas medidas violarían el principio constitucional que establece que el gobierno mexicano no intervendrá en la vida interna de las asociaciones religiosas.

Ahora bien, ese principio constitucional –el que permite que las iglesias lleven a cabo ciertas prácticas que fuera de la esfera religiosa serían inaceptables– es el mismo principio que establece que los ministros de culto no pueden oponerse a las leyes del país o sus instituciones y, por el contrario, las iglesias deben propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas.

Además, el Estado mexicano es laico y la Constitución señala que los actos del estado civil de las personas (entre ellas el matrimonio legal), son de competencia exclusiva de las autoridades civiles.

En ese marco de razonamiento, lo que hemos visto en las últimas semanas es una transgresión y agresión absoluta hacia la esfera de lo civil y el principio de igualdad laica entre los ciudadanos, por parte de grupos e individuos que, con argumentos pseudo–religiosos llenos de prejuicios, se oponen al matrimonio igualitario.

Dejemos claro que el matrimonio igualitario aplica exclusivamente para el matrimonio civil, al que todos como ciudadanos –sin importar nuestra denominación religiosa– tenemos derecho en un Estado laico. Nadie está pensando en reformar la concepción del matrimonio que los distintos grupos religiosos tengan en sus muy diversos y ancestrales rituales.

El matrimonio civil debe ser coherente con la noción de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y, especialmente, debe ser congruente con el respeto integral de los derechos humanos. Precisamente por eso, debe ser un matrimonio igualitario, como igualitario es el derecho de todo mexicano –sin importar su preferencia sexual– a celebrar contratos en la esfera civil.

Quienes con argumentos religiosos y llenos de odio atacan el principio de igualdad de los mexicanos ante las leyes, están atacando la pluralidad del país y tratando de imponer su visión a todos los demás. Son lobos disfrazados –literalmente en el imaginario religioso– de ovejas. ¡

Esa actitud es inaceptable en un Estado de leyes, y quizá ya es tiempo que las autoridades hagan algo al respecto. El integrar visiones religiosas a la vida civil, el querer imponer leyes religiosas a todos los ciudadanos nunca ha traído nada bueno. Pregúntenle a quienes viven bajo el extremismo de ISIS en Medio Oriente, a los que sufren violencia religiosa en algunas regiones del Sudeste Asiático; o, bien, a los seres queridos de aquellos que acaban de ser sacrificados en Orlando en un acto de barbarie e intolerancia.

Si empezamos a recorrer el camino de grupos y argumentos religiosos dictando las leyes civiles, preparémonos para un camino escabroso. Si empezamos a buscar regir la esfera pública por lo que dictan la Biblia, la Torá, el Corán o los libros sagrados de cada religión, vienen días oscuros y hasta violentos.

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Mérida, Yucatán