de

del

Rafael Robles de Benito
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Jueves 27 de septiembre, 2018

Hasta hoy, estaba convencido de que no tendría nada más que decir acerca del asunto de la granja de cerdos de Homún y los residentes locales, pero la mañana del 25 de septiembre leí el artículo de opinión de Gloria Muñoz en este mismo diario, y me enteré de la clausura de los cenotes por la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa). Quienes me hayan leído antes sabrán que no estoy del todo de acuerdo con la idea de que, como dice Gloria, la famosa granja sea un “megaproyecto de muerte”, me parece una aseveración un tanto exagerada, por decir lo menos; ni que “contaminará inevitablemente la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes”, ya que, de cumplir cabalmente con las medidas preventivas apropiadas, robustas y suficientes, la producción de cerdos no tendría por qué contaminar el manto freático. Habría que ver si la granja de Homún cumple o no con esos supuestos, y desde luego que habría que suspender su construcción, o su operación, si no los cumple. Esto vale no solamente para Homún, ni para las granjas de cerdos, sino para cualquier proyecto sujeto a un procedimiento de impacto ambiental.

No se trata de una cuestión de opinión, de interés, o de percepción subjetiva, es lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, y su similar estatal. En un genuino estado de derecho, las manifestaciones, los mítines, las marchas y las clausuras simbólicas tendrían que resultar innecesarias. Pero sabemos que estamos todavía lejos de ser un verdadero estado de derecho. En tanto no me demuestren lo contrario, más allá de dimes y diretes, continúo convencido de que el Dr. Batllori hizo cabalmente su trabajo, que la empresa presentó un Manifiesto de Impacto Ambiental, que la Seduma la evaluó con honestidad y conocimiento de causa, y que se le impusieron medidas de compensación y mitigación a la empresa, cuyo cumplimiento, en caso de que llegue a operar, se debe monitorear continuamente.

Lo que me ha traído a volver al tema de Homún no es la granja de cerdos. Lo que me ha hecho volver a tocar el tema es la clausura de los cenotes que ha hecho la Profepa. Esta dependencia, a mi juicio, se ha caracterizado por criminalizar con frecuencia las acciones de los menos privilegiados, antes que enfrentar las causas de la problemática ambiental, y antes que enfrentar los intereses de los más privilegiados. Más allá de las causas y motivos con que la procuraduría justifica su actuación, es inevitable considerar que en realidad se trata de una medida que intenta intimidar. En tanto los habitantes de Homún insistan en oponerse a la operación de la granja de cerdos, la respuesta del gobierno federal será convertirlos en delincuentes ambientales, y tratarlos como tal. De otra manera, si es cierto que las actividades que realizan los residentes locales en los cenotes violan las disposiciones de las leyes ambientales y de aguas, ¿por qué no se procedió antes a sancionarlos?

No se ha logrado más que exacerbar los ánimos. Si es que existía alguna posibilidad de lograr que las partes negociaran, o cuando menos se entendieran, y exploraran la opción de satisfacer sus diversos intereses en paz y concordia, la actuación de la Profepa ha terminado con ella. Cuando intereses diversos se enfrentan en el paisaje, al considerar que los usos que pretenden hacer de los recursos resultan incompatibles entre sí, o contradictorios, el papel de las instituciones de gobierno debiera ser de amigable componedor, imparcial y apegado a derecho. Cuando una dependencia actúa como si tomara partido por algún actor social en particular, genera resentimiento, animadversión y rechazo. Eso lo entendió todo el país, y lo manifestó en julio pasado en las urnas. Espero que las cosas sean radicalmente distintas a partir de diciembre.

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