Jesus Hernández

Jesús Hernández Martínez
La Jornada Maya

Lunes 9 de mayo, 2016

La administración de Roberto Borge Angulo dejará a su sucesor una deuda pública de 22 mil 71 millones de pesos. Por esa razón, el estado caribeño es uno de los 10 del país con mayor carga financiera y una muy baja recaudación propia; la obra pública que dejará, apenas se nota.

Al referirse a la deuda pública que heredaría de ganar la gubernatura, el candidato del PAN-PRD, Carlos Joaquín González, ha dicho en más de una ocasión que, de comprobar que en la contratación de créditos se cometió algún delito, ordenaría que sean llamados a cuentas por las vías legales los responsables.

En un mitin, en Chetumal, salió a relucir el tema de la deuda y los asistentes a gritos y en coro pedían cárcel para Borge Angulo.

Cabe aclarar que, así como algunos de los candidatos de partidos ajenos al PRI, en corrillos políticos, se afirma que la deuda pública de Quintana Roo supera los 25 mil millones de pesos.

De los municipios, el de Benito Juárez, a cargo de Paul Carrillo de Cáceres, heredará una deuda pública de mil 266 millones, la más alta de los municipios de Quintana Roo, pese a que, también, es una de las administraciones municipales con mayores ingresos propios. Salvo que dicha captación mejore, o las leyes lo impidan, la práctica de recurrir a los créditos será la constante de las futuras administraciones, tanto la estatal como las municipales.

En realidad, Borge Angulo recibió una deuda de 11 mil 500 millones de la administración de Félix González quien, a su vez, recibió del gobierno de Joaquín Hendricks Díaz una deuda pública de mil 200 millones, con lo que se concluye que en los últimos tres gobiernos, la deuda pública se disparó por encima de la media nacional.

De vez en cuando, vía la Secretaría de Hacienda, la administración de Borge Angulo, manda a publicar que la deuda está certificada por instituciones que conocen de las normas que rigen los empréstitos públicos y que aún tiene posibilidad de contratar nuevos créditos. En las últimas tres administraciones, la deuda pública se ha reestructurado, pero los acuerdos se reducen a ampliar el plazo para pagarla y disminuir los montos mensuales para amortizarla.

De acuerdo con las aprobaciones de diciembre de cada año, a cargo de la legislatura en turno, de los presupuestos a ejercer al año siguiente, la federación aporta entre el 85 y el 90 por ciento del total del monto y la administración estatal, el resto. De vez en cuando, a pregunta de algún periodista, el jefe del Ejecutivo del estado en turno argumenta que la Federación debería entregarle mayores cantidades de dinero a Quintana Roo, por concepto de los ingresos de la actividad turística.

La actual administración estatal también arrastra un alto adeudo con sus proveedores y algunos dudan de que se les pague todo lo que se les debe. Mientras en las oficinas del gobierno ya empiezan a escasear algunos de los insumos más indispensables.

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Mérida, Yucatán