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Francisco J. Rosado May
Foto: Infoqroo
La Jornada Maya

Martes 13 de noviembre, 2018

Como estaba anunciado por la Comisión de Pueblos Indígenas de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, el pasado 10 de noviembre, se llevó a cabo en Valladolid el Foro de Consulta sobre la Ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en sustitución de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (CDI). Estuvieron presentes unas mil 500 personas, de acuerdo con estimaciones personales.

El Instituto Nacional Indigenista, (INI), primera dependencia de gobierno dirigido a atender las necesidades de los Pueblos Indígenas, creado en 1948 en el sexenio de Miguel Alemán, básicamente tuvo como objetivo principal la “mexicanización” de los pueblos y sus culturas con pérdidas lamentables en la riqueza de identidad, conocimiento y cultura de nuestro país.

Posteriormente la CDI, creada en 2003 durante el sexenio de Vicente Fox, atendió principalmente asuntos relacionados con la infraestructura que necesitaban los Pueblos Indígenas (carreteras, hospitales, educación, universidades, etc.) bajo un esquema de desarrollo que atendió algunos de los derechos de las comunidades indígenas, pero su diseño no permitió atender otros derechos que reflejan temas estructurales de mayor calado.

Las políticas actuales reflejan una visión: los indígenas no somos considerados sujetos, sino que somos objetos de civilización. El cambio de objeto a sujeto, en materia de derecho en general, justicia y otros temas relacionados con el desarrollo sostenible, las metas de las Naciones Unidas para el año 2030, y varios temas de carácter ético, social y económico, hace una enorme diferencia. Esta diferencia debe reflejarse en reformas del andamiaje normativo actual, que permitan la participación de los pueblos indígenas en el diseño de su propio desarrollo. En otras palabras ¡no más paternalismo!

No será tarea fácil, por eso es necesario la modificación de la CDI a un Instituto que tenga relación y acuerdos directos con el Ejecutivo y efectos a nivel transversal en todas las dependencias de gobierno. Insisto no será tarea fácil, son varias las aristas y los temas que hay que atender de modo que los foros se convierten en una fuente importante de participación y aportación. Aquí van dos propuestas.

La primera es que el nuevo Instituto debe garantizar que los pueblos y comunidades indígenas tengan el derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria, reconocida por la FAO en la XVII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano que se llevó a cabo el 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012 en Panamá.

Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de preservar sus formas tradicionales de producción de alimentos, de no ser afectados por el uso de pesticidas o presionados para usar tecnologías contaminantes y que generan dependencia económica de germoplasma y especialmente de saberes. Tienen el derecho de mantener sus formas locales de creación de conocimiento que es el que les ha permitido la domesticación, adaptación y creación de especies y variedades de plantas, animales, insectos, etc., usados en su alimentación.

Tienen el derecho de recibir información en forma previa, oportuna, culturalmente pertinente y libre para tomar decisiones que impacten los cambios en sus usos y costumbres, especialmente cuando se trata de proyectos de “desarrollo”. Tienen derecho a participar en la toma de decisiones cuando se refiera al uso o afectación de su territorio. ¡Y sus opiniones deben ser tomados en cuenta! En este sentido es importante insistir en la implementación de carreras sobre Agroecología en todo el país.

El otro derecho es el de acceso a educación de calidad. ¿Cómo es posible que las escuelas donde hay estudiantes indígenas son las que menos inversión tienen en infraestructura, mantenimiento y calidad de servicios, incluyendo el nivel de educación? ¿Cómo es posible que habiendo numerosos estudios sobre formas de aprendizaje de los indígenas no sean incorporadas en la pedagogía y arreglos curriculares? ¿Cómo es posible que haya escándalos relacionados con la integridad ética de sus directivos? No es pensar mal, las evidencias demuestran un desprecio a los saberes locales y menosprecio simplemente por ser indígenas.

Como si a través de una malísima calidad educativa, que pareciera diseñada a propósito, incluyendo el nivel superior, se quiere extinguir a las culturas locales. Estas actitudes, provocados por malas políticas públicas, por corrupción e impunidad que ilustran falta de valores, experiencia conocimientos y humildad, crean mayores brechas entre grupos sociales, provocando divergencias en crecimiento y desarrollo, caldo de cultivo para escenarios de perder-perder.

¡Mala noticia para todo el estado y país! En este sentido la mejor opción para que las Universidades Interculturales superen los grandes rezagos que tienen (presupuesto, mala gestión, corrupción, etc.) es que se conviertan en instituciones federales totalmente.

El nuevo Instituto, sin duda, nacerá con retos enormes que resultan de políticas públicas actuales equivocadas combinadas con soberbia, inexperiencia, corrupción e impunidad, reflejo de la visión de un estado colonizador; esto es insostenible, tiene que terminar. Para superar esos retos nuestra participación es necesaria, indispensable y pertinente, logrando la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y las reformas estructurales necesarias que permitan un desarrollo sostenible inclusivo, intercultural.

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