INAH y CCE

Eduardo Lliteras
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

21 de marzo, 2016

Las aguas comenzaron a regresar a su lugar, luego de que durante las semanas pasadas escalaron las tensiones entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y las cámaras empresariales. En particular, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) de Mérida y el actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan José Abraham Dáguer, declararon que la dependencia federal paraliza las inversiones en el centro de Mérida. Otros empresarios llegaron al extremo de afirmar que era hora de hacer a un lado al INAH, con la justificación de las inversiones.

Como se recordará, durante el pase de estafeta de la presidencia del CCE, que dejó Álvaro Mimenza Aguiar, el nuevo presidente dijo, entre otras cosas que "solicitaron al gobierno federal definir con toda seriedad los parámetros en que se basa el Instituto Nacional de Antropología e Historia para aprobar proyectos de transformación de predios con valor histórico, en hoteles, pues hay excesivo papeleo y poca claridad en sus decisiones. Los empresarios consideramos que la gran cantidad de trámites y de requisitos inhiben y desaniman la inversión en la entidad, ocasionando que muchos capitales emigren a otros lugares donde se ofrecen mejores condiciones de establecimiento".

Contra Eduardo López Calzada circularon algunas versiones en el sentido de minar la autoridad del instituto y de su delegado en Yucatán. Sin embargo, Juan José Abraham Daguer fue enfático en afirmar que de su parte no hubo ni ha habido tal tipo de declaraciones. En realidad, los golpes contra el INAH y su delegado iniciaron días antes, a través de empresarios hoteleros, los que se quejaron prácticamente de todo, y reclamaron que les ponen trabas a las remodelaciones de edificios históricos.

Cabe señalar que todo indica que muchos empresarios no tienen buena asesoría en materia legal e histórica, pues en el asunto del cuidado patrimonial, no se puede improvisar y la respuesta del INAH no se hizo esperar. El delegado envió una carta al flamante presidente del CCE aclarando, entre otras cosas, el punto de vista del instituto y rechazando cualquier acto de corrupción. La carta en cuestión fue respaldada desde la Ciudad de México, por la misma María Teresa Franco González, directora del INAH.

Posteriormente, los líderes de cámaras empresariales y el delegado del INAH se reunieron en privado en Mérida, en un primer acercamiento para limar asperezas, lo que parece llevar las aguas a su lugar. Oficialmente, el CCE informó que el encuentro fue “para dialogar, atender, dar seguimiento y buscar alternativas en asuntos de interés general para el sector empresarial, y que ayuden a dinamizar la inversión en la entidad”. A la reunión acudieron representantes de la CANADEVI, CANAIVES, CANIETI, CANAPAT, CETUR, AMEYUC, Cámara de Hoteles de Yucatán y del Plan Estratégico de Yucatán, como invitado. Esta junta es el preámbulo de la que se tendrá con la directora del INAH, en fecha próxima, aún por definirse.

[h2]Chichén, el fondo[/h2]

El crecimiento de Mérida, así como de los planes de inversión en otras zonas del estado, como es el caso de Valladolid y la zona de Chichén Itzá, están poniendo a prueba a las instituciones, como el INAH, y a la nueva generación de empresarios, encabezados por Juan José Abraham Daguer, pues no se puede planear y avanzar, avasallando en aras del “progreso”.

El punto es que el nuevo presidente del CCE también ha llamado la atención sobre lo que ocurre en Chichén Itzá. Tema de extrema complejidad, que no atañe únicamente al INAH, sino también al gobierno estatal y otros actores, que han permitido que los problemas crezcan allí, como bola de nieve, sin olvidar abusos históricos ligados a la compra y usufructo de la zona arqueológica por parte de poderosas familias de terratenientes como los Barbachano.

El ingreso de mercancía ilegal, importada de China, como contrabando, vía Tamaulipas y Veracruz, involucra a autoridades federales, por ejemplo, por no hablar de la venta de droga e inclusive prostitución en Chichén, temas que han comenzado a ser acotados, según la información que tenemos recabada.
Sobre Chichén Itzá, Juan José Abraham dijo que el INAH debería dar urgente atención a la zona arqueológica y a problemas “como el ambulantaje que desde hace varios años debió de tratarse y solucionarse, por ser esta zona arqueológica una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Hay que señalar que la ley es muy clara y precisa sobre la facultad y responsabilidad que otorga a esa dependencia federal para mantener el orden y preservar esa zona federal”.

Precisamente sobre Chichén Itzá, el grupo de artesanos que asesora el abogado Villevaldo Pech Moo, dijo en conferencia de prensa en Mérida que buscarán que se aplique el modelo de la zona arqueológica de Teotihuacán para seguir vendiendo sus mercancías. Eso sí, aseguró que no tienen intención alguna de dejar sus posiciones dentro de la zona. Pidió apoyo a representantes del grupo de artesanos que encabeza y que se amplíen las expropiaciones a las tierras que rodean el área arqueológica.

Este grupo de artesanos –existe al menos otro más– señaló que las autoridades deben construirles palapas y baños ecológicos dentro de la zona arqueológica y afirmaron que tras viajar a la Ciudad de México, obtuvieron el apoyo de los representantes de los artesanos y comerciantes de Teotihuacán, así como de los representantes de diversos mercados de México como el de Tepito y de los líderes de la coordinadora nacional para la defensa de la economía nacional (llamados Condes), entre otros.

Durante la conferencia, insistieron en que todas esas organizaciones, expresaron su solidaridad. También dijeron que el Indemaya, el Congreso del Estado y el Ejecutivo de Yucatán, por desidia han demorado por años la realización del estudio, el censo y el padrón para la redacción de la ley para la protección de la comunidad maya del estado de Yucatán, que finalmente daría certeza jurídica y personalidad jurídica propia como los ejidos de Yucatán y sus ejidatarios.

Respecto a las expropiaciones de tierras, dijeron que no ha sido suficiente con la expropiación de 59 hectáreas realizada por el gobierno de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y que se deben expropiar las tierras de Cristina Beryl Perschbacher Backlund y de Hans Jurgen Thies Barbachano y de Fernando E. Barbachano, quienes son dueños de aproximadamente la mitad de Chichén Itzá.

Los artesanos presentaron documentos, incluyendo los tablajes de los registros de la propiedad de Yucatán y recordaron que la zona arqueológica de Chichén Itzá está formada por 1547 hectáreas; sin olvidar que la zona y sus comisarías padecen profunda miseria y marginación. Por lo que las peticiones de los artesanos de que se dote de servicios a todas las comunidades, de que se construya un hospital de primer nivel, no suenan descabelladas.

Tampoco se escucha mal que se entregue el 15 por ciento de los ingresos de Chichén al municipio de Tinum. No cabe duda, allí el problema es que no se convierta en botín de un grupo político ya conocido como el que encabeza Evelio Mis Tun y otros. Como tampoco es aceptable que la zona arqueológica, y los recursos naturales de esa parte de Yucatán y Quintana Roo, sólo sirvan para llenar los bolsillos de grupos de empresarios, nacionales y extranjeros, así como de políticos, mientras la miseria, sigue haciendo mella en los mayas.

Las pláticas entre Eduardo Calzada y Juan José Abraham Daguer son un buen inicio para tratar de manera responsable, el crecimiento y el cuidado del patrimonio. Habrá que ver la reacción de Mauricio Vila y el gobierno estatal, para sumarse a esta iniciativa.

[b]@infolliteras[/b]
[b]Facebook: Infolliteras[/b]
[b]www.infolliteras.com[/b]
[b][email protected][/b]