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Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 29 de octubre, 2018

Lo que se sospechaba sobre el gobierno de Rolando Zapata Bello se está confirmando: reparto de plazas a aviadores, a cuates, a familiares, a aliados en el proceso electoral. Pagos millonarios a empresas de dudosa trayectoria gestionadas por funcionarios estatales. Por lo pronto, se dice que el nuevo Ejecutivo yucateco “investiga” muchas de estas anomalías o más bien corruptelas con la hacienda pública. En realidad estamos ante la punta del iceberg, de lo que fueron desvíos millonarios, reparto de dinero público a manos llenas a amigos, moches y cobros del diezmo, convertido en 30 o 40 por ciento de los contratos asignados.

En efecto. Ya se sabía que la nómina del gobierno estatal fue hinchada hasta reventar, convirtiendo al gobierno en una agencia de colocaciones de mucha gente sin oficio ni beneficio. Un botón de muestra es la nómina en la dirección de comunicación social que dirigía Fernando Castro Novelo, la que con casi 80 personas y con un costo de casi un millón de pesos mensual, es sólo un botón de muestra de cómo gastaba el dinero público el ex gobernador Rolando Zapata Bello.

Entre los aviadores que siguen cobrando en dicha nómina de comunicación social, se cuentan los ex portavoces de la Secretaría de Educación, de Víctor Caballero Durán. Pero además, había varios personajes adscritos a redes sociales, a vigilar, a atacar a opositores, a sembrar infundios, a bloquear cuentas en redes sociales. Así se descubrió en Cultur, por ejemplo, donde además una parte sustanciosa del presupuesto se iba en pago a algunos medios de comunicación: 76 millones de 200 de presupuesto. El restante servía fundamentalmente para pagar nóminas.

Ahora se sabe que el ex secretario de educación, Delio Peniche Novelo, quien sucedió a Caballero Durán en el cargo, cerró la administración otorgando jugosos contratos al ex director de administración y finanzas de esa secretaría en los últimos meses de la pasada administración estatal.

Como señala Reporteros Hoy en un reportaje recién publicado en los últimos siete meses de la pasada administración, el secretario de educación autorizó pagos “especiales” a determinadas empresas que prestaban supuestamente diversos servicios a esa dependencia.

Se trata de una larga lista de los proveedores privilegiados que recibieron pagos millonarios; entre los cuales llama la atención el pago de 30 millones de pesos a un funcionario de nombre José Luis Suárez Carrillo, quien recibió cuatro cheques el 31 de mayo del 2018 por montos de diez, dos, ocho y diez millones de pesos.

Este funcionario se desempeñaba como director de administración y finanzas; es decir, se servía con la cuchara grande del mismo presupuesto que “administraba” por el bien de Yucatán, o de sus jefes y de su partido.

En una breve revisión a las listas de proveedores de la Secretaría de Educación, se encontraron unas 20 empresas y personas físicas “especiales” que recibieron pagos por más de 380 millones de pesos antes de que concluyera el sexenio.

Algunos de los proveedores “consentidos” fueron; Sport Depot, conocida como Pemol Sport, Jesen Pet Comercializadora de Tinta y Papel, First Producciones, Equipos Audiovisuales América, Comercializadora Peninsular de Productos DG, Brainaik del sureste y Autoservicio Yucatán, entre otros.

Por si fuera poco, en el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán había aviadores a mansalva, muchos contratados tras las elecciones del 2 de julio.

Como señala un reportaje publicado por el Diario de Yucatán, entre los 38 contratos recientemente rescindidos por el nuevo director Kirbey Herrera —el término legal que se utiliza en el proceso es el de “rescisiones justificadas de contrato conforme a la ley”— los despedidos no desempeñaban función alguna en la dependencia, lo cual los hacía innecesarios. Y claro, onerosos.

Ese medio señala que aunado a este caso también se investigan las presuntas irregularidades detectadas en el programa de Bienestar Escolar, donde algunos de los que participaron en las tareas de armado de los paquetes escolares, fueron obligados a firmar por determinadas cantidades de dinero y a la hora de su pago recibieron menos de la suma establecida.

En este programa participaban más de 200 personas, quienes deberían recibir en promedio 200 pesos diarios; sin embargo, muchos de ellos cuando cobraban obtenían hasta un 40 por ciento menos.

Los primeros reportes revelan que se falsificaron más de 500 firmas de personas que supuestamente laboraron en ese programa y que recibieron recursos por ese trabajo.

Entre las anomalías encontradas en las primeras semanas también se detectó que desaparecieron productos de utilería, como cajas de papel cuyo destino no se sabe hasta el momento.

Y todo esto no es más que la punta del iceberg. Aún falta mucho por conocer e investigar.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
[b]@infolliteras[/b]


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