Las herencias de Rolando Zapata

Francisco Hernández y Puente*
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 12 de noviembre, 2018

Colocado en distintos momentos de su administración en la lista de los mejores gobernadores de México, considerado incluso durante tres años consecutivos como el mejor gobernador del país, según la encuesta de Gabinete Comunicación Estratégica y varias organizaciones de la sociedad civil, Rolando Zapata dejó hace unos días la gubernatura de Yucatán, en lo general, con una buena imagen.

Ya sabemos que esa condición no le valió gran cosa en la perspectiva de que el PRI siguiera gobernando la entidad, y su candidato perdió las elecciones del 1 de julio. Ese día fue fatídico para los priistas, la otrora maquina electoral arrasadora perdió la presidencia de la República, la gubernatura del estado y la principal alcaldía de Yucatán, Mérida, su capital. Todo, en buena medida explicado por el fardo de corrupción con el que cargaron desde Los Pinos, en varias gubernaturas a lo largo y ancho del país, y en no pocas presidencias municipales.

Rolando Zapata se fue en medio del descontento y del desconcierto de las huestes priistas yucatecas, pero con la imagen de haber sido un buen gobernador, según la propia opinión ciudadana. Sin embargo, este fin de semana, a escasos días de haber concluido su mandato, nos enteramos de que la administración estatal anterior “gastó durante 2018 más dinero del que le correspondía, lo que derivó en un faltante por cerca de mil 900 millones de pesos en el presupuesto para el último trimestre del año”, según reporte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) .

Mediante un comunicado de prensa se detalla que en el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, que encabezó el gobernador Mauricio Vila Dosal, la titular de la SAF, Olga Rosas Moya, informó que además “se dejaron las finanzas estatales con presiones adicionales de gasto por alrededor de 500 millones de pesos y contingencias como la del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey), que prácticamente se encuentra sin viabilidad financiera”.

Además de estas complicaciones presupuestarias, el reporte señala la existencia de contingencias por más de 2,500 millones de pesos derivadas de observaciones hechas por órganos fiscalizadores, Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Secretaría de la Función Pública (SFP), correspondientes al período 2012-2018. 

Según explicó la funcionaria existen observaciones no solventadas oportunamente por la anterior administración, falta de información y desaparición de expedientes que aumentan el riesgo de una eventual devolución de estos recursos a la federación. Se encontraron discrepancias en cuentas bancarias, facturas pendientes no registradas y adeudos por servicios no facturados, pasivos contingentes no reconocidos, información parcial y con retraso en los registros contables, ausencia del sistema de control interno, falta de apego a la contabilidad gubernamental y compromisos y ejercicio de recursos sin soporte de ingresos presupuestados. Es decir, un desorden presupuestal, por decirlo de algún modo.

Más allá de la irresponsabilidad administrativa del equipo rolandista, algo que suena muy raro y que llama la atención del informe que se dio a conocer, porque involucra a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es que el faltante por 1,900 millones de pesos, se debe a que en los tres primeros trimestres de 2018 el gobierno del estado gastó esa cantidad de recursos correspondientes al último trimestre de este año, los cuales se recibieron por parte de Hacienda, sin explicación de por medio, de manera anticipada.

“Nos hacen falta, prácticamente, 1,900 millones de pesos para terminar el año, lo cual es una situación crítica. Esto pasó porque en el tercer trimestre del año, se gastaron más dinero del que debían de haber gastado y pues esto nos pone en una condición complicada”, señaló la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Una cifra de esa magnitud no es poco dinero, representa por ejemplo, el monto promedio de incremento en el presupuesto público que el gobierno del estado gastó a lo largo de los 6 años de la anterior administración. En 2013, primer año de la administración, el presupuesto de Yucatán fue de 28 mil 860 millones de pesos, y en 2018 de 40 mil 813 millones; es el 75 por ciento de todo el presupuesto de la Secretaría de Administración y Finanzas de este año; el 88 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, y el 178 por ciento del que se asignó este año a la Secretaría de Desarrollo Social.

Pero lo más importante de todo esto es que la mayor parte de los recursos del presupuesto del gobierno del estado corresponden a transferencias federales, es decir, dinero que la federación recauda a nivel nacional y transfiere a las entidades federativas, de acuerdo con diversos criterios y fondos etiquetados establecidos por Ley. De hecho, todos los gobiernos estatales dependen de estos recursos ya que han renunciado a contar con ingresos propios (por ejemplo, el famoso impuesto conocido como la tenencia) y Yucatán no es la excepción. Aquí, el gobierno del estado estructura su presupuesto con el 85 por ciento de los recursos que le envía la federación y con solo 15 por ciento de ingresos propios.

Los recursos que transfiere la federación al gobierno del estado (como a todas las entidades) se calendarizan a lo largo de cada ejercicio fiscal y se hacen ministraciones mensuales por parte de la Secretaría de Hacienda, que incluso, deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Por eso es que una revelación como la que ha hecho el nuevo gobierno de Vila Dosal requiere ser aclarada tanto por el gobierno anterior y quien lo encabezó, como por la Secretaría de Hacienda. El hecho de que los recursos de referencia se hayan adelantado y se ejercieran durante el primer semestre del año, justo durante la campaña a la gubernatura, solo levanta sospechas y especulaciones, que en nada contribuyen al ambiente de transición que vivimos y que si abonan al desprestigio de los gobernadores y exgobernadores priistas y en general, del priismo nacional.

Aunque Rolando Zapata ya se fue, no está exento de responsabilidad. Porque también hay una lista de los peores gobernadores, que ya sabemos quienes son. Entre otras cosas, de eso trata la alternancia, de transparentar la gestión pública y de que cada quien asuma las consecuencias de sus actos.
*Profesor del CEPHCIS-UNAM

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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