Salario anticonstitucional

Jaquelyn Rosado Puerto
Foto:Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

21 de enero, 2016

En nuestro México es válido afirmar que la Constitución mexicana es letra muerta en muchos casos, y que no siempre la ley es sinónimo de justicia, pues ésta es modificada por aquellos que son ajenos a las necesidades de la gente a la cual estrecharon la mano durante las elecciones. Y es que las verdaderas necesidades no se cubren con los programas de dádivas sociales, sino con el cumplimiento de las leyes dentro de un marco de justicia.

Anticonstitucionalidades como negar un medicamento o un servicio, se repiten a diario en los centros de salud pública. En una ocasión surgió una petición en redes sociales para ayudar económicamente a un padre de familia que estaba en apuros por no poder comprar el anticonvulsivo que necesitaba su pequeña y que las instituciones de salud pública le negaban. Mucha gente se unió para donar y lo compartió en sus muros, haciendo viral la petición y las muestras de caridad. Contacté con el hombre en cuestión y le hice ver que la salud es un derecho universal contenido en acuerdos internacionales y en la misma Constitución (Artículo 4to constitucional y la Ley General de salud), para animarlo a exigir su derecho y no depender siempre de la buena voluntad de la gente. Tristemente las personas están desmotivadas a luchar, han perdido las esperanzas o bien, han encontrado una solución parcial a través de la ayuda comunitaria. Fue entonces que mis consejos y ofrecimiento de orientación sobre dónde obtener ayuda legal no hicieron eco…

Otra anticonstitucionalidad es la percepción salarial mínima aprobada, con la que México gana el premio a ser el país con el salario más bajo de Latinoamérica. La Constitución mexicana, en el artículo 123, fracción VI establece que el salario mínimo deberá ser suficiente “…para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos…”. El artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo hace mención sobre el establecimiento de medidas que protejan la capacidad adquisitiva y faciliten el acceso a la obtención de satisfactores (entiéndase salud, educación, vivienda, alimentación). Luego entonces el salario mínimo aprobado por las Cámaras del Congreso resulta ser contraria a lo que dice la Carta Magna sobre la calidad de vida de los trabajadores con base en su salario; pues los precios de bienes y servicios sobrepasan por mucho las percepciones salariales.

Quienes dictan estos mandatos, hay que decirlo con todas sus letras, son legisladores de un Congreso de mayoría priísta, panista y sus aliados Nueva alianza, Partido verde y algunos perredistas, en complicidad con funcionarios de las diferentes comisiones (CONASAMI, en el caso del salario mínimo). Son los mismos que perciben un salario insultante para la mayoría de mexicanos, con prestaciones y bonos millonarios, y quienes gozan de un fuero para ser exentos de sanciones legales. En conclusión, las anticonstitucionalidades, las injusticias cometidas por quienes dicen legislar a favor de la gente y proteger los derechos humanos; son producto de la desinformación, de la apatía y de que continuemos como sociedad atenuándolas con la caridad, mientras los verdaderos responsables duermen en sus laureles.

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