Efraín Tzuc Salinas
Foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya
Jueves 16 de junio, 2016
El pasado lunes, el Congreso del estado de Yucatán aprobó la iniciativa enviada por el Ejecutivo para reformar la Ley de Transporte, luego del vergonzoso ataque de conductores de taxis del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) a conductores de Uber.
La política de parches del Legislativo demuestra que es necesario agarrarse a golpes para que nuestros diputados hagan su trabajo. La Ley de Transporte fue publicada en 1999, ¡hace 17 años! Por supuesto es una ley obsoleta. Actualmente, los estados que mejor han regulado aspectos de movilidad y transporte son la ahora Ciudad de México y Jalisco, con leyes de movilidad que abrogaron sus antiguas leyes de transporte.
Es importante señalar que la regulación de Uber no es un asunto de movilidad, al menos no de movilidad sustentable. Uber, como los demás servicios de taxis, pone a circulación cientos de automóviles que generan contaminación del aire y auditiva, ocupan espacio público, circulan usualmente con un solo pasajero y causan muertes y lesiones de tránsito. Los Uber no dejan de ser coches y nuestra ciudad haría bien disminuyendo el número de autos en circulación, sean de Uber, FUTV o particulares, principalmente estos últimos.
Sin lugar a dudas, es necesaria la regulación de Uber; una regulación que procure mejores condiciones para los usuarios, y que establezca reglas justas de competencia entre la gran multinacional y las agrupaciones locales. No se puede ignorar que los servicios de taxi locales tienen serios problemas de tarifas, comodidad de los usuarios y seguridad de los mismos; problemas que no necesariamente se resuelven con costosas plataformas digitales como la de Uber. También es necesario terminar con esta peligrosa tradición del FUTV de actuar con violencia. Ésta no es la primera vez que varios conductores atacan a alguien, cual banda delictiva.
Sin embargo, la aprobación de la reforma sólo garantizó que las cosas se queden justo como están: Los servicios de taxis locales no mejorarán por la falta de competencia y porque en años no han mostrado interés por hacerlo. Las nuevas empresas como Uber, Cabify y la local Ride&Go, probablemente no encuentren el mercado local atractivo. Y, sobre todo, la Ley de Transporte quedará parchada para continuar beneficiando prácticas obsoletas.
Es importante recalcar que los servicios de taxis son el modo de movilidad utilizado por el 4 por ciento de la población en la Zona Metropolitana de Mérida: una minoría, y no nos conviene que sean más. Se ha puesto en la agenda de gobierno, de forma prioritaria, la regulación de Uber y servicios similares, ignorando la base misma de esta Ley: el transporte público, modo de movilidad del 47 por ciento de la población. Al mismo tiempo, se ha perdido una oportunidad para iniciar un profundo ejercicio de participación que nos lleve a tener una ley de movilidad, que priorice los modos más saludables, sustentables, económicos y formadores de tejido social, como el caminar, la bicicleta y el transporte público.
Nos preguntamos qué tendría que suceder para que los legisladores no hagan a la ciudadanía esperar 17 años más antes de ver una ley de movilidad que realmente responda a las necesidades del estado.
*Integrante del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida
[b]@efra_tzuc@movilidadmerida[/b]
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