La Jornada


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Editorial

De acuerdo con información dada a conocer ayer por la Guardia Nacional, en las inmediaciones del aeropuerto capitalino, efectivos de esa corporación detuvieron un camión de valores que trasladaba divisas de diversos países, equivalentes a más de 128 millones de pesos procedentes de un vuelo comercial de Cancún, Quintana Roo, y que no pasaron por comprobación o verificación alguna. El conductor del vehículo no pudo presentar documentación sobre el origen de las 12 bolsas que contenían el dinero ni un desglose de las cifras del efectivo. Los paquetes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que realice las indagatorias correspondientes.

Las irregularidades saltan a la vista: aunque la posesión, el traslado y el intercambio de dinero en efectivo no son acciones delictivas en sí mismas, con independencia de que se hagan en moneda nacional o en divisas, es claro que las aerolíneas tienen que dar aviso sobre la naturaleza de su carga a las autoridades aeroportuarias y éstas deben verificar la veracidad de las declaraciones correspondientes, tanto en el punto de embarque como en el de llegada. Contrastada con las rigurosas e inflexibles inspecciones de seguridad a que deben someterse los viajeros particulares en cualquier aeropuerto, resulta inaudita la facilidad con que las bolsas con efectivo fueron embarcadas y desembarcadas.

Por otra parte, las empresas dedicadas al transporte de valores están obligadas, así sea por razones de elemental control interno, a documentar en forma precisa los montos y características del dinero que trasladan. Si no fuera así, resultaría imposible salvaguardar la carga que se les confía.

Con esas consideraciones, e incluso si llegara a determinarse que en el episodio comentado no hubo infracción alguna, el periplo de semejante cantidad pone en evidencia fallas de seguridad que deben ser enmendadas, sugiere la existencia de una red de corrupción en ambos aeropuertos y deja en entredicho la integridad de la empresa de traslado de valores involucrada, cuyo nombre no fue revelado en el comunicado de la Guardia Nacional.

Habida cuenta de la procedencia de las divisas, es ineludible pensar que su dudoso transporte podría estar relacionado con el grupo delictivo conocido como la mafia rumana, dedicado principalmente a la clonación de tarjetas de crédito y a la operación de cajeros automáticos truqueados, banda que ha creado una extensa red de vínculos con organizaciones criminales locales y ha reclutado a políticos y funcionarios públicos de diversos niveles de gobierno.

Cabe esperar, finalmente, que la incautación que se comenta arroje elementos útiles para el desmantelamiento de ese grupo y que dé lugar a una depuración rigurosa de sus posibles cómplices incrustados tanto en terminales aéreas como en empresas de manejo de valores.

Edición: Emilio Gómez

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