Conflicto de Poderes

René Ramírez Benítez
Foto: La Jornada
La Jornada Maya

Viernes 14 de diciembre, 2018

¡El país está en conflicto! ¡Los Poderes del Estado están enemistados! ¡Es un combate abierto entre el Presidente Andrés Manuel y el Poder Judicial liderado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación! ¡Guerra! Esos son muchos de los comentarios recurrentes respecto al debate que generó la Ley Federal de Remuneraciones, legislación que establece que ni el Poder Judicial de la Federación puede tener un salario mayor al del Presidente de la República. Al debate entró la Suprema Corte de Justicia la Nación, al ser señalados por el Presidente López Obrador por tener salarios cercanos a los 600 mil pesos al mes. Esta discusión fue el génesis mismo de una relación compleja de la nueva Administración Federal y el Poder Judicial de la Federación; sin embargo, lejos de las vicisitudes de una discusión política de otra naturaleza, esto ha posicionado dentro de la opinión pública la premisa de un conflicto fuerte entre los poderes públicos del Estado. Este tipo de “lucha de poderes” no deben alarmarnos ni extrañarnos debido a la configuración del poder, y para ello, tenemos que recurrir a los orígenes de la conformación del actual modelo de poderes públicos.

Charles de Secondat, Barón de Montesquieu, en su obra El Espíritu de las Leyes, propuso que el poder de un Estado estuviera dividido en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; que mediante de limitaciones respecto a sus funciones y campos de acción, dichos poderes podían “autocontrolarse” mutuamente a fin de evitar la tiranía y un poder absoluto. Como podemos ver, dicho modelo francés propuesto durante la Ilustración fue introducido en diferentes constituciones y modelos de Estado, debido a la dinámica que permitía que cada uno de esos tres poderes pudiera limitar al otro cuando este sobrepasaba sus funciones y actuaba de una manera contraria a los establecido jurídicamente. Cabe mencionar, que el modelo mexicano de los poderes públicos está basado principalmente en tres fuentes: el modelo francés, la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de Estados Unidos de 1787; sin embargo, es en el siglo XX durante la Revolución Mexicana cuando surgen instituciones y la relación entre poderes, buscando como prioridad la diversidad política y los verdaderos pesos constitucionales. Y es a partir de los años ochenta, en específico en 1988 y las reformas al Estado en 1994, cuando vislumbramos estos caminos a los conflictos sanos entre los poderes.

En ese sentido, nada debe extrañarnos que, en la dinámica del poder público, se generen discusiones como la de ahora entre el ejecutivo y el judicial, o como sucede en nuestro máximo órgano constitucional que es la Suprema Corte de Justicia, cuando analiza la constitucionalidad de una ley expedida por el Legislativo, y cuando así lo determinan, dejan sin efectos dicha ley. Es parte de los contrapesos políticos y afirmar que lo hechos recientes son parte de algo sin precedente es no entender la configuración política y constitucional de los poderes del Estado.

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