Carlos Luis Escoffié Duarte
La Jornada Maya
7 de abril, 2016
El “Escudo Yucatán”, presentado la semana pasada por distintas autoridades incluye, entre sus ejes, el equipamiento tecnológico y operativo para la vigilancia en el estado. Si bien es legítimo el uso de servicios de inteligencia y vigilancia para garantizar la seguridad pública, éste debe estar sujeto a la legalidad y estrictos controles, así como al escrutinio público cuando pueda afectar los derechos humanos de los gobernados. Lograr el equilibrio no es sencillo. Valdría la pena retomar un capítulo reciente sobre este tema: los servicios de Hacking Team.
A mediados de 2015, un grupo de hackers filtró cerca 400GB de correos electrónicos y otro tipo de datos de Hacking Team, empresa italiana conocida por ofrecer a sus clientes equipo y asesoría de espionaje para copiar discos duros de cualquier computadora, vigilar archivos y correos electrónicos, monitorear y grabar llamadas por Skype, activar la cámara web y el micrófono de cualquier dispositivo, entre otros servicios.
De acuerdo con los datos filtrados, México sería su principal cliente con un total de €5,808,875.00 en contratos. Yucatán habría solicitado servicios de hasta €401,788.00, cifra mayor a la contratada por los gobiernos de Chipre, Honduras, Azerbaiyán, Colombia o Polonia. Campeche ocupó el séptimo puesto, con €386,296.00, cantidad también mayor a cualquiera de esos países.
A nivel nacional, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que los equipos fueron adquiridos pero “en la administración pasada”, a pesar de que la información filtrada indica que se habrían realizado pagos en este sexenio. El gobierno de Yucatán, por su parte, negó cualquier relación con la empresa italiana, asegurando que en los documentos publicados se utilizó el término “Yucatán” únicamente como referencia a los contratos con la empresa de seguridad Elite BY Carga S.A. de C.V. No obstante, las imágenes de documentos difundidas señalan como cliente a “Yucatan State Government”, que habría renovado contrato el 30 de noviembre de 2015.
Algunos medios dieron mediano seguimiento a la labor de Hacking Team en Yucatán, destacando incluso una casa en la que se sospechaba era ejecutado el sistema de espionaje Remote Control System Galileo. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Ailloud, pidió? que se investigara el caso, según trascendió en un medio de comunicación nacional. Hasta la fecha no se tiene conocimiento de que la Codhey o cualquier otra autoridad hayan realizado investigación o trámite alguno sobre el tema.
En 2013, la filtración de documentos clasificados de la CIA y la NSA realizada por Edward Snowden generó un fuerte debate en Estados Unidos sobre las violaciones a la privacidad de la población en aras de la seguridad nacional. Tras el escándalo de Hacking Team, en México la noticia apenas cobró importancia. En Yucatán la reacción no llegó ni siquiera a eso.
Del caso de Hacking Team sobreviven muchas dudas. Hoy debe servirnos como señal de alerta para exigir transparencia en el desarrollo de las medidas específicas de vigilancia que adopte el Escudo Yucatán. La pugna entre el derecho a la información y el de la seguridad pública es complicada. Pero precisamente por ello, deben garantizarse ciertos controles horizontales y verticales para que los mecanismos adoptados sean los estrictamente necesarios en una sociedad democrática. Habrá que estar pendiente de los detalles.
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