Cristina Puga
Este enero, quienes nos dedicamos a la investigación académica deberemos ocuparnos de una tarea urgente: la discusión del anteproyecto de ley general de humanidades, ciencia, tecnología e innovación que ya está en la oficina de la Presidencia y será enviada al Congreso en cualquier momento.
El anteproyecto era esperado desde hace meses, ya que al reformarse en mayo de 2019 el artículo tercero de la Constitución, estableció una cláusula sobre el derecho a la ciencia y la innovación tecnológica y a su apoyo por parte del Estado, lo cual obligaba a la expedición de una nueva ley nacional antes del fin de 2020. Aunque ya se hicieron públicos otros dos proyectos de ley, por parte de Prociencia y de la Rednacecyt, apenas ahora apareció el del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Todos los proyectos pueden consultarse aquí: https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/ley_cti/ALGHCTI_22_12_2020.pdf
El anteproyecto del Conacyt merece una lectura cuidadosa que reconozca sus méritos, pero que, sobre todo, advierta sus numerosos problemas y contradicciones que, de ser aprobado, en los meses y años por venir definirán la política de investigación en nuestro país y afectarán directamente la labor de quienes a ello nos dedicamos. Es importante, por tanto, llamar la atención sobre al menos cinco cuestiones:
1. El anteproyecto limita la libertad de investigación, ya que aunque en su artículo 8 otorga al Estado “el compromiso de fomentar, realizar y apoyar el avance del conocimiento universal, el desarrollo de las humanidades y las ciencias, así como la investigación de frontera en todas las áreas y campos del saber”, advierte que se establecerá una “política de Estado” conformada a partir de lineamientos decididos desde un “Consejo de Estado” que orientarán a la ciencia en favor del desarrollo nacional. El financiamiento se dará preferentemente a aquellos proyectos que respondan a dicha política (art. 13). Si bien se establecen criterios justos para esa “política de Estado”, su predominio pone en riesgo áreas completas que intenten desarrollos novedosos, de ciencia básica o de creación intelectual que no hayan sido contemplados por el “Consejo de Estado”.
2. En lugar de referirse a la “investigación en humanidades y ciencias”, como lo hace el artículo tercero, habla repetidamente de la regulación “de las humanidades y de las ciencias”, con lo cual materias como la filosofía, la creación literaria o la reflexión ensayística, e inclusive la ciencia existente, estarían regidas por esta ley.
3. Centraliza el financiamiento de la investigación y lo hace depender del ramo 38, pero no menciona la proporción del gasto público o del PIB que se destinará a la investigación científica y tecnológica, demanda sostenida por el sector científico desde hace años. No hay ninguna garantía de un financiamiento sostenido.
4. Propone una estructura vertical conformada por varios cuerpos dependientes del Ejecutivo y centralizados en la Dirección del Conacyt. Suprime al Foro Consultivo que en la ley anterior constituía un órgano con relativa autonomía y con participación de diversos sectores, pero no ofrece un espacio de deliberación semejante. No hay pues, gobernanza democrática. No incluye a los investigadores en sus órganos de gobierno y otorga una escasísima presencia a la representación de los estados de la República que quedan también subordinados a la política de Estado (art. 19) y cuyos organismos de fomento científico ni siquiera son mencionados en el anteproyecto.
5. No menciona al sistema de educación superior, se olvida de la cooperación internacional y limita la autonomía de los centros públicos de investigación que también quedan supeditados para su funcionamiento y financiamiento a la política de Estado.
En un momento en que el mundo ha advertido la importancia de la ciencia en todos los campos, se requiere una ley que amplíe y potencie las capacidades de investigación y producción científica en el país, no que las limite. Ciertamente se requiere establecer prioridades, pero para ello es necesaria la participación amplia de todos los sectores involucrados y el compromiso estatal de apoyar las decisiones colegiadas. Es momento de iniciar una discusión seria y bien informada sobre este importante tema.
Edición: Ana Ordaz
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