¿Quién se queda y quién se va?

Foto: Facebook Marea Verde

Mientras las feministas de Quintana Roo llevan tres meses en el Congreso del Estado -sin luz y sin agua- para exigir que se discutan las iniciativas para despenalizar el aborto, diputados del mismo Congreso –resignados a que no hay nada más que puedan hacer para continuar atrasando lo inevitable- se marchan.

“No hay quórum suficiente para llevar a cabo la votación” fue el resumen de una jornada de casi 12 horas con cinco recesos. “No hay quórum” cuando precisamente ese día había una concentración afuera del recinto y los ojos de todo el país estaban pendientes de la resolución.  

El 10 de febrero, la Red Feminista Quintanarroense y la H.XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo firmaron públicamente un acuerdo para “dar respuesta a una de las 10 acciones que solicitó la RFQ” específicamente aquella que pide dejar de posponer las iniciativas para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas. 

Quintana Roo ha introducido cuatro iniciativas con el mismo efecto, dos de las cuales ya caducaron. Por eso era tan importante atender las iniciativas vigentes y dejar de posponer una discusión que forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como un tema de salud pública y de justicia. 

Nadie quiere asumir su responsabilidad y el costo político que podría tener una discusión tan polémica, mucho menos en tiempos de elecciones y eso es lo que pudimos ver el pasado miércoles durante las seis horas que duró la discusión.

El calendario legislativo al que se comprometieron era del 16 al 24 de febrero e incluía foros abiertos con profesionales y diputados, sesiones de comisión, dictaminación y votación en Pleno. Los foros fueron una ventana pública para conocer no solo las dos posturas de la legalización del aborto, sino también los marcos legales, la situación real y focalizada en Quintana Roo cuyos índices de trata y embarazo infantil son sumamente alarmantes, e incluso los detalles perfectibles de ambas iniciativas.  

Quienes abandonaron el recinto expresando que no tenían tiempo para analizar a fondo el dictamen fueron las mismas personas que no asistieron a los seis foros de análisis y discusión; y de acuerdo con diputadas y diputados del mismo Congreso (tanto a favor como en contra del dictamen), tampoco asistieron o expresaron sus observaciones en las reuniones de comisión. ¿Entonces por qué se esperaron hasta el último segundo para vertir todas sus inconformidades con el documento? 

Durante los foros pudimos darnos cuenta de la gravedad de argumentos y desinformación que hay en torno al tema: desde la psicóloga Laura Vidal y el Dr. José Manuel Madrazo que insistieron en que el aborto causa una afectación en la salud mental de las mujeres sin darse cuenta que utilizaban ese argumento precisamente para abogar por que se quede una ley que las hace pasar por el calvario de un proceso penal que, como bien señaló Rebeca Loera de GIRE, es equiparable con delitos como el secuestro o el fraude. 

Una de las posturas más preocupantes fue la de la abogada Cristina González que se define como abogada defensora de las mujeres. Insistió mucho en que las víctimas de feminicidio y violencia doméstica “no le piden abortos”. 

Silvia Chuc, participante de los foros y parte de la RFQ apuntó lo anterior y agregó que es preocupante que no sepa la diferencia entre el delito de violencia sexual y feminicidio.  Además, Cristina González recalcaba que la despenalización provocaría la revictimización de las mujeres que decidan interrumpir el embarazo, ya que la Fiscalía no atendía con perspectiva de género. Supongo que una mejor respuesta a este problema es, según la abogada, la persecución del delito del aborto puesto que debe pensar que ahí no son revictimizadas. 

Otro de los argumentos fue que no existen mujeres encarceladas (aunque sí carpetas y procesos penales iniciados) por aborto pero, entonces, ¿por qué mantener una ley que no funciona para nadie y provoca, en cambio, que mujeres sean criminalizadas en los mismos centros de salud poniendo en riesgo su vida y dignidad? 

Tanto en su participación en el foro como en una entrevista posterior, Silvia Chuc recordó que Quintana Roo fue de los estados con mayor número de casos de violación a nivel nacional en el 2020. En la última actualización de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Quintana Roo lidera el índice de llamadas de emergencia relacionadas con violación. 

La RFQ es una organización que desde mucho antes de la toma del Congreso ha hecho protocolos, instrumentos jurídicos, campañas de información, canalización de mujeres víctimas de violencia, foros y diálogos, con instituciones y población. 

Silvia Chuc recordó en entrevista, antes del dictamen, que la obligación del Estado es legislar en favor de los derechos de las mujeres y realizar mecanismos para la erradicación de la violencia: “Es su papel y es la chamba que les toca hacer y nos van a tener ahí diciéndoles y trabajando en conjunto. Pero lo que decía la Dra. Rafaela Schiavon: No hay evidencia científica que sustituya la voluntad política. Llevábamos mucho tiempo preparándonos para eso y aquí vamos a seguir”. 

Ellas seguirán ahí, esperando que los diputados vuelvan y hagan su trabajo.

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Edición: Elsa Torres