La justicia de cabeza

Carlos Luis Escoffié Duarte
Foto: Raúl Angulo Hernández
La Jornada Maya

Mérida
12 de abril, 2016

Lo han sido pocas las voces críticas hacia la estrategia del Escudo Yucatán. Pero hay una noticia íntimamente relacionada con el plan de seguridad que no ha tomado el mismo impacto: la reorganización de juzgados y personal en el Poder Judicial del estado. No hay mayor incentivo a la inseguridad que la impunidad. Poseer un aparato de justicia independiente, organizado, con los recursos y el personal suficiente, es indispensable para construir un verdadero Estado de derecho. Es indispensable otorgarle a la rama judicial un papel protagónico en el combate a la inseguridad –y no de árbol número 3, como pareciera suceder en las estrategias propuestas.

La mayoría de los estados que conforman nuestro país no han logrado construir un verdadero Estado de derecho al interior de sus territorios. Muestra de ello son los poderes judiciales locales, cuya administración e independencia suelen estar a la sombra de los considerables avances en el Poder Judicial Federal. En 2011, Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo publicaron a través del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) un estudio titulado [i]La justicia de cabeza: la irracionalidad del gasto público en tribunales[/i], en el cual compararon el presupuesto judicial de México con el de otros cuatro países. Los resultados señalaron que tanto en el ámbito federal como local, nuestro país resultó ser el que menos gasto [i]per capita[/i] realiza en justicia (471), contrastando con Brasil (1096), Argentina (983), Estados Unidos (1826) y Canadá (1633).

Si bien, como el mismo estudio advierte, deben tenerse en cuenta las diferencias en el organigrama judicial de cada uno de esos países, un elemento que eleva las señales de alerta es nuestra “justicia invertida”, como la denominan los autores: en México la mayor parte del gasto judicial se centra en los tribunales federales y no en los de los estados. Mientras que nuestro país destina, en términos [i]per capita[/i], dos veces más en la justicia federal que en la local, Estados Unidos y Canadá gastan ocho y siete veces más en la justicia local, respectivamente. Brasil y Argentina le otorgan más del doble. La brecha salarial entre los jueces federales y los locales también se agudiza en el caso de México frente a los otros países.

El estudio también desmiente que todos los asuntos terminen en manos de un juez federal, indicando, en cambio, que muchos acaban en la justicia local y que la posibilidad de combatir una sentencia por vía de amparo depende de los recursos de la persona. Como señalan los autores “la inequidad social se convierte también en inequidad en acceso a la justicia”. Esto es relevante ante la percepción generalizada de que la justicia federal otorga mejores resultados que la local, la cual muchas veces carece de una independencia sólida.

La “reorganización” anunciada del Poder Judicial centralizó aún más el acceso a la justicia. Por si fuera poco, la estrategia del Escudo Yucatán no le da el mismo énfasis presupuestario y de coordinación al Poder Judicial, a pesar de que los índices de impunidad y los obstáculos para acceder a la justicia incentivan los delitos. Por si fuera poco, la deuda histórica de mil 500 millones de pesos podría comprometer los recursos futuros para el aparato de justicia. Mejorar los recursos económicos y de personal, si bien no serán la solución de todo, es un punto de partida para crear Estado de derecho en cada una de las entidades.

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