Tabacón B. Linus
Foto: Archivo La Jornada Maya
La Jornada Maya

29 de febrero, 2016

La corrupción, como todos los crímenes, requiere de un cómplice. En ese sentido, la propuesta “3 de 3” de combate a la corrupción para que los servidores públicos hagan pública su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración fiscal, es claramente incompleta.

La corrupción de grandes montos, la de contratos y licitaciones, por supuesto que tiene un lado público, pero también tiene un lado empresarial. En cada gran monto que recibe un político o funcionario corrupto, hay un empresario que paga, ofrece, acepta o se colude. Si el funcionario pide, sugiere o acepta el “cochupo” o el “moche”, alguien lo procesa, lo justifica con facturas, contabilidad empresarial, lo saca del banco, lo paga en efectivo o lo deposita donde le digan.

Hace falta una iniciativa 3 de 3 empresarial; una que por lo menos debería tener las siguientes características básicas. Primero, todo dirigente empresarial, esto es, líder nacional o estatal de cámaras o federaciones empresariales, deberá hacer públicas su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, para verificar que no se enriquezca durante el tiempo que ocupe su cargo. Son legendarias las historias de líderes empresariales que desde su posición privilegiada en la política empresarial presionan para obtener contratos, subsidios, apoyos de programas o licitaciones públicas para sus empresas o las de su familia.

Segundo, todo empresario que obtenga contratos públicos de cierto monto mínimo, digamos 3 millones de pesos, deberá hacer pública su declaración 3 de 3 empresarial, para verificar que no sea un empresario improvisado, de papel o de extorsión política, que se está enriqueciendo con contratos que lógicamente no merecería.

Tercero, todo empresario que obtenga un gran contrato de obra pública o servicios, digamos 5 millones, deberá hacer transparente su proceso de costos y utilidades, para supervisar que no esté obteniendo una ganancia exorbitante con la que se enriquecería más allá de lo justo, o mediante la cual pagaría el “moche” que mantiene la corrupción de altos vuelos.

Si en serio vamos hacia la transparencia y el combate social a la corrupción, es tiempo que los empresarios y los líderes empresariales (como parte efectiva del régimen, que lo son) transparenten su actuación. La transparencia es una cultura cívica, de todos los ciudadanos, no sólo de los servidores públicos. Una en la que todos debemos participar.

Empecemos por líderes empresariales que nos demuestren que no trafican con sus puestos en la estructura empresarial; por empresarios que cuando ganen grandes contratos nos digan quiénes son y dejen claro el régimen de utilidades y ganancias en el que operan, uno que consideremos moral, uno que haga imposible que existan porcentajes de ganancias “altísimas” que fondeen la corrupción.

Vamos por una iniciativa 3 de 3 integral, completa. Una iniciativa que ponga barreras no sólo a uno de los cómplices, sino a los dos. Si la corrupción es un tango, vigilemos a los dos bailarines. Ojalá que quienes promueven esta iniciativa, muchos de los cuales son empresarios, tengan el valor para hacerlo.

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