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Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 30 de mayo, 2016

A pesar de que patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública cerraron el tráfico en los dos sentidos de Paseo Montejo y el Monumento a la Patria, cosa rara en domingo, unas cien personas acudieron a la protesta contra la golpiza y los actos pandilleriles del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV). Al grito de “Rolando Zapata cuida a tu gente”, vecinos de diversos rumbos mostraron cartulinas en las que se leía “No más violencia”, “Basta de monopolios”.

Por el lugar aparecieron numerosos “orejas” que fotografiaron y filmaron a quienes protestaban contra la violencia y a favor de Uber. Fue notable su presencia, inclusive varios choferes del FUTV observaban a corta distancia.

Notable también fue la ausencia de actores políticos locales y de los partidos yucatecos, los que han guardado un ominoso silencio respecto a los actos violentos, salvo en algunos puntuales casos como la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, el diputado local David Barrera, el alcalde de Mérida, Mauricio Vila, o el empresario Juan José Abraham presidente del CCE.

En cualquier democracia, la violencia es condenada, rechazada sin cortapisas ni ambigüedades, y los violentos aislados. Partidos políticos, cámaras empresariales la condenan y rechazan venga de donde venga. Esa es una máxima. Lo demás es complicidad, [i]omertá[/i], como dicen los sicilianos del silencio ante los actos criminales de la mafia.

Estamos ante una mafia a la que se le permiten actos violentos que a otros grupos ni por asomo. Estamos ante una auténtica patente de corso para romper mandíbulas y apedrear autos, patearlos con pasajeros en su interior, cerrar la principal avenida de ingreso (internacional y nacional) a la ciudad y corretear en pandilla y tundir a golpes a conductores de otra empresa a plena luz del día y ante la escandalosa inacción de la policía.

Haré un ejercicio de otro tipo. Digamos que en el día de las golpizas y destrucción de autos protagonizadas por miembros del FUTV, en lugar de martillos del sindicato mimado del gobierno, hubieran sido maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los autores de la violencia, de los destrozos y golpizas, por ejemplo. O quizá estudiantes, tal vez habitantes de Chablekal protestando por el incumplimento de la promesa de hacerle una casa al señor Salvador Eúan, recientemente desalojado de su vivienda por centenares de policías estatales, en medio de gases lacrimógenos.

Digamos, hipoteticemos que hubieran sido esos actores u otros los responsables de la violencia. ¿No hubiera habido una condena generalizada, inmediata, contra la violencia, para empezar por parte del mismo gobierno estatal? Claro que la habría habido. Habríamos tenido una condena sin cortapisas, descalificando y satanizando a los violentos, sus luchas y consignas por alzar los puños y golpear a otros en bola, inclusive en el piso.

Le habrían seguido numerosos actores desgarrándose las vestiduras por la condenable violencia, pero como fueron miembros del FUTV, el silencio imperó, salvo en algunos honrosos casos, aunque faltó convicción para condenar la violencia. Después lo que vino fue la afirmación de que Uber está fuera de la ley. Dos días después, vino una iniciativa de ley que ahora será abordada en el Congreso.

Bienvenida, a fin de cuentas, la propuesta de ley, aunque pareciera demasiado centrada en fiscalizar a los nuevos conductores, en someterlos, por alguna vía, como sucede con el viejo esquema de concesiones y placas, tan opaco y poco transparente, que rige en el FUTV y con los demás taxis de la ciudad; sistema del que son beneficiarios algunos empresarios y políticos. Pareciera que la auténtica intencionalidad detrás de la iniciativa es la búsqueda del control corporativo para someter a los ciudadanos, más que la seguridad que no se brindó el día de las golpizas del FUTV.

Por lo pronto, lo que queda claro es que el gobierno y las viejas formas de hacer política, el control corporativo, fueron rebasados hace tiempo por las nuevas tecnologías. Los golpes en pandilla no podrán someter a una ciudadanía harta del mal servicio del transporte público en manos de grupos empresariales y sindicatos filogubernamentales.

El silencio, ante la violencia, puede convertirse en un bumerang. Hace semanas fue Chablekal, después siguieron los montoneros del aeropuerto, mañana quién sabe. Le puede tocar a cualquiera de nosotros, a cualquier ciudadano. Y nadie estará para alzar la voz.

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