Rumbo al 1º. de diciembre

Francisco J. Hernández y Puente
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Viernes 30 de noviembre, 2018

Después de largos y vertiginosos cinco meses, con una agenda cargada de asuntos que han generado controversias y conflictos de distinto tipo y alcance, por fin, Andrés Manuel López Obrador será el sábado, 1º. de diciembre, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. La gran mayoría de los que vivimos en este país esperamos ansiosos su discurso de toma de posesión, en el que seguramente precisará los grandes ejes de su proyecto político y económico, más allá de lo prometido en campaña y de los asuntos que durante la transición generaron polémica, enojo, sorpresa, esperanza, expectativas y hasta caída de los mercados. Todo ha sido por lo pronto y hasta hoy, solo un ensayo, la función comienza en realidad el sábado próximo.

El prolongado propedéutico de estos cinco meses lo mismo ha tenido cancelación de obras faraónicas, que el anuncio de proyectos espectaculares con los que se pretende promover el desarrollo del sureste mexicano y la península de Yucatán. Rompimientos y acercamientos con las élites empresariales del país, anuncios fallidos contra las comisiones de los agiotistas de la banca internacional a los que radicó aquí hace años el neoliberalismo. Prácticas participativas sin base legal y de dudosa utilidad. El anuncio de creación de una guardia nacional con participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, casi como réplica de experiencias anteriores. Supuestos atentados al ya de por si maltrecho federalismo con la figura de superdelegados. Gobernadores saliendo en defensa de la soberanía de sus estados, y algunos asuntos más que han acaparado la atención de la opinión pública, la comentocracia y no se diga, las benditas redes sociales.

De todo lo que ha ocurrido en estos atrabancados tiempos de transición, llama poderosamente la atención la actitud y reacción de algunos gobernadores, encabezados por los del Partido Acción Nacional, frente a los cambios anunciados, tanto por los congresistas de Morena, como por el propio Presidente electo.

La docena de gobernadores que tiene el PAN en el país, han rechazado a través de una carta al Presidente electo la nueva figura de los delegados estatales y la idea de mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad. En su misiva, los mandatarios estatales cuestionan que se les excluya de los planes de seguridad y se les trate solo como “invitados” de los nuevos coordinadores estatales nombrados por el presidente. “Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”, expusieron.

Los llamados superdelegados en los estados, tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes y programas, entre otras funciones ya aprobadas. Frente a ello, señalaron que para resolver los problemas de inseguridad en los estados se requiere de conocimiento del territorio y un acercamiento con la población, y que para que haya un buen funcionamiento de un Estado federal es necesaria la coordinación, la colaboración y la ayuda subsidiaria entre los distintos órdenes de gobierno.

Y fueron todavía más allá, aseguraron que México debe avanzar hacia una normalidad en la que la seguridad sea una condición generada desde las responsabilidades jurídicas y políticas. “El camino del entendimiento está trazado en la Constitución, en el federalismo, en la división de poderes, en el respeto a los derechos y libertades, en el diálogo incluyente y participativo. Cualquier atajo en ese camino sólo conduce a desencuentros que siempre pagan muy caro todos los mexicanos”, concluyen.

En Guadalajara, con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Libro (FIL), el Gobernador Enrique Alfaro, erigido como líder de la protesta, y ante un grupo de intelectuales y formadores de opinión, rechazó tajante los nuevos términos de funcionamiento pretendidos en el pacto federal que norma las relaciones de los distintos órdenes de gobierno del país.

La relación con los gobiernos de los estados es un frente abierto para el Presidente que toma turno el sábado que, a mi entender, habrá de requerir de diálogo y tolerancia de ambas partes, particularmente porque hay gobernadores recién electos, pero no hay duda, de que hace falta mayor rigor en la rendición de cuentas de los recursos que la federación transfiere a los estados, sea por la vía de las participaciones o de las aportaciones federales.

Es fácilmente comprobable que desde 1998, hace 20 años, los gobiernos de los estados han venido recibiendo cada vez más y más recursos, tanto de libre aplicación, como de aquellos etiquetados para fines específicos, dentro de los cuales, por cierto, están los destinados a la seguridad pública. Tanto en épocas de bonanza petrolera (cuando el petróleo se vendía por arriba de los 100 dólares), como en los años recientes de restricción presupuestal, los flujos de dinero a las arcas publicas subnacionales han sido crecientes y constantes. Ha sido tal esa derrama que los gobernadores han asumido la comodidad de recibir recursos federales, antes que hacer uso de sus potestades tributarias para hacerse de recursos propios. El ejemplo mas conspicuo de esta práctica es, ha sido, el Impuesto a la Tenencia y Uso de Vehículos, que han preferido eliminar, para aumentar su popularidad…¡Al fin que recibo recursos de la federación, sin desgastarme!.

Ciertamente algunos gobernadores, contados con la mano, han cumplido con creces, su función de buen gobierno, pero hay otros, que han sido o son, caciques en su tierra, virreyes gastalones, y no se diga aquellos que han creado burocracias políticas criminales.

Estamos en presencia de un hecho histórico, que marcará el rumbo del país en los próximos años, se trata del reacomodo de las fuerzas políticas del país, y de las relaciones entre el poder político y el poder económico, de la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que obliga a revisar y eventualmente a modificar el sistema de organización administrativa y política. Pero las formas cuentan, y eso, lo deberían comprender los congresistas y el nuevo presidente.

No solo los empresarios requieren de un ambiente de confianza, los ciudadanos también somos inversionistas, y el 1 de julio pasado, la mayoría compramos un bono por un México diferente, que nos aleje de la corrupción, la violencia y la pobreza. Es por ello que todos esperaríamos el sábado un discurso que de confianza a los mercados, si, pero que, sobre todo, de confianza y certidumbre a todos los mexicanos por un México con proyecto de largo plazo y en concordia.